Archive for April, 2014

Lorenzo Zelaya

Lorenzo Zelaya

Por: Rita Santamaría
Fotografías Cortesía de la revista Vida Laboral

 

María Maclovia es la viuda de Lorenzo Zelaya, uno de los siete campesinos asesinados por los militares en la montaña Delicias del Jute, ubicada a unos 15 kilómetros de El Progreso, carretera hacia Tela. Y a 8 kilómetros hasta la comunidad fuerzas vivas, ahí hace 49 años, exactamente el 30 de abril de 1965, varios militares asesinaron a Lorenzo Zelaya, esposo de María Maclovia.
Junto a Lorenzo Zelaya estaban Hermelindo Villalobos, Rufino López Canales, Benito Díaz, Aquileo Izaguirre, Benedicto Cartagena y José María Izaguirre, eran hombres que necesitaban tierras para trabajar y mantener a sus familias.
María Maclovia describe a su esposo Lorenzo Zelaya como un hombre que amaba la tierra y que luchaba por ella, un ser humano solidario, responsable con su familia y muy comprometido con la organización.
“El día de la masacre yo estaba en el hospital acompañando a uno de mis hijos, ahí pasé varios días y me di cuenta de lo sucedido días después, esa masacre me impactó tanto que creció en mí bastante miedo de que me matarán con mis hijos. Recuerdo que un día estaba en un lugar y otro día en otro lugar, es decir que yo vivía en varios lugares y en todos sentía miedo. Me quedó el pesar de que ni siquiera pude velar el cuerpo de Lorenzo, y ese pesar me acompaña siempre y estará conmigo hasta el fin de mis días”, dijo Maclovia.
A cada lugar que iba, tenía que cambiarse el nombre, ella y sus hijos. Y así tenía que ser porque las botas militares la taloneaban para matarla. A ella y a sus hijos. Nunca pudo olvidar la última mirada y el último gesto de su esposo. Y más lo recordaba cuando le pesaba en el alma no haber visto su cadáver, ni siquiera velarlo y enterrarlo. “Ese dolor me acompañó el resto de mis días. Y lo tengo en mi corazón como si hubiera sido ayer”.

Doña Nanda y sus hijas aun lloran por la muerte de los campesinos

Doña Nanda y a dos de sus hijas les tocó vivir aquella mañana sangrienta, la cual recuerdan como si fue ayer. En sus mentes están intactos los momentos de la masacre, vieron como los militares iban matando a uno por uno.

La noche anterior se acostaron temprano en La casa de Aquileo. Veinticinco soldados al mando del teniente Carlos Aguilar, de El Progreso, ya andaban por el lugar desde un día antes. La esposa de Aquileo se levantó a las cuatro de la mañana, preparó café y desayuno. Al rato entraron Benito Díaz, Lorenzo Zelaya, Hermelindo Villalobos, Benedicto Cartagena y Rufino López que era sobrino de Aquileo. Ellos habían Llegado días antes al campamento que tenían como a un kilómetro de la casa. En ese momento venían de desenterrar unas armas que todavía amarradas, dejaron escondidas en unos matorrales cercanos.

La Señora les sirvió café. Ya estaban todos comiendo, cuando por la ventana vio cruzar una sombra que se quedó en un palo de naranjo que había ahí. – Dios mío!, dijo Nanda. – Que fue?, preguntó Aquileo – Un hombre que vi pasar ahí. – Cállense no hagan bulla, dijo Aquileo.
Pero ya tenían rodeada la casa e inmediatamente entraron los soldados. Arriba!, dijo la tropa. Y mire que en ese momento nadie pudo hacer nada, recuerda doña Nanda.

Ella recuerda que entre el grupo de soldados iba Aquilino lnestroza, un ex miembro del grupo expulsado en Mezapita que reconoció a sus ex compañeros. “Uno por uno los iban sacando a la fuerza de la manito como quien saca un niño, y pas, pas, al que iban sacando lo iban matando”, dijo doña Nanda.

Ángela recuerda que Aquileo fue el primero que mataron. Le quitaron los testículos y le cortaron la lengua. Con José María hicieron lo mismo. A Rufino casi lo trozaron de la cintura con la ametralladora y se fue de espalda. Ay, me mataron, gritó. Se quiso como sentar, pero quedó de rodillas. Antes de morir dijo “Denme agua”. – Denle agua, dijo un soldado. Y trajeron en una paila, pero a la vez le preguntaban de dónde venían, donde habían estado y cuántos eran los que estaban ahí.
-Mira papaíto, te vamos a llevar a curar, pero decinos donde están, le hablaban amablemente. “Como él no les dijo nada, un hombrecito así bajito, algo trabadito que le decían Olancho le hundió un puñal en la garganta y después se hincó y le chupó la sangre.”

A los demás los mataron igual, en el patio, torturándoles y haciéndoles cosas horribles. Después siguieron buscando gente”, relata doña Nanda.

Su hija Ángela cuenta que “Ya muertos ellos, nos sacaron de la casa y nos pusieron en fila. Yo estaba chineando mi hijo de 40 días. A mí me golpeaban porque querían que les dijera quien era el papá del niño. Que dónde estaba. Yo no sabía, porque ignoraba todo eso, él se había ido”.
– Ponelo ahí en el suelo!, me decían. – Como se pone a creer que voy a poner el niño ahí?, les respondía. -Y seguían golpeándome con un machete y con la mano, me dejaron hinchada. A mi hermana Alba también la golpearon, pero no se acuerda porque le agarraron los nervios, le preguntaban dónde estaba su hermano Victoriano. Él se había quedado escondido en el tabanco y después salió. A mi hermano no lo mataron porque ellos pensaron que él sabía dónde estaban las armas”, contó Ángela.

Doña Nanda, recuerda que ella les decía a los militares que la mataran, ella tenía un niño en los brazos y los otros que se agarraban de su vestido. – No los maten, dejen esos niños, dijo un soldado.

LOS MILITARES MATARON A UN SOLDADO
Las mujeres cuentan que los mismos soldados mataron a otro porque lo confundieron. Lo miraron que venía de reculada para atrás, ahí nomás le pagan el tiro. Cayó casi a mis pies, con los sesos de fuera y quedó con los ojos abiertos como viéndome, en el mero umbral de la puerta de la casa. Nosotros ya estábamos en fila y todos los demás estaban muertos”, recuerda Alba, la otra hija de doña Nanda.
– Ay, mira que matarnos al compañero, dijo un soldado. – Que barbaridad, lo matamos, se lamentó otro. Al soldado lo levantaron y Se lo llevaron.

La casa la saquearon, se llevaron la ropa y zapatos buenos, radios y una alcancía llena de monedas de veinte centavos que tenía la familia. A las niñas les quitaron los aritos y cadenas que andaban. En una cobija juntaron las cosas e hicieron una sola maleta. Después quemaron la casa que era de madera y manaca.

Aquileo tenía más de 20 cargas de maíz, café y frijoles. Había madera aserrada como para hacer dos casas. Adentro de la casa había perros y unas gallinas echadas. Se escuchaban los aullidos de los animales.
Los cuerpos de tres asesinados que quedaron a la orilla de la casa se quemaron porque les cayeron maderas encendidas; aunque no recuerdan bien creen que fueron los cuerpos de Lorenzo Zelaya. Benedicto y otro.

La señora se quedó hasta el mediodía esperando que llegaran a enterrarlos. Para ello subieron varios hombres de Guaymitas y otras comunidades que los citó el cantonal Fabián Andrade, por órdenes de los militares. Los asesinados fueron enterrados en el mismo lugar donde murieron.

TUMBAS DESCONOCIDAS
Donde fueron enterrados los mártires no existe ninguna seña, ni cruz. Fuimos al lugar con Chema Gómez y Víctor uno de los que participó en el entierro y que está casado precisamente con Verónica, una hija de doña Nanda.

Víctor nos mostró el lugar donde le dieron sepultura a Aquileo y a José María, que quedaron juntos. En otra fosa a unos ocho metros sepultaron a los otros cinco, donde en aquel tiempo era el patio de la casa y pasaba un caminito.

En años recientes por ahí se abrió una carretera que pasa sobre la tumba. Víctor estuvo presente cuando trabajaba la máquina y estaba pendiente. Al romper la tierra aparecieron algunos restos de calcetines, palos y unos huesos. Víctor los recogió y los enterró aparte. Luego se tuvo el cuidado para no seguir afectando la sepultura desconocida. Ahí están en esas tumbas anónimas los restos de siete hombres que luchaban por construir una patria diferente. Ellos fueron asesinados por el Estado de Honduras y aunque han pasado cuarenta y nueve años, seguimos escribiendo sobre esta masacre, porque no debe quedar en la impunidad y algún día se hará justicia.
Los campesinos eran considerados peligrosos
Fue durante el gobierno de Oswaldo López Arellano, que los militares empezaron la cacería humana de todas aquellas personas que fueron consideradas peligrosas al sistema por tener un pensamiento progresivo, los iban a sacar de sus casas y los perseguían, por ese motivo Lorenzo Zelaya y sus compañeros se refugiaron en la casa de Aquileo Izaguirre, quien tenía su hogar en la Montaña El Jute. Los llevó José María Gómez conocido como Don Chema.

Ya habían organizado el Frente de Acción Popular, estuvieron tres meses escondidos; pero por la traición de un hombre que quería aprovecharse de la revolución para ir a asaltar a Tela, los delató y fue así como más de 300 militares rodearon la humilde vivienda, los revolucionarios en ese momento estaban desarmados, los sacaron de la casa y los mataron, explicó Bartolo Fuentes de la Asociación Comunicación Comunitaria, Comun.

Según Fuentes los cuerpos de estos siete valientes hombres aún se encuentran enterrados en el lugar donde los mataron y desde hace diez años, varias organizaciones populares de El Progreso, institutos y otras personas participan en una caminata para recordar a los mártires de El Jute y seguir pidiendo justicia.

Han hecho gestiones para hacer la exhumación de los cuerpos, fueron a organismos de Derechos Humanos, levantaron los testimonios de los familiares y estaban esperando que llegaran los antropólogos forenses; pero con el golpe de Estado del 29 de Junio del 2009 se retrasaron todas las acciones. La idea es llevar los cadáveres para enterrarlos enfrente del cementerio de El Progreso y levantar un monumento.
Lorenzo Zelaya fue el fundador del Movimiento Campesino y uno de los actos de recuperación de las tierras fueron los terrenos donde actualmente se encuentra Hondupalma, fue el primer paso de la lucha.
Bartolo Fuentes asegura que no han desistido de la idea de darles un entierro digno a los Mártires caídos en la Montaña de El Jute, porque “Sangre de Mártires, Semilla de Libertad”, finalizó el resistente.

Fuente: Vida Laboral
Entrevista con doña María Maclovia, vida de Lorenzo Zelaya.

Honduras: persiste la impunidad en ataques a periodistas y defensores de DD.HH.

Escrito por Redacción en Lun, 04/28/2014

http://conexihon.info/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/honduras-persiste-la-impunidad-en-ataques-periodistas-y-defensores-de

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-  Dos expertos en derechos humanos de Naciones Unidas pidieron hoy al Gobierno de Honduras que ponga fin a la impunidad en los casos de violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos a través de investigaciones rápidas y exhaustivas.
“La impunidad sigue reinando en Honduras en los casos de amenazas, hostigamiento y violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos”, advirtió el Relator Especial de la ONU sobre la libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue, y la que se ocupa de la situación de los defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya.
Los expertos señalaron que la impunidad perpetúa estos crímenes y que en la gran mayoría de los casos, los responsables de estos actos no llegan a ser identificados. Los Relatores Especiales destacaron que la lucha contra la impunidad a través de procesos judiciales también contribuye a la reparación adecuada de las víctimas y sus familiares. 
“Ni las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni las reiteradas recomendaciones formuladas por los expertos de la ONU, han sido suficientes hasta ahora para que Honduras adopte medidas firmes para la protección de los periodistas y los defensores de derechos humanos”, según los expertos.
Los relatores sumaron sus voces a las condenas por el asesinato de Carlos Mejía Orellana, miembro del equipo de Radio Progreso en Honduras, y expresaron su solidaridad con sus familiares y colaboradores.
Asimismo, La Rue y Sekaggya reiteraron la recomendación hecha a Honduras sobre el establecimiento de un mecanismo de protección para periodistas, comunicadores sociales y defensores de derechos humanos./Fuente: ONU

Honduras promete muchas cosas a la CIDH pero a lo interno todo empeora

Tegucigalpa.

Honduras se comprometió en aprobar una ley de Protección para Defensores y Defensoras de derechos humanos y a investigar a fondo las muertes violentas de periodistas, promesas que contrastan con denuncias de que el mismo estado habría solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la suspensión de las medidas cautelares de protección para periodistas, abogados, defensores y defensoras de derechos humanos.

El Informe Anual 2013 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destaca que el estado de Honduras en comunicación del  19 de diciembre de 2013, informó que la Secretaría de Justicia y Derechos impulsa la aprobación de la Ley Especial de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.

La comunicación también establece que se incluye un Protocolo de implementación de medidas seguridad, cautelares y provisionales otorgadas por autoridades nacionales, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos respectivamente.

La ley de protección que no es un proyecto del estado de Honduras, sino una iniciativa de las organizaciones defensoras de derechos humanos entre ellas el Comité de familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), ante la situación de riesgo que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos abarca también a periodistas, comunicadores sociales, abogados y operadores de justicia.

Dicha ley fue sugerida también a través de la Resolución 13/13 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y anunciada en su visita a Honduras por parte de Margaret Sekaggya, Relatora Especial de la ONU sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos.

Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos que aguarda su discusión y aprobación en el Congreso Nacional contempla la creación de un Consejo Nacional de Protección, adscrito a la Secretaría de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos, que actuará como “un órgano directivo, deliberativo y consultivo para garantizar y hacer efectivos los derechos consignados en la Ley de Protección  y asesorar a la Presidencia de la República en lo concerniente a la protección de los grupos contemplados en la ley”, dentro de los cuales se encontrarían los y las periodistas, señala el Informe de la CIDH.

Cabe señalar que mientras el estado de Honduras prometió al organismo especializado de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), la aprobación del mecanismo de protección, por otro lado el gobierno de Juan Orlando Hernández habría solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que suspenda las medidas cautelares de protección, dejando a periodistas, abogados y defensores y defensoras de derechos humanos en total indefensión

El proyecto de Ley de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos establece que el Consejo estará integrado por representantes de las instituciones del Estado y de organizaciones de la sociedad civil, también determina que la Dirección General de Mecanismos de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia será el órgano responsable “de atender las denuncias de riesgo de las personas beneficiarias en la presente Ley, las instrucciones y las políticas que emita el Consejo Nacional de Protección”.

Para ello, el proyecto prevé que la Dirección General contará con tres unidades auxiliares: la Unidad de Recepción de Casos, Evaluación de Riesgos y Reacción Inmediata, la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis y la Unidad de Protección de Personas en Riesgo.

La iniciativa de ley presentada por la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos que estuvo a cargo de la Ana Pineda contiene diversas medidas preventivas y de protección que podrán ser adoptadas según el riesgo en el cual se encuentre la persona beneficiaria y determina que “en lo posible, las medidas de protección no restringirán las actividades habituales de las personas beneficiarias ni implicarán vigilancia o intrusiones no deseadas en sus vidas laborales o personales”.

El Estado informó que el proyecto fue presentado el 28 de agosto de 2013 al Congreso Nacional de la República para su análisis y aprobación.

También la CIDH expresó su satisfacción de acuerdo con un anteproyecto de Ley elaborado por la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de Honduras, que propone reformar el Código Penal para la despenalización parcial de los delitos de injuria, calumnia y difamación, en seguimiento a la recomendación formulada a los Estados de la región por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2012, relativa a las normas que sancionan penal o civilmente la expresión. La Comisión Interamericana invita al gobierno a avanzar con dicho proceso de reforma.

Distintas organizaciones de la sociedad civil habrían realizado importantes observaciones al anteproyecto en el marco de una audiencia sobre la  implementación de medidas cautelares en Honduras celebrada el 28 de octubre de 2013 durante el 149 Período de Sesiones de la CIDH, especialmente en cuanto se refiere a la participación de las organizaciones sociales en el mecanismo de protección, el diseño institucional del mismo y el tratamiento indiscriminado que da el proyecto de ley a las poblaciones objeto de protección.

En la comunicación recibida el 19 de diciembre de 2013 el Estado informó sobre la Aprobación del Plan Nacional de Protección de las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

El Estado informó que dicho plan se encontraría “en proceso de socialización” y que para su adecuada implementación se habría aprobado un “Plan de sensibilización para las autoridades nacionales concernidas en su implementación”.

Además se habría conformado un Directorio Nacional de organizaciones defensoras de los derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de la justicia, con la participación de 50 organizaciones no gubernamentales. Asimismo, según lo informado por el Estado, se habría integrado una Mesa de Trabajo para dar seguimiento a la implementación del Plan de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de la Justicia, compuesta por representantes de instituciones del Estado, de los sectores académicos, Colegios Profesionales y organizaciones de la sociedad civil.

Asimismo, el Estado informó que convocó a organizaciones de la sociedad civil para conformar la “Red Nacional de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de la Justicia, como un espacio de coordinación, colaboración y diálogo abierto entre dichas organizaciones, a fin de potenciar y fortalecer el trabajo de redes y alianzas locales, regionales y nacionales”

De igual forma, en la audiencia sobre implementación de medidas cautelares en Honduras celebrada el 28 de octubre de 2013 durante el 149 Período de Sesiones de la CIDH, el Estado aportó información sobre la creación de una “Unidad de Muertes de Alto Impacto”, adscrita a la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida. Según lo informado, la unidad habría sido establecida con la finalidad de conocer sobre el asesinato de personas pertenecientes a grupos afectados de manera especial por la violencia, como los y las periodistas, operadores de justicia y defensores de derechos humanos. Según lo informado, la unidad habría actuado en 26 investigaciones respecto al asesinato de periodistas en el período del 2009 al 2013, de los cuales 10 habrían sido judicializados1022.

El Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, Aprobada en el año 2000, establece que “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los Comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

En cumplimiento de sus deberes de protección y garantía los Estados deben realizar Investigaciones diligentes, imparciales y efectivas sobre los asesinatos, agresiones, amenazas y actos de intimidación cometidos contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación social. Lo anterior supone la existencia de cuerpos y protocolos especiales de investigación, así como la definición y el agotamiento de hipótesis criminales relacionadas con el ejercicio profesional de la persona agredida.

En su comunicación de 19 de diciembre de 2013, el Estado de Honduras afirmó que, tal y como lo indicó en las Observaciones al Informe Anual de 2011, “en el marco de violencia general que desgraciadamente se encuentra viviendo el país, se han producido asesinatos, atentados y amenazas a comunicadores sociales durante los últimos cinco años”. Tal como se señaló en esas observaciones, “el Estado de Honduras es consciente de su compromiso de garantizar la realización de investigaciones diligentes y exhaustiva sobre los hechos, respecto de lo cual, el Estado de Honduras participó en la Audiencia Pública ante la CIDH “Situación del Derecho a la Libertad de Expresión en Honduras”, celebrada en octubre de 2010 y en la “Audiencia sobre la Situación General de los Derechos Humanos” de marzo 2013”.

Se  indicó que “de las investigaciones preliminares se constata que los homicidios perpetrados son producto de la delincuencia común o crimen organizado y no se ha determinado como móvil de las muertes las opiniones vertidas por los comunicadores sociales respecto al gobierno. Muestra de esa colaboración es el avance en los procesos investigativos y la judicialización de los mismos”.

Weekend Edition April 25-27, 2014

Honduras: Gangsters’ Paradise

Nearly five years after the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) first called on the Honduran government to protect Carlos Mejía Orellana, the Radio Progreso marketing manager was found stabbed to death in his home on April 11. “The IACHR and its Office of the Special Rapporteur consider this a particularly serious crime given the precautionary measures granted,” the Commission stated, assuming Mejía really was being guarded. But since the 2009 coup, asking the Honduran state to defend journalists is as effective as entreating a spider to spare a web-ensnared fly.

The coup, which four School of the Americas (SOA) graduates oversaw, toppled elected president Manuel Zelaya, and was “a crime,” as even the military lawyer—another SOA alum—charged with giving the overthrow a veneer of legitimacy couldn’t deny. A pair of marred general elections followed. Journalist Michael Corcoran recognized widespread “state violence against dissidents” and “ballot irregularities” as hallmarks of the first, in November 2009, which Obama later hailed as the return of Honduran democracy. And there was little dispute that the subsequent contest, held last November, was equally flawed. The State Department, for example, admitted “inconsistencies” plagued the vote, the same charge Zelaya himself leveled and an echo of the SOA Watch delegation’s findings, which identified “numerous irregularities and problems during the elections and vote counting process[.]” But while grassroots and governmental observers described the election in similar terms, they drew dramatically different conclusions about its validity. Canadian activist Raul Burbano, for example, acknowledged that “corruption, fraud, violence, murder, and human rights violations” dominated the situation. For Secretary of State Kerry, “the election process was generally transparent, peaceful, and reflected the will of the Honduran people.”

Kerry, to be sure, was referring to the class of “worthy” Hondurans, whose will was indeed reflected in the contest. One might be “a policeman, a lumber magnate, an agro-industrialist, a congressman, a mayor, an owner of a national media outlet, a cattle rancher, a businessman, or a drug trafficker”—all belong to this sector, Radio Progreso director Rev. Ismael Moreno Coto, S.J., known as Padre Melo, points out, adding that these “worthy” Hondurans use the state as a tool to maintain, if not enhance, their power. The results for the rest of the population are what you’d expect. The government no longer pays many of its employees, for example; Peter J. Meyer’s Congressional Research Service report on “Honduran-U.S. Relations,” released last July, cites “misused government funds” and “weak tax collection” as two factors contributing to the current situation, a kind of wage slavery sans wages. Doctors, nurses and educators toil for free throughout the country, and the Center for Economic and Policy Research reported last fall that over 43% of Honduran workers labored full-time in 2012 without receiving the minimum wage. That same year, nearly half of the population was living in extreme poverty—the rate had dropped to 36% under Zelaya—and 13,000 inmates now crowd a prison system designed for 8,000. In San Pedro Sula, the second-largest city after Tegucigalpa, some 5,000 children try not to starve to death while living on the streets; this figure includes 3,000 girls, aged 12-17, who roam the roads as prostitutes.

Confronting this reality—asking fundamental questions, like whose interests dominant Honduran institutions serve—“means living with anxiety, insecurity, suspicion, distrust, demands, warnings, and threats. It also means having to come to grips with the idea of death,” Padre Melo emphasizes, explaining that a reporter in Honduras “only has to publish or disseminate some news that negatively affects the interests [of] a powerful person with money and influence…for the life of that news reporter to be endangered.” Melo was making these points in July 2012, well before Mejía’s recent murder, but when it was already obvious that open season had been declared on Honduran correspondents. It’s likely that “few observers could have foreseen the deluge of threats, attacks, and targeted killings that has swept through Honduras during the last five years,” PEN International noted in January, highlighting “the surge in violence directed against journalists following the ouster of President José Manuel Zelaya in June 2009.” A great deal “of the violence is produced by the state itself, perhaps most significantly by a corrupt police force,” and now over 32 Honduran journalists—the equivalent U.S. figure, as a percentage of the total population, would be well over 1,200—are dead.

These killings are part of a broader Honduran trend, namely what Reporters Without Borders calls “a murder rate comparable to that of a country at war—80 per 100,000 in a population of 7 million.” One crucial battlefield is the Bajo Aguán Valley, where at least 102 peasant farmers were killed between January 2010 and May 2013. The conflict there can be traced back to the ’90s, when a “paradigm promoted by the World Bank” spurred “a massive re-concentration of land in the Aguán into the hands of a few influential elites,” Tanya Kerssen writes in Grabbing Power, her excellent book. These land barons, particularly Dinant Corporation’s Miguel Facussé, thrived as “the Aguán cooperative sector was decimated,” some three-quarters of its land seized, Kerssen concludes. Campesinos, suddenly dispossessed, first sought legal recourse, which failed. They subsequently “protested and occupied disputed land,” Rights Action’s Annie Bird observes in an invaluable study (“Human Rights Violations Attributed to Military Forces in the Bajo Aguán Valley in Honduras,” February 2013), prompting government authorities to review the legitimacy of World Bank-promoted territorial transfer. But the June 2009 coup ended this appraisal, and since then Honduras’ 15th Battalion, Washington-aided “since at least 2008,” has “consistently been identified as initiating acts of violence against campesino movements,” with police forces and Dinant’s security guards getting in on the kills, Bird explains

After Brazil, Honduras is the most dangerous place on the planet for land-rights defenders, according to “Deadly Environment,” a new Global Witness investigation, which notes that “more and more ordinary people are finding themselves on the frontline of the battle to defend their environment from corporate or state abuse, and from unsustainable exploitation.” At least 908 worldwide died in this conflict from 2002-2013, and Washington’s “counterdrug” policies in the region have helped raise the stakes, Dr. Kendra McSweeney’s research suggests. “In Honduras, the level of large-scale deforestation per year more than quadrupled between 2007 and 2011, at the same time as cocaine movements in the country also showed a significant rise,” BBC correspondent Matt McGrath summarizes her findings. “Once you start fighting” the traffickers, McSweeney elaborates, “you scatter them into more remote locales and greater areas become impacted,” as smugglers clear forests to build airstrips and roads, and “worthy” Hondurans in, say, the palm oil and ranching sectors capitalize on booming drug profits.

“Today it’s the same” as it was in the 1980s, Honduran activist Bertha Oliva remarked a year ago, referring to the decade when “the presence of the U.S. in the country was extremely significant,” and “it was clear that political opponents were being eliminated.” Obama’s Honduras policy is Reagan’s redux, in other words. The thousands of child prostitutes and street children, the prisons teeming with inmates, the scores of slaughtered peasants and dozens of murdered journalists—all indicate the type of nation Washington helps build in a region where it’s free to operate unimpeded, revealing which “American values” really drive U.S. foreign policy.

Nick Alexandrov lives in Washington, DC.

 

La iglesia Hondureña ante el paquetazo

Ene 15, 2014

El Congreso, a propuesta del gobierno del presidente Porfirio Lobo y con la conformidad de don Juan Orlando, ha  aprobado dos normas que desgraciadamente perjudican al pueblo.

En primer lugar, el Parlamento hondureño aprobó a finales de 2013 la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión, orientada a garantizar la estabilidad económica y mejorar la recaudación de impuestos. Ello supone un paquete de medidas de subida de precios e impuestos destinadas a empobrecer al pueblo y enriquecer a las élites económicas.

Es evidente que esta Ley va a ocasionar las protestas de los sectores marginados. Para evitarlas, el Congreso acaba de aprobar la  elevación a rango constitucional de la Policía Militar de Orden Público, destinada a la represión contra los hondureños que manifiesten su indignación públicamente.

Entre otros impuestos y subida de precios del “paquetazo”, se encuentran los productos y servicios, del combustible, la energía eléctrica, los transportes, el cemento, vestidos y calzados, los alimentos, los productos de la canasta básica y la telefonía celular. Para disimular, el gobierno ha aprobado una suave subida del salario mínimo, pero ante la asombrosa subida de precios no frenará la disminución del nivel de vida de los trabajadores.

Asimismo, pretende la Ley que las empresas que ganan más de un millón de lempiras al año tendrán que aportar, además de sus impuestos normales, un 5% adicional de sus ganancias. Claro, todos sabemos que en Honduras pocas empresas cumplirán estos requisitos.

Estas medidas económicas anti-pueblo que causan pobreza, son contrarias a los deseos del papa Francisco en su mensaje de la Jornada Mundial por la Paz 2014, pues considera que los gobiernos deben  hacer “políticas que atenúen la excesiva desigualdad de renta”.

Al parecer, no opina así el Cardenal Arzobispo de Tegucigalpa, Oscar Andrés Rodríguez Madariaga, pues según el Diario La Tribuna del 4 de enero, dijo: “que tristemente era necesario que el Parlamento de Honduras aprobara, a pedido del Gobierno, un paquete de medidas fiscales para evitar que el país centroamericano entrara en una mayor crisis económica”.

El prelado recordó que en 1990, la Administración del entonces presidente Rafael Leonardo Callejas, se hicieron los primeros ajustes estructurales de la economía, según recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Después de 23 años estamos igual. Nuestro país vive de ayudas del exterior y si no se toman esas medidas, podría pasar lo mismo que sucedió hace poco en Europa, la cual se estaba descomponiendo y tuvieron que poner esas medidas”, enfatizó.

Es evidente que en estos últimos cuatro años, la corrupción y el descuido del gobierno de Porfirio Lobo han dejado las arcas del Estado vacías. Pero contrariamente a lo que afirma el Sr. Cardenal, no son con medidas empobrecedoras de los sectores populares como se puede arreglar la situación, sino al contrario: evitando la evasión fiscal de los poderes económicos, implementando una política coherente de inversiones y suprimiendo las exenciones de impuestos a las grandes empresas y multinacionales que están saqueando los bienes naturales del país.

No con reducción de los gastos sociales se mejorará la economía, pues son bastantes economistas independientes -entre los que se incluyen varios premios nóveles-, los que afirman que esas medidas conducirán a una mayor recesión económica e inflación monetaria. Si los poderes económicos nacionales y multinacionales pagaran los impuestos que les corresponden, se podría hacer frente a las deudas tanto externa como interna de Honduras y comenzaría el desarrollo de Honduras.

Asimismo, si en vez de ceder la soberanía del país a las multinacionales mediante la política de “concesiones” y el proyecto de “ciudades modelo” a cambio de donativos ocultos, se intentara acabar con la corrupción y con el lavado de activos del narcotráfico, se iría mejorando la economía.

Las grandes empresas y las multinacionales generan poco empleo, pues la mayor parte de los puestos de trabajo corresponden a la mediana y pequeña empresa, así como a los trabajadores autónomos. Sin embargo, las sucesivas administraciones neoliberales del Estado de Honduras, tradicionalmente se han centrado en beneficiar a las élites económicas, perjudicando a los sectores populares.

Medidas parecidas impuso el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la década perdida de los ochenta del siglo pasado, que impidieron el desarrollo económico de los pueblos Latinoamericanos. Asimismo, la crisis económico-financiera de los Estados de la Unión Europea desde el 2008, con unas disposiciones similares está acabando con el “Estado del Bienestar” aunque aumenten el capital de los ricos y de los poderes financieros.

No estaría mal que el gobierno de Juan Orlando, implementara unas normas económicas que estuvieran conformes con el papa Francisco en el “Evangelio de la Alegría”, que afirma: para un desarrollo integral, es necesario “renunciar a la autonomía absoluta de los mercados, a la especulación financiera y a la corrupción”. Para Francisco, “la dignidad de la persona y el bien común han de estructurar la política económica, con una equitativa distribución de bienes y una creación de fuentes de trabajo”.

Más adelante, Francisco afirma: “no se puede confiar en las fuerzas ciegas, ni en la mano invisible del mercado. Se exige buena distribución del ingreso y no sólo crecimiento, superando el asistencialismo y creando empleo”.

Pedro Serrano
Sacerdote Diocesano

Human rights lawyer assassinated in Honduras

A worker at a Jesuit-run radio and social action centre in Honduras has been stabbed and killed in what is believed to have been a politically-motivated attack.  CAFOD partner Carlos Mejia Orellana (pictured), a 35-year-old lawyer who worked for ERIC-RP was stabbed four times in the chest at his home in El Progreso. The Catholic aid agency vowed yesterday that the struggle for justice that he helped to lead will go on.

Carlos and other colleagues at ERIC-RP had received repeated death threats in response to the organisation’s advocacy and communications work, through which they challenge injustice and corruption in the government, police and judicial system. The threats against Carlos were so serious that, for the last five years, the Inter-American Court of Human Rights has called on the Honduran government to provide him with special protection measures. Sadly, no such protection was provided.

CAFOD currently supports the work of ERIC-RP in the Atlantic coastal region of Honduras where programmes cover human rights, water, livelihoods and disaster risk reduction. The social action centre is one of the organisations that protested against the recent appointment of Roberto Herrera Caceres as the new Human Rights Ombudsman, asserting his links to the 2009 presidential coup and mining interest groups and his insufficient experience in human rights law.

At a press conference, ERIC-RP’s director, Fr Ismael Moreno SJ, rejected rumours implying that Carlos’ death was linked to relationship difficulties and insisted that the police carry out a thorough investigation.

CAFOD’s Head of Region for Latin America and the Caribbean, Clare Dixon, said: “ERIC-RP has been one of our partners for more than 20 years, and the loss of Carlos at such a young age is deeply felt by us all. As with so many brave men and women in Latin America who have been cruelly robbed of lives spent fighting for justice, his struggle will go on, with the support of the Catholic community in England and Wales.”

According to UN statistics, Honduras has the world’s highest murder rate. Last year, an average of 20 people were murdered every day in Honduras, a country of just eight million inhabitants. El Progreso is close to San Pedro Sula, where the homicide rate is 173 per 100,000 people, reportedly the highest in the world outside a war zone.

CAFOD partner assassinated in Honduras

We are sad to report that last Friday, CAFOD partner Carlos Mejia Orellana was assassinated at his home in El Progreso, Honduras, but – with your support – the struggle for justice that he helped to lead will go on.  

Carlos had been stabbed four times in the chest. His death is believed to be politically motivated.

He was a 35-year-old lawyer who worked at ERIC-RP, the Jesuit-run radio and social action centre. We are currently supporting its work in the Atlantic coastal region of Honduras in programmes covering human rights, water, livelihoods and disaster risk reduction.

Carlos and other colleagues at ERIC-RP had received repeated death threats in response to the organisation’s advocacy and communications work, through which they challenge injustice and corruption in the government, police and judicial system.

So serious were the threats against Carlos that, for the last five years, the Inter-American Court of Human Rights has called on the Honduran government to provide him with special protection measures. Sadly, no such protection was provided.

ERIC-RP is one of the human rights organisations that protested against the recent appointment of Roberto Herrera Caceres as the new Human Rights Ombudsman, asserting his links to the 2009 presidential coup and mining interest groups and his insufficient experience in human rights law.

At a press conference, ERIC-RP’s director, Fr Ismael Moreno SJ, rejected rumours implying that Carlos’ death was linked to relationship difficulties and insisted that the police carry out a thorough investigation.

Clare Dixon, CAFOD’s Head of Region for Latin America and the Caribbean, said: “ERIC-RP has been one of our partners for more than 20 years, and the loss of Carlos at such a young age is deeply felt by us all. As with so many brave men and women in Latin America who have been cruelly robbed of lives spent fighting for justice, his struggle will go on, with the support of the Catholic community in England and Wales.”

According to UN statistics, Honduras has the world’s highest murder rate. Last year, an average of 20 people were murdered every day in Honduras, a country of just eight million inhabitants. El Progreso is close to San Pedro Sula, where the homicide rate is 173 per 100,000 people, reportedly the highest in the world outside a war zone.

Dina Meza: a journalist living dangerously in Honduras

Death threats fail to deter Dina Meza and other Honduran investigative reporters from exposing abuses in the world’s most perilous land.

http://www.thestar.com/news/world/2014/03/25/dina_meza_a_journalist_living_dangerously_in_honduras.html

Honduran journalist Dina Meza says criminals in her country "have a free hand." A recent Canadian report, entitled Journalism in the Shadow of Impunity, examines attacks against the press in Honduras.

Honduran journalist Dina Meza says criminals in her country “have a free hand.” A recent Canadian report, entitled Journalism in the Shadow of Impunity, examines attacks against the press in Honduras.

To hear Dina Meza tell it, not a single honest state institution survives in her native land, the Central American republic of Honduras.

“You must be dreaming,” she says over the phone. “We have to clean everything up. We have to start from zero because everything is corrupt.”

It is not just state agencies that have been compromised, either. Privately run organizations ranging from security firms to mining companies to associations of landowners have also been infected by a viral epidemic of impunity and lawlessness that goes back at least five years, to a coup in 2009, and probably a good deal further.

The resulting chaos represents a lethal peril for all of Honduras’s 8 million citizens, but it poses special hazards for Honduran journalists.

Dina Meza is a Honduran journalist.

“Journalists who carry out investigations receive threats from all sides,” she says.

The 51-year-old mother of three should know. She has received more than her share of death threats — typically promising plenty of sexual violence first — and she is in Washington, D.C., this week to present her assessment of the dire outlook for journalists in Honduras before a session of the Inter-American Commission on Human Rights.

Meza’s appearance in Washington follows the recent publication of a Canadian report on attacks against the press in Honduras.

Entitled Journalism in the Shadow of Impunity, the report is a joint venture of the International Human Rights Program at the University of Toronto’s faculty of law and PEN Canada, this country’s branch of the international free speech advocate.

“Sadly, the situation of Honduras is not known internationally,” says Meza.

It is a particularly disturbing situation, nonetheless, and not only for journalists.

The documented Honduran murder rate in 2012 was 85.5 homicides for every 100,000 population, making Honduras the most dangerous country on Earth. The corresponding figure for Canada is 1.6.

In 2013, the Honduran homicide rate dropped somewhat, to 79, but the incidence of so-called “atrocious crimes” — including mutilations and decapitations — went up.

As for Honduran journalists, at least 32 have been murdered since the coup in June 2009 that ousted then-President Jose Manuel Zelaya.

In Honduras, people kill journalists — along with other victims — primarily because they can.

“The problem is they don’t investigate anybody and don’t punish anybody,” says Meza. “Criminals have a free hand.”

This immoral climate is known to human rights activists as the shadow of impunity, and in Honduras it is both pervasive and also fairly recent.

“In 2009, PEN International did a ‘Freedom to Write in the Americas’ campaign,” says Brendan de Caires of PEN Canada. That program focused on repression in Cuba, Mexico and Venezuela. “At that time, Honduras wasn’t even on the list. There were no journalists dead or in prison. It didn’t come up on the radar.”

That just goes to show how much trouble a coup can stir up, combined with the steady encroachment of drug cartels from other states, mainly Mexico and Colombia.

The U.S. State Department estimates that approximately 80 per cent of the cocaine crossing into U.S. territory now flows first through Central America, and Honduras provides a conduit for much of that traffic.

“Honduras is infiltrated by narcotics traffickers in all areas of the state,” says Meza.

Meanwhile, Honduran authorities devote minimal resources to investigating human rights complaints. In 2012, the country’s special prosecutor for human rights was responsible for acting on roughly 7,000 cases, while employing just 16 prosecutors and nine investigators.

What’s worse, says Meza, is that few Hondurans trust the government’s human rights office. There have been too many instances of people offering testimony to government human-rights defenders, only to wind up dead several days later.

“The people are afraid to go to the special prosecutor because it’s been infiltrated,” says Meza.

Meza, whose investigative work appears primarily in digital media, says she is determined to shed whatever light she can on her country’s many dark regions because she owes it to her children, including a daughter, 23, and two sons, aged 20 and 14.

“I have committed myself to handing them a better country,” she says. “The threats I face are not as powerful as the pain of doing nothing for my country.”

ALER condena asesinato de periodista de Radio Progreso

http://alcnoticias.net/interior.php?codigo=25743&lang=687

La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, condenó de manera enérgica el crimen cometido en contra del responsable de publicidad y mercadeo de Radio Progreso (Honduras), Carlos Mejía Orellana, asesinado el viernes 11 de abril de 2014. Los asesinos sorprendieron al radialista en su casa, ubicada en la ciudad El Progreso (norte) en Honduras y le propinaron varias puñaladas en su torax que le quuitaron la vida.

Quito, miércoles, 16 de abril de 2014

Carlos Mejía Orellana

Radio Progreso es uno de los numerosos medios de comunicación que se opusieron al golpe de Estado del año 2009. Desde entonces, varios integrantes de la emisora recibieron amenazas de muerte. El director de la radio, el sacerdote jesuita Ismael Moreno. Dio a conocer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había pedido al gobierno de Honduras que otorgara medidas cautelares a favor de Carlos Mejía Orellana en 2009, 2010 y 2011.

Según el sacerdote, las autoridades tienen responsabilidad por haber ignorado las solicitudes de medidas de protección frente a las amenazas que sufría Carlos Mejía Orellana y se conocía que su vida estaba en peligro.
“Este asesinato es un golpe directo, no solamente a la vida de nuestro compañero y de su familia, sino también al trabajo que realizamos como Radio Progreso y como Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación (ERIC)”, enfatizó el P. Ismael Moreno.

Dulce García, presidenta de ALER, expresó su condena y repudio a este vil asesinato y manifestó la solidaridad con la familia de Carlos Mejía Orellana y con todo el personal de Radio Progreso. Así mismo exigió a las autoridades correspondientes que esclarezcan este homicidio, para que se sancione a los autores intelectuales y materiales.

“Las emisoras educativas, comunitarias y populares de América Latina, nos unimos a las voces de radio Progreso y de otras muchas personas e instituciones de Honduras que exigen justicia y canción para los culpables”, expresó la educadora y comunicadora venezolana Dulce García.

“Como ALER, deseamos que en estos momentos de dolor y desesperación, renazca también la esperanza, en la organización, en la unidad y en la lucha de nuestros pueblos por una mayor justicia y una democracia asentada en el respeto a la vida y a los derechos humanos de todas y de todos”.

La Presidenta de la Asociación Católica Latinoamericana de Comunicación, Signis ALC, Mónica Villanueva, expresó también su indignación por la situación de inseguridad y violencia en contra de los comunicadores hondureños, y en particular por este crimen que pone de luto a la comunicación popular y educativa de América Latina.

De igual manera, manifestó su solidaridad a los familiares de Carlos Mejía, a las compañeras y compañeros de Radio Progreso y a la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER e hizo votos para que las autoridades emprendan las investigaciones pertinentes para determinar a los responsables de este asesinato y se les aplique lo que la justicia determine.

Fuente: ALER

Carta denunciando asesinato de trabajador en Radio Progreso, en Honduras

Jueves 17 de abril, 2014

El Instituto de Investigaciones y Políticas Centroamericanas (CARPI por sus siglas en inglés) en la Universidad Estatal de California, Northridge, y los profesores afiliados, intelectuales, líderes comunitarios, y colaboradores cuyas firmas aparecen listadas abajo, condenamos el asesinato del Sr. Carlos Hilario Mejía Orellana, director de mercadeo y ventas de Radio Progreso, y miembro del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús en Honduras. El Sr. Mejía Orellana tenía 35 años cuando fue acuchillado en el tórax en la noche del viernes 11 de abril de 2014 en su casa de habitación en El Progreso, Yoro, Honduras.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en San José, Costa Rica había identificado al Sr. Mejía Orellana como un posible blanco debido a las amenazas que tanto él como el equipo de Radio Progreso habían recibido. Como resultado, la CIDH había demandado medidas cautelares de parte del Estado hondureño para la protección de la integridad y la vida del Sr. Mejía Orellana desde 2009. Si el honorable gobierno de Honduras hubiese tomado las acciones apropiadas para proteger la vida y la integridad del Sr. Mejía Orellana, él todavía estaría entre nosotros el día de hoy. Desafortunadamente, su vida fue truncada.

Por consiguiente, apoyamos las demandas de Radio Progreso por que se lleve a cabo una pronta, efectiva y eficiente investigación que clarifique el asesinato del Sr. Carlos Hilario Mejía Orellana. Encontrar a los autores intelectuales y materiales de este crimen no solamente fortalecerá al sistema judicial de Honduras, sino que además dignificará la vida y el legado del Sr. Mejía Orellana, y enviará un fuerte mensaje a los enemigos de la vida en Honduras.

Estamos preocupados por la vida y la seguridad de todos los trabajadores de Radio Progreso porque la mayoría de ellos han sido víctimas de amenazas y han sido nombrados como beneficiarios de medidas cautelares por parte de la CIDH. Desde el golpe de estado el 28 de junio de 2009, Honduras ha experimentado crecientes niveles de violencia. De acuerdo con las Naciones Unidas, en la actualidad, sus tasas de homicidios están entre las más altas en el mundo. Periodistas, activistas por los derechos humanos, grupos indígenas y descendientes africanos, maestros, abogados, artistas y miembros de las comunidades LGBTQ han sido blancos de persecución y asesinatos debido a su activismo civil. En el siglo 21, la libertad de información, los derechos humanos, y la participación cívica son imperativos para una democracia saludable en Honduras y en el resto del mundo.

En consecuencia, exhortamos al honorable gobierno de Honduras a actuar con prontitud, a aplicar la justicia y a proteger la vida de todos los trabajadores de Radio Progreso.

1. Freya Rojo, Director, Central American Research and Policy Institute (CARPI), California State University, Northridge

2. Douglas Carranza Mena, Director and Professor, Central American Studies Program, California State University, Northridge, and member, Board of Directors, Central American Resource Center (CARECEN), Los Angeles

3. Beatriz Cortez, Professor, Central American Studies, California State University, Northridge, and member, Board of Directors, Central American Resource Center (CARECEN), Los Angeles

4. David Pedersen, Associate Professor, Department of Anthropology, University of California, San Diego

5. Uriel Quesada, Director, Center for Latin American and Caribbean Studies, Loyola University, New Orleans

6. Jeffrey Browitt, Professor, University of Technology, Sydney, Australia

7. Evelyn Galindo-Doucette, University of Wisconsin, Madison

8. José Aníbal Meza, S.J., Externado de San José, San Salvador

9. Timothy Wadkins, Canisius College, Buffalo, New York

10. Axel Montepeque, California State University, Northridge

11. Kency Cornejo, Duke University

12. Brinton Lykes, Associate Director, Center for Human Rights and International Justice, Boston College

13. David Hollenbach, S.J., Director, Center for Human Rights and International Justice, Boston College

14. Richard L. Wood, University of New Mexico

15. Celia Simonds, California State University, Northridge

16. Van Gosse, Department of History, Franklin & Marshall College

17. Nelson Portillo, State University of New York (SUNY), Brockport, New York

18. Yansi Y. Pérez, Carleton College, Minnesota

19. Martín Álvarez Alberto, Instituto Mora, Ciudad de México

20. Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)

21. Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica

22. Kevin A. Ferreira, Boston College

23. Fernando Soto Tock, Colectivo No’j, Quetzaltenango, Guatemala

24. Adrienne Pine, Department of Anthropology, American University

25. Beth Baker-Cristales, Professor, Department of Anthropology, California State Univeristy, Los Angeles

26. Gloria Melara, California State University, Northridge

27. Leisy J. Abrego, Assistant Professor, Chicana and Chicano Studies, University of California, Los Angeles

28. Carlos Castellanos, México

29. Leonardo Lorca, Nuestra Voz, KRFK 90.7fm, Los Ángeles

30. Ruben Tapia, Enfoque Latino, KPFK 90.7fm, Los Ángeles

31. Felix Aguilar, MD, Physicians for Social Responsibility

32. Benedicte Bull, Centre for Development and the Environment (SUM), University of Oslo

33. Cecilia Gosso, Università degli Studi di Torino, Italia

34. Hannes Warnecke, Institut für Politikwissenschaft, Universität Leipzig, Germany

35. Ralph Sprenkels, Utrecht University

36. Jenny Pearce, Professor of Latin American Politics and Director, International Centre for Participation Studies (ICPS), Peace Studies, University of Bradford, UK

37. Mark Anner, Center for Global Workers’ Rights, Penn State University

38. Carlos Morfín Otero, S.J., México

39. Susan Fitzpatrick-Behrens, California State University, Northridge

40. Alexandra Ortiz Wallner, Instituto de Estudios Latinoamericanos, Universidad Libre de Berlín, Alemania

41. José Miguel Cruz, Florida International University

42. Rosemary Robleto Flores, colaboradora laica de la Compañía de Jesús, Chiriquí, Panamá

43. Miranda Cady Hallett, Otterbein University, Ohio

44. Juan José Ramírez Valladares, Universidad Internacional para el Desarrollo Sostenible, UNIDES, Managua, Nicaragua

45. Héctor Lindo, Fordham University

46. Heider Tun, University of Minnesota

47. Kalina Brabeck, Associate Professor & Chair, Department of Counseling, Educational Leadership & School Psychology, Rhode Island College

48. David Gandolfo, Furman University

49. Elizabeth Alvarez, Northwood Neighbourhood Services, Toronto, Ontario, Canada

50. Molly Todd, Montana State University

51. Robin Maria DeLugan, University of California, Merced

52. Ellen Moodie, University of Illinois at Urbana-Champaign

53. Jorge E. Cuéllar, Yale University

54. William Stanley, University of New Mexico

55. Ricardo Roque Baldovinos, Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, San Salvador

56. Elana Zilberg, University of California, San Diego

57. Dana Frank, Professor of History, University of California, Santa Cruz

58. Elizabeth Pérez Márquez, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) sede Occidente, Guadajalara, México

59. Carlos Vaquerano, Executive Director, Salvadoran American Leadership and Education Fund (SALEF), Los Angeles

60. José Artiga, Director Ejecutivo, SHARE Foundation

61. Manuela Camus Bergareche, Profesora investigadora en el Centro de Estudios de Género, Universidad de Guadalajara

62. Santiago Bastos, CIESAS Occidente, México

63. Thomas Ward, Department of Anthropology, University of Southern California, Los Angeles

64. Kimberly Gauderman, Associate Professor, History, University of New Mexico

65. Werner Mackenbach, Cátedra Wilhelm y Alexander von Humboldt en Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica

66. Ana Patricia Rodríguez, University of Maryland, College Park

67. Mary Addis, Associate Professor of Spanish, and Chair, Program in Comparative Literature, The College of Wooster

68. Valeria Grinberg Pla, Associate Professor of Latin American Literature and Cultural Studies, Department of Romance and Classical Studies, Bowling Green State University

69. Cynthia McClintock, George Washington University

70. Elisabeth Jean Wood, Yale University

71. Ricardo Moreno, Asociación Simón Bolívar, Los Ángeles

72. Erik Ching, Professor, History Department, Furman University

73. José Luis Benavides, Journalism Department, California State University, Northridge

74. Yajaira M. Padilla, The University of Arkansas, Fayetteville

75. Cecilia Menjívar, Arizona State University

76. Mónica Toussaint, Instituto Mora, México

77. Jeffrey L. Gould, Rudy Professor of History, Indiana University

78. Richard J. File-Muriel, Department of Spanish and Portuguese, University of New Mexico

79. Rose Spalding, DePaul University

80. Karina Zelaya, Writing Coordinator, Central American Studies Program, California State University, Northridge

81. Leonel Delgado Aburto, Profesor Asistente, Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos, Universidad de Chile

82. John McDargh, Associate Professor, Department of Theology, Boston College

83. Jenny Donaire, California State University, Northridge

84. Nancy Pérez, Arizona State University

85. Jeannette Aguilar, Instituto Universitario de Opinión Pública, Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, El Salvador

86. René Olate, The Ohio State University

87. Leigh Binford, College of Staten Island and Graduate Center, City University of New York

88. Ana Patricia Fumero Vargas, Profesora e investigadora, Cátedra de Historia de la Cultura, Escuela de Estudios Generales, Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericana (CIICLA), Universidad de Costa Rica

89. Paul Mitchell, School of Theology and Ministry, Boston College

90. Odilia Dolores Marroquín Cornejo, Ministerio de Hacienda, El Salvador

91. Susan Whittaker Mullins, Mediator, Facilitator, Conflict Coach, Los Angeles

92. Fernando de Necochea, member, Board of Directors, Central American Resource Center (CARECEN), Los Angeles

93. Linda J. Craft, North Park University, Chicago, Illinois

94. Miguel Ángel Herrera C., Universidad de Costa Rica

95. Martha Arévalo, Executive Director, Central American Resource Center (CARECEN), Los Angeles

96. Angela Sanbrano, president, Board of Directors, Central American Resource Center (CARECEN), Los Angeles

97. Periodistas de a pie, México

98. Kristina Pirker, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

99. Jody Williams, Nobel Prize Laureate, Chair, Nobel Women’s Initiative

100. Henrik Rønsbo, Director of Operations, Prevention of Urban Violence, Danish Institute Against Torture, DIGNITY, Denmark

101. Eileen Truax, periodista freelance, directora de medios en español de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, Los Ángeles (NAHJ-LA)

102. Diego Sedano, documentalista, Malaespina Producciones

103. Alejandro Maciel, Editor, Hoy Los Ángeles, Los Ángeles, California

104. Carmen Elena Villacorta, Candidata a Doctora en Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

105. Eileen McDargh, CEO, The Resiliency Group, California

106. Gabriel Lerner, HispanicLA, Los Angeles

107. Cultural Survival

108. Ava Berinstein

109. Geoff Thale, Washington Office on Latin America (WOLA)

110. Hugo Lucero, Consultor de “Cultural Competency” en el Área de la Bahía, California

111. Raúl E. Godínez, Law Office of Raúl E. Godínez

112. Víctor Narro, UCLA Labor Center, and member, Board of Directors, Central American Resource Center (CARECEN), Los Angeles

113. Jonathan B. Martínez, California State University, Northridge

114. Linton Joaquin, member, Board of Directors, Central American Resource Center (CARECEN), Los Angeles

115. Jon Horne Carter, Department of Anthropology, Criminology, and Sociology, Le Moyne College, Syracuse, New York

116. Brandt Peterson, Assistant Professor, Department of Anthropology, Michigan State University

117. Omar Corletto, Confederación Centroamericana “COFECA,” and member, Board of Directors, Central American Resource Center (CARECEN), Los Angeles

118. Agustín Durán, editor de noticias locales, Hoy, Los Ángeles

119. Marjorie Bray, Latin American Studies, California State University, Los Angeles

120. Donald Bray, Political Sciences, California State University, Los Angeles

121. Diane M. Nelson, Duke University, Durham, North Carolina

122. Linda Álvarez, Central American Studies Program, California State University, Northridge

123. Daniel Sharp, Legal Director, Central American Resource Center (CARECEN), Los Angeles

124. Jorge Rivera, member, Board of Directors, Central American Resource Center (CARECEN), Los Angeles