Remilitarización en Honduras denunciada ante CIDH

Posted: April 1, 2014 in struggle for justice in Hondras
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Remilitarización en Honduras denunciada ante CIDH

Mar 28, 2014

En el marco del  150º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el ERIC-Radio Progreso, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, el Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura, la Asociación de Jueces por la Democracia y el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras, participaron en una audiencia temática sobre la situación del Estado democrático de derecho.

Entre otros, las organizaciones hicieron énfasis en temas como la militarización de la sociedad; la falta de independencia y del debido proceso en el marco de una supuesta depuración judicial iniciada por el Consejo de la Judicatura; la cuestionada elección de las altas autoridades del Ministerio Público; la importancia de la elección del nuevo Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; y la adopción de leyes que convierten la información pública relevante en secreto de Estado.

En relación con la militarización del país, las organizaciones denunciaron cómo el anterior y el actual gobierno adoptaron una serie de medidas para legalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad pública. De esta manera:

1.    El 3 de diciembre de 2011 se aprobó un decreto de interpretación del artículo 274 constitucional para facultar a las Fuerzas Armadas a realizar funciones específicas de la policía cuando sea declarado un estado de emergencia en materia de seguridad. Dos días después, se declaró el primer estado de emergencia que fue prorrogado en tres ocasiones.

2.    En abril de 2013 se creó la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia que ha asumido muchas funciones de los aparatos policiales en crisis pero sin que exista un verdadero control sobre sus actividades. En pocas palabras, esta es una estructura que escucha, ve, interviene, da seguimiento y utiliza información de cualquier ciudadano sin que existan verdaderos y efectivos controles judiciales; es una institución que peligrosamente puede convertirse en un autoritario “Gran Hermano”, un ojo estatal que vigila y conoce cada movimiento de la ciudadanía.

3.    El 27 de junio de 2013 entró en vigencia el decreto 103-2013 que crea la policía TIGRES consistente en un grupo de élite que enmarca sus acciones en operaciones especiales contra el crimen organizado y el terrorismo. Es una policía supuestamente civil pero con un importante sesgo militarista.

4.    El 22 de agosto de 2013 se creó la Policía Militar de Orden Público que forma parte de las Fuerzas Armadas y es una fuerza de choque facultada para entrar en zonas conflictivas de las principales ciudades del país. El 6 de enero de 2014 se formó la Constitución en sus artículos 274 y 329 para blindarla y otorgarle rango constitucional.

5.    En enero de 2014 se aprobó la Ley de Secretos Oficiales que (a) conlleva sanciones por divulgar información clasificada sobre seguridad y defensa; (b) limita las funciones del Instituto de Acceso a la Información Pública; (c) otorga facultades discrecionales a cualquier ministro para declarar información en secretividad por 20 años prorrogables; y (d) clasifica la información en reservada, confidencial, secreta y ultra secreta.

Con esta audiencia ante la CIDH, se exigió que el Estado de Honduras tenga en cuenta que la formulación y aplicación de una política pública de seguridad debe desarrollarse respetando sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, que exigen que la misma sitúe a los derechos humanos como límite infranqueable para las intervenciones estatales, se sostenga en consensos políticos y amplios acuerdos sociales, lo cual es fundamental para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática; además, que se ocupe de las diferentes dimensiones de los problemas que originan la criminalidad y la violencia, lo cual requiere que sus intervenciones conduzcan a su abordaje integral, y asegure estándares especiales de protección que requieren personas o grupos vulnerables frente a la violencia y el delito.

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