Archive for the ‘church in Honduras’ Category

Turkson

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A 39 años prevalece impunidad en masacre de Los Horcones

http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1128-a-39-a%C3%B1os-prevalece-impunidad-en-masacre-de-los-horcones

Fue una noche del 25 de junio de 1975, cuando producto de la lucha campesina, 14 personas fueron asesinadas en la hacienda Los Horcones, Olancho, hecho que hasta le fecha continúa en la impunidad como la mayoría de sucesos en nuestro país.

Esa noche hace 39 años, el terrateniente Manuel Zelaya, padre del expresidente del mismo nombre, autorizó al Sub teniente Benjamín Plata para que se instalara en la hacienda Los Horcones con un grupo de militares. El Mayor Enrique Chinchilla, fue contratado para eliminar a los dirigentes campesinos organizados, que realizaban una movilización desde Santa Clara a Tegucigalpa para demandar el acceso a la tierra.

Esta es una de las matanzas más crueles que registra la historia del agro hondureño. La masacre tuvo como principales protagonistas a las Fuerzas Armadas, al gobierno de Juan Alberto Melgar Castro y terratenientes de la zona, entre ellos Zelaya.

Previo al múltiple crimen, los campesinos organizaron varias movilizaciones, entre ellas: la toma de los juzgados de varias ciudades, el desarrollo de concentraciones masivas con interrupción de tráfico en carreteras y se había anunciado una protesta nacional para el 25 de junio de 1975.

El 25 de junio, catorce personas se dirigían a Tegucigalpa, para participar en la movilización contra el hambre, que consistía en la exigencia dirigida al gobierno para que hiciera el reparto de tierras improductivas entre jornaleros.

Pero una noche antes, los campesinos de Olancho pernoctaron en Juticalpa y pasaron la noche en el Centro de Capacitación Santa Clara, en donde agentes del Departamento de Investigación Nacional (DIN), sacaron violentamente a los que se encontraban adentro y los llevaron a la hacienda Los Horcones donde los torturaron y luego asesinaron.

Como parte final de la tortura, les quitaron la vida y arrojaron sus cuerpos a un pozo de 40 metros, que después se cerró con la explosión de dinamita, esto, para eliminar las pruebas.

Responsables

Al pasar el tiempo, la exigencia de justicia tomó fuerza en las organizaciones populares, por esta razón se presionó para que se iniciarán las investigaciones.

Sobre el crimen, los tribunales de justicia encontraron culpables al Mayor José Enrique Chinchilla, Subteniente Benjamín Plata y a los terratenientes José Manuel Zelaya Ordóñez y Carlos Bahr, quienes fueron remitidos a la penitenciaría Central. A pesar de eso salieron libres en 1980 favorecidos por un indulto otorgado por el gobierno.

“Exigimos que se haga justicia, pero lamentablemente la impunidad continúa, el poco tiempo que los responsables estuvieron presos, no es suficiente para lo que hicieron y para el dolor que nos causaron al quitarnos a nuestros familiares”, dijo con tono de decepción Glenys Estrada hermana de Ruth García Mayorquín, quien fue asesinada en esta masacre.

“Hasta le fecha en Juticalpa, siempre hacemos una movilización conmemorativa, en donde llevamos las fotografías de las 14 personas asesinadas y exigimos justicia, pero todo quedó en un simple recuerdo,” siguió argumentando Estrada.

Paradójicamente el gobierno creó un decreto para que el 25 de junio se registre la fecha bajo el acuerdo legislativo 47-2004 y se establezca como el “Día de los Héroes por la Justicia Social en Honduras”. Pero por otro lado no se retoma el caso y no se busca aplicar la ley a los responsables de esa brutal matanza.

Las víctimas de la masacre responden a los nombres de: Casimiro Cypher, padre Iván Betancourt, Máximo Aguilera (padre del dirigente de la Democracia Cristiana, Lucas Aguilera), Lincoln Coleman, Bernardo Rivera, Francisco Colindres, Fausto Cruz, Roque Ramón Andrade, Arnulfo Gómez, Ruth Mayorquín, María Elena Bolívar, Alejandro Figueroa, Juan Benito Montoya y Oscar Ovidio Ortiz.

A 39 años, parece que el suceso quedará en la impunidad y como un simple recuerdo para la clase política gobernante, que lejos de buscar retomar el caso y aplicar la justicia, siguen colaborando para dejar libres a las personas que criminalizan la lucha campesina en el país.

La iglesia Hondureña ante el paquetazo

Ene 15, 2014

El Congreso, a propuesta del gobierno del presidente Porfirio Lobo y con la conformidad de don Juan Orlando, ha  aprobado dos normas que desgraciadamente perjudican al pueblo.

En primer lugar, el Parlamento hondureño aprobó a finales de 2013 la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión, orientada a garantizar la estabilidad económica y mejorar la recaudación de impuestos. Ello supone un paquete de medidas de subida de precios e impuestos destinadas a empobrecer al pueblo y enriquecer a las élites económicas.

Es evidente que esta Ley va a ocasionar las protestas de los sectores marginados. Para evitarlas, el Congreso acaba de aprobar la  elevación a rango constitucional de la Policía Militar de Orden Público, destinada a la represión contra los hondureños que manifiesten su indignación públicamente.

Entre otros impuestos y subida de precios del “paquetazo”, se encuentran los productos y servicios, del combustible, la energía eléctrica, los transportes, el cemento, vestidos y calzados, los alimentos, los productos de la canasta básica y la telefonía celular. Para disimular, el gobierno ha aprobado una suave subida del salario mínimo, pero ante la asombrosa subida de precios no frenará la disminución del nivel de vida de los trabajadores.

Asimismo, pretende la Ley que las empresas que ganan más de un millón de lempiras al año tendrán que aportar, además de sus impuestos normales, un 5% adicional de sus ganancias. Claro, todos sabemos que en Honduras pocas empresas cumplirán estos requisitos.

Estas medidas económicas anti-pueblo que causan pobreza, son contrarias a los deseos del papa Francisco en su mensaje de la Jornada Mundial por la Paz 2014, pues considera que los gobiernos deben  hacer “políticas que atenúen la excesiva desigualdad de renta”.

Al parecer, no opina así el Cardenal Arzobispo de Tegucigalpa, Oscar Andrés Rodríguez Madariaga, pues según el Diario La Tribuna del 4 de enero, dijo: “que tristemente era necesario que el Parlamento de Honduras aprobara, a pedido del Gobierno, un paquete de medidas fiscales para evitar que el país centroamericano entrara en una mayor crisis económica”.

El prelado recordó que en 1990, la Administración del entonces presidente Rafael Leonardo Callejas, se hicieron los primeros ajustes estructurales de la economía, según recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Después de 23 años estamos igual. Nuestro país vive de ayudas del exterior y si no se toman esas medidas, podría pasar lo mismo que sucedió hace poco en Europa, la cual se estaba descomponiendo y tuvieron que poner esas medidas”, enfatizó.

Es evidente que en estos últimos cuatro años, la corrupción y el descuido del gobierno de Porfirio Lobo han dejado las arcas del Estado vacías. Pero contrariamente a lo que afirma el Sr. Cardenal, no son con medidas empobrecedoras de los sectores populares como se puede arreglar la situación, sino al contrario: evitando la evasión fiscal de los poderes económicos, implementando una política coherente de inversiones y suprimiendo las exenciones de impuestos a las grandes empresas y multinacionales que están saqueando los bienes naturales del país.

No con reducción de los gastos sociales se mejorará la economía, pues son bastantes economistas independientes -entre los que se incluyen varios premios nóveles-, los que afirman que esas medidas conducirán a una mayor recesión económica e inflación monetaria. Si los poderes económicos nacionales y multinacionales pagaran los impuestos que les corresponden, se podría hacer frente a las deudas tanto externa como interna de Honduras y comenzaría el desarrollo de Honduras.

Asimismo, si en vez de ceder la soberanía del país a las multinacionales mediante la política de “concesiones” y el proyecto de “ciudades modelo” a cambio de donativos ocultos, se intentara acabar con la corrupción y con el lavado de activos del narcotráfico, se iría mejorando la economía.

Las grandes empresas y las multinacionales generan poco empleo, pues la mayor parte de los puestos de trabajo corresponden a la mediana y pequeña empresa, así como a los trabajadores autónomos. Sin embargo, las sucesivas administraciones neoliberales del Estado de Honduras, tradicionalmente se han centrado en beneficiar a las élites económicas, perjudicando a los sectores populares.

Medidas parecidas impuso el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la década perdida de los ochenta del siglo pasado, que impidieron el desarrollo económico de los pueblos Latinoamericanos. Asimismo, la crisis económico-financiera de los Estados de la Unión Europea desde el 2008, con unas disposiciones similares está acabando con el “Estado del Bienestar” aunque aumenten el capital de los ricos y de los poderes financieros.

No estaría mal que el gobierno de Juan Orlando, implementara unas normas económicas que estuvieran conformes con el papa Francisco en el “Evangelio de la Alegría”, que afirma: para un desarrollo integral, es necesario “renunciar a la autonomía absoluta de los mercados, a la especulación financiera y a la corrupción”. Para Francisco, “la dignidad de la persona y el bien común han de estructurar la política económica, con una equitativa distribución de bienes y una creación de fuentes de trabajo”.

Más adelante, Francisco afirma: “no se puede confiar en las fuerzas ciegas, ni en la mano invisible del mercado. Se exige buena distribución del ingreso y no sólo crecimiento, superando el asistencialismo y creando empleo”.

Pedro Serrano
Sacerdote Diocesano

El martirio y el asesinato del padre Ivan Betancourt

Anales Históricos  5 julio, 2009 – 10:43 AM

 

Juan Ramón Martínez

ultima foto de Ivan Betancourt

ultima foto de Ivan Betancourt

Hace 34 años, Iván Betancourt, colombiano, sacerdote católico, enamorado de los pobres de Olancho, fue ajusticiado en la finca Los Horcones, propiedad de Manuel Zelaya, padre del actual Presidente de Honduras. Otras trece personas, corrieron igual suerte que el padre Betancourt. Después de muertos por varios disparos, sus cadáveres fueron depositados en un pozo malacate, rellenado y aplanado con tractores, para destruir todas las huellas que condujeran a descubrir los cuerpos inertes y a establecer vinculaciones con los culpables. Mientras la población se preguntaba dónde se encontraban las catorce personas desaparecidas. El mayor Enrique Chinchilla anunciaba, contando con el apoyo de periodistas locales pagados, que estos se habían ido a las montañas en donde supuestamente se habrían organizado en guerrillas para combatir al gobierno dirigido por Juan Alberto Melgar Castro. La investigación efectuada por una Comisión Militar, confirmó que la especie era falsa; y que, más bien las catorce personas desaparecidas, habían sido asesinadas; y que los responsables del crimen eran el mayor Enrique Chinchilla, el sargento Benjamín Plata, el ganadero Manuel Zelaya y el empresario maderero Enrique Barh. Enjuiciados, encarcelados y condenados, fueron objeto de una amnistía gestionada y lograda por los diputados del Congreso Nacional. Posteriormente Chinchilla fue asignado al servicio diplomático en donde representó a Honduras en diferentes países. Actualmente reside en la Costa Norte de Honduras. Benjamín Plata falleció víctima de un atentado. El señor Zelaya murió en su cama, por causas naturales; y sólo sobreviven a aquella masacre, la más horrible de toda la historia de Honduras, el ex mayor Chinchilla y el señor Barh.

Conocí a Iván Betancourt en 1968 en Choluteca. Estaba recién venido de Colombia, de donde había ingresado a misionar en Honduras. Era entonces un diácono que se preparaba para ordenarse sacerdote, cosa que efectuó un poco de tiempo después.

Era un hombre de mediana estatura, pelo desordenado que trataba de mantener disciplinadamente sobre la frente de tez bastante clara, casi blanco en el modelo valorativo hondureño, con una voz sonora y agradable y con una disposición alegre que le hacía un contertulio de primera mano. Contaba chistes, –típicos muchos de ellos de curas–, en donde la burla era contra los sacerdotes y refería anécdotas en donde mostraba cómo de tropezón en tropezón iba tomando conciencia de la dolorosa realidad que los estudios teológicos y la atmósfera falsa del Seminario, había disimulado. No podía entender la desigualdad y la exclusión; y creía que la pobreza era un pecado que había que redimir y cambiar. Cuando le conocí, llegó a Choluteca para conocer la metodología que bajo la dirección del padre Pablo, aplicábamos en la formación de los “animadores sociales”, una suerte de liderazgo de alta participación que surgía desde la base y que animaba la acción colectiva a partir de la realidad asumida como problema. Iván Betancourt se sintió impresionado por la metodología, la estudió críticamente y se regresó a Olancho. Después de ordenado fue párroco en Catacamas. En varias oportunidades que visité esa hermosa ciudad olanchana, en afanes de promoción de las cooperativas de ahorro y crédito, me encontré brevemente con Iván. Conversamos sobre lo que hacía, los problemas que confrontaba y las amenazas que le hacían los terratenientes. Se reía con facilidad de todo e incluso de su muerte. No porque creyera que su fin era volverse santo por medio de una muerte violenta en manos de personas que le rechazaban por su fe, sino –y esto es una especulación personal– porque era una fórmula que él usaba para evitar que el miedo le paralizara y le incapacitara para cumplir su misión.

La última vez que le vi, debió haber sido en 1974. Fue en ocasión de la inauguración de las actividades de las escuelas radiofónicas en Olancho Antonio Casasola, con la mejor buena intención y dentro de un espíritu dialogal que nunca le abandonó, organizó un acto en el centro Santa Clara, que un año después sería la primera estación del calvario que los militares y los ganaderos sometieron a los mártires de Olancho, para acercar a militares, políticos, ganaderos y sacerdotes. Allí, frente al coronel Lisandro Padilla y su plana mayor, Iván hizo el último discurso que le escuché. Empezó sellando la pobreza de la población de Olancho, ponderó la enorme calidad y cantidad de recursos que Dios les había dado a todos, criticó la forma cómo unos pocos se habían aprovechado de los mismos; e hizo responsables a los militares por haberlo permitido. Por supuesto, a Padilla no le pareció gracioso lo dicho por el padre Iván Betancourt. Tengo la impresión que allí empezó, esa misma noche su muerte violenta en manos de Chinchilla y sus cómplices. Casasola, para tratar de arreglar la confrontación producida, me pidió que interviniera. En el ánimo de ordenar un poco las cosas, lo único que pude agregar es que, estábamos en la obligación como católicos, de asumir que todos, de alguna manera, éramos responsables del desorden establecido y dominado por la injusticia y la inequidad. Padilla no se tragó el cuento. Sin embargo, para demostrar su desagrado, nos invitó a Casasola y a mí a un restaurante drive in de su propiedad que estaba instalado en el otro lado del río Juticalpa, después del puente llamado de la Marimba, por la forma que sonaban las tablas cuando pasaban los vehículos. Allí, Padilla y sus compañeros militares bebieron copiosamente. Casasola y yo, por prudencia nos mantuvimos sobrios, pese a las reiteradas incitaciones castrenses. En algún momento, Padilla me dijo, con usted sí se puede hablar Monchito, en cambio con otros, no hay diálogo posible. Nos despedimos de los militares cerca de las cuatro de la mañana. A Iván nunca más lo volví a ver. Un poco más de un año, los militares –que se la tenían jurada y los ganaderos que lo veían como una amenaza– lo asesinaron en la finca de Los Horcones de Manuel Zelaya, un 25 de junio de 1975. Hace 34 años.

Tegucigalpa, junio 26 de 2009

PADRE IVAN BETANCOURT
Nació el 28 de julio de 1940 en la ciudad de Fredonia, Departamento de Antioquia, República de Colombia. Sus padres Luis y Felisa Betancourt

Hizo sus estudios secundaria en Cali, Colombia, de 19594 a1959. En la Universidad San Buepaventogotá obtuvo su licenciatura en filosofia en el año de 1963 y
luego hizo sus estudios eclesiásticos de teología de 1965 a 1968.

Vino a Honduras en septiembre de 1968. Fue ordenado sacerdote en su ciudad natal el 1° de agosto de 1970. Al regreso trabajó en la pastoral juvenil en Juticalpa y después fue párroco en Dulce Nombre de Culmí, donde quienes se vieron afectados por su trabajo pastoral lo calumniaban y recogían firmas para expulsarlo.

Un hombre enérgico
El Padre Iván era un hombre enérgico, activo e incansable. Cuando vino a Honduras se integro al primer equipo de evangelizacion de Olancho. Trabajó con los Delegados de la Celebración de la Palabra.

Siempre tuvo un especial inte¬rés por la familia. Por esta razón decidió estudiar y especializarse en este campo. Hi¬zo un estudio intenso en Ottawa, Canadá en la Universidad de San Pablo donde obtuvo su Master en Pastoral Familiar

Al regreso de sus estudios en 1974, se dedicó a la Pastoral Familiar. Cuando murió comenzaba con sus “labora¬torios conyugales” como él llamaba a los cursos que daba a parejas. Siendo él un hombre de oración, enseñó a sus feligreses a poner la oración en primer lugar, como él lo hacía. En términos muy claros rechazó las injusticias y por la justicia murió

“No se queden dormidos, muévanse por alguna cosa importante en la vida. No basta criticar. Hay que hacer algo… No nos cansemos de buscar algún modo de progresar. Pienso que es muy triste quedarse uno estancado como ciertas aguas podridas a un lado del camino. Hay que progresar, no importa cuantos años tenemos, siempre se puede ir un poco mas adelante. Nunca hemos terminado”

Ivan Betancourth
Carta a los cristianos de Catacamas

25 de junio de 1975 nunca se olvidará

Fuente: Vida Laboral Edic. # 20, Julio de 2005
DEFENDING WATER: THE STRUGGLE
STOKING UP POPULAR FLAMES
Ismael Moreno SJ

DEFENDING WATER: THE STRUGGLE
STOKING UP POPULAR FLAMES
Ismael Moreno SJ

O n the 23rd of August 2003 some thirty thousand
people from the north, south, east and west of
Honduras took over all parts of the capital to
demand the non-privatization of drinking water.
From five in the morning the protesters occupied the four
main entries and exits of Tegucigalpa, led by the National
Coordination of Popular Resistance (CNRP), a movement
which brings together trade unions, and social, popular,
indigenous and community organisations from all over the
country.
The drop which made the cup overflow was the decision
of the majority of deputies in the National Congress to
approve a Draft Law on Drinking Water and Basic
Sanitation, following recommendations from technicians in
the Inter-American Development Bank (IADB). It was
approved on the 14th of August. The heads of political
parties in the National Congress had signed an agreement
on March 4th that year with the Honduranian social
organizations represented in the CNRP to approve no law
on drinking water not based on an agreement between the
various sectors of Honduranian society. At the same time,
the peoples’ organisations had committed themselves to
start a consultation process with the aim of presenting on
July 1st that same year a proposal for a law on water in
place of the proposal drawn up under the guidance of the
IADB.
On July 1st the CNRP presented its proposal arguing that
the protection, administration and preservation of water was
linked to the principle of national sovereignty, and that
under no circumstances should the State abdicate its
responsibility for managing such a resource. Members of
Congress received the proposed law but then buried it in
oblivion.
The proposal for the privatization of water promoted by
the IADB with full support from the government of the
Republic contained a catch which fooled several leaders of
the popular movements. The proposed law was not
presented as a means to achieve the privatization of water.
It was presented as a proposal to “municipalize” water
services, thereby contributing to the decentralization of
public services, exactly the goal that many social and
popular sectors were fighting for.
An important argument in favour of the law proposed by
the IADB and the Government was the inefficiency of the
State institution responsible for administering the provision
of drinking water, caught as it was in a paralysing
bureaucracy, politically determined decisions and the
corruption of its officials. The IADB and the Government
saw here a great opportunity to break with an incompetent
administration and move towards empowering
municipalities in the matter of water as a strategic resource.
With this trick, the government and IADB officials won
the support of most of the 298 mayors in the country.
However, clauses in the new Law for Drinking Water and
Basic Sanitation envisaged “service providers”, which
meant that municipalities could hand over the
administration and maintenance of drinking water to
private institutions and organisations which, by charging a
fee, would guarantee both the efficiency of the system and
a profit for themselves.
The Law on Drinking Water and Basic Sanitation was
passed with the support of the majority of mayors and an
important group of NGOs who fell into the trap of the law
proposed by the IADB and Government, both interested in
decentralising and empowering municipalities in the
administration of natural resources. The central
Government, with the support of the IADB, warned
mayors that if they did not approve the Drinking Water
Law they would not qualify for loans destined for the
environment or the protection of natural resources.
For the first time in many decades, however,
r e p r e s e n t a t i v e s o f organisations from all over the
country met to plan a joint reaction. Copies of the
proposed law to be discussed in the National Congress were
distributed in all regions of the country and studied by many
grass-root organizations.
Many saw through the trick and highlighted the clear bias
towards privatisation favoured by the law in the 65 articles of
the official version. In the same manner, a consultation
process was launched on the peoples’ wishes with respect
to a law on water that would protect water basins, ensure
the preservation of water, and provide an efficient
administration shared by the central Government,
municipalities, water authorities, local associations and
other organisations.
The struggle against the privatisation of water had
achieved a miracle – calling on and uniting in a common
campaign regions and organisations hitherto engaged in
small localized campaigns. The popular mobilization of
the 26th of August 2003 was the expression of a greater
unity concentrated on one objective: to defend drinking
water. Preparations for the great mobilization are full of
anecdotes. In some cities in the north and interior of the
country collections were organised to raise money for
buses that would carry people to the capital. In others
communities radio stations cooperated in organising
marathons with the same aim of raising funds.
The Ministry of Security accused the demonstrators of
receiving money even from drug-traffickers to finance
their popular rally. Other government civil servants
accused international development organisations of
making funds available to agitate against and destabilize
the Government of the Republic. The Government
managed to stir people up through infiltrators, and when
the march reached the National Congress, a group of
demonstrators besieged the police guarding the building to
the point of provoking violence, which finally ended the
mobilization programme.
The Government accused the leaders of the mobilization
of making the Drinking Water Law an excuse to create a
situation of chaos and political destabilisation. Both the
IADB and the Government launched a strong publicity
campaign to discredit the movement that opposed to the
water law and to pressurise mayors and a sector of NGOs to
give their support to the official
law.
Finally, the Law on Drinking Water was approved and ratified
by the President of the Republic. Two years after the struggle,
municipalities are busy seeking those “providers” best able to
buy the right of administering the service of drinking water.
The approval of this law was an anteroom for the approval of the
Free Trade Area with the United States with its corresponding
process of privatization of various public services.
Together with the struggle for the non-privatization of
water however, the country has taken on a direct struggle
for the defence of Honduranian forests, marching hundreds
of kilometres from communities far in the interior to the
capital in what has been called “The March for Life.”
The IADB and the Government may have achieved the
immediate objective of approving the Law of Drinking
Water and taken the necessary measures for its
implementation; in balance, the outcome of the campaign
was one of victory for the IADB and the Government and
of defeat for the social resistance movement. But what they
did not succeed in repressing is the growing conscience of
citizens in their struggle to defend natural resources and the
environment. At the present moment, several communities
in the interior of the country are preparing to resist
implementation of the Law on Drinking Water. And they are
also preparing themselves to resist the indiscriminate
cutting down of their forests, and the use of land and natural
resources in projects that almost exclusively benefit the
multinationals. These multinationals are keenly interested
in the region but not so much in its biodiversity. The
inference is inevitable: the protection and preservation of
this biodiversity, which the Central American region still
enjoys, depend on the immediate future of the resistance
struggle waged by the popular social classes. And
ultimately on this struggle depends the very future of life
itself in Central America.

Translation by Michael Campbell-Johnston SJ
Ismael Moreno SJ
Director, ERIC

An Option for the Poor in Honduras

Luke Hansen, S.J.

Luke Hansen, S.J., an associate editor of America, created this photo journal after participating in a delegation to Honduras in September 2013. The delegation, representing Jesuit ministries in the United States and Canada, sought to learn more about the challenges facing the country following the military coup in 2009 and the response of the Catholic Church.
A year ago a new law in Honduras opened the door to further exploration of mining sites throughout the country. Multinational mining companies are increasingly exploiting land that campesinos have lived on and farmed for decades. On Sept. 10, 2013, the delegation met with community leaders and farmers in Nuestra Señora del Pilar de Arizona Parish in the state of Atlántida who face intimidation from mining companies. (Click on any of the photos to begin a slideshow with captions.)
“We have been threatened,” Enrique Castillo told us through an interpreter, “because we have defended the poorest people, the land and the water.” On Feb. 13, 2013, members of his village in northern Honduras helped hang a chain in front of his house to send a clear message to the mining companies: we are not selling; stay away from our land. The next day, he said, the police arrived, shot down the chain, asked for their names and promised to return.
Community members, with the support of their local pastor and bishop, have raised serious concerns about the environmental consequences of mining in the region. One member of the parish asked Fernando Serrano, a professor of public health at Saint Louis University, to test the quality of the community’s water supply.
The community expressed their concerns about the mining companies to their Claretian pastor, Father Cesar Espinoza (center), who was spurred into action. In this photo, Father Espinoza shares documentation of the new mining concessions in the region, which describe where the mining companies can explore and what they are looking for. The new law also permits the environmental impact study to be conducted by a private corporation rather than an independent state audit. Concepcion (right), a member of the parish, was hosting human rights observers when her house was invaded. She was threatened and had to take sanctuary in the church with her two children.
Father Espinoza shares documentation of “denunciations,” which he filed with the prosecutor, police, ombudsman for human rights and the government office for mining regulation. He has issued official complaints about threats received by members of the community and himself, mining employees going onto land that is not within the ownership of the company and a lack of due process for informing the community about the environment impact of mining.
The delegation met with Bishop Michael Lenihan, O.F.M., of La Ceiba, to discuss social concerns within his diocese. In June, the diocese published a pastoral letter, signed by Bishop Lenihan, which laid out a theology of care for creation, an option for the poor and the common good. It voiced opposition to the “avalanche of mining projects” in the state of Atlántida, the negative environmental impact, the militarization of the region and the defamation and threats directed toward Father Espinoza and his colleagues. It called the imposition of mining projects without any consultation with local communities an “outrage to personal and collective human rights,” and requested consultation and trustworthy studies of the environment impact.
The delegation met with leaders of ERIC (Equipo de Reflexion, Investigacion y Comunicacion), a Jesuit-sponsored social research and advocacy center in El Progreso, Honduras, on Sept. 8, 2013. Francisco describes the work of a campesino organization in Valle Sula. Magdalena, his wife, is an elected leader of the organization. She said a subsidiarity of SABMiller, a multinational brewing and beverage company, wants their land.
The delegation meets with community leaders and displaced farmers in the community of Guadalupe Carney, Honduras, on Sept. 9, 2013. The community is named after Jim (Guadalupe) Carney, S.J., a beloved missionary from St. Louis, Mo., who worked among Honduran campesinos in the 1960s and 70s. He disappeared in 1983 and has yet to be found. More than 500 Hondurans gathered to celebrate his life with a march and Mass in El Progreso on Sept. 14.
Ismael Moreno Coto, S.J. (left), popularly known as Padre Melo, speaks with Chabelo Morales (center) at the penal farm of La Ceiba, Honduras, on Sept. 9, 2013. Chabelo is from the community of Guadalupe Carney. In 2008 a police official killed a man in the community. The next day the community went to recover the body, a battle ensued, a landowner died and the police ordered the arrests of 32 campesinos. Only Chabelo, however, was arrested. He was convicted of murder and sentenced to prison, even though he never had an opportunity to defend himself in court. Padre Melo believes Chabelo is innocent. “Essentially,” Padre Melo explained, “he was punished for the group’s crime.” In November 2013, a court ordered a new trial for Chabelo and ordered his release from the prison farm.
The delegation stands near a memorial for Jim Carney, S.J., at the National Autonomous University of Honduras in Tegucigalpa, the capital city, on Sept. 11, 2013.
The delegation meets with Julieta Castellanos, the chancellor of the National Autonomous University of Honduras, on Sept. 11, 2013. The university hosted a panel discussion on major issues facing Honduras, and announced a partnership with ERIC, the Jesuit-sponsored social research and advocacy organization.
Tegucigalpa, the capital of Honduras
The delegation encountered numerous military checkpoints during our travels throughout the country. International partners like the United States can have a simplistic response to the violence in Honduras: increase the strength of state institutions like the military and police. This strategy, however, fails to account for the depth of corruption in the military and police forces. At one checkpoint, we were told to get out of the van, and the military personnel did a thorough search. For what? We were never told.
People are demanding greater security and Juan Orlando Hernandez, the newly elected president of Honduras, favors a further militarization of the police force. But this strategy has a downside. “One of the most troubling things about the military police law and generally the militarization of society is the lack of accountability this generates,” explained Shaina Aber, the policy director for the U.S. Jesuits’ office of social and international ministries, who helped lead the delegation. “In the name of security, the military has been given free rein to stop public protests, further corporate interests, investigate and detain activists. The militarization of society is compounding the levels of impunity.”
In this neighborhood of Tegucigalpa, local residents have hired private security officers to protect its block. Organized crime has penetrated a weak police force in Honduras, leaving people vulnerable. Police, prosecutors and judges serve only the most powerful, not the people they have the responsibility to protect, especially those in poorer communities. The state has basically delegated its job to private security companies.
Tegucigalpa at night.
The delegation brought the testimony of campesinos and community leaders to the United States Embassy in Tegucigalpa on Sept. 12, 2013, and the officials asked that we continue to share our human rights concerns with them. The officials explained that U.S. companies are not mining in Honduras at this time, but some companies have expressed interest, which makes it essential that U.S. officials have a clear understanding of concerns raised by local communities related to forced displacement, the natural environment and public health. The human rights officer in the embassy acknowledged human rights abuses in Honduras as a “fundamental, systemic problem,” but she said “we are only two people” in the human rights office, and “we are doing what we can.”
An armed soldier stands outside the U.S. Embassy in Tegucigalpa.
Padre Melo (left) interviews Gerardo Aguilar, S.J. (right), a student at Universad Centroamericana in Managua, Nicaragua, in the studio of Radio Progreso in El Progreso, Honduras, on Sept. 12, 2013. Padre Melo, the director of Radio Progreso and ERIC, offered testimony in July 2012 to the Tom Lantos Human Rights Commission of the U.S. House of Representatives about the targeting and murder of journalists in Honduras. In recent years, 16 associates of Jesuit ministries have received credible death threats. Radio Progreso, which has about 1.5 million listeners, continues to receive intimidation and threats for its reporting and analysis of social problems, and one of its correspondents has been forced to leave the country.
Six of the eight members of the delegation pose for a photo at El Colegio de San Jose, a Jesuit-sponsored high school in El Progreso, Honduras. They are, left to right: Rafael Garcia, S.J., pastor of St. Francis Xavier Parish in Kansas City, Mo., Kirsti Tasala, youth and outreach coordinator for Canadian Jesuits International, Shaina Aber, policy director for the U.S. Jesuits’ social and international ministries, Nicholas Napolitano, provincial assistant for social ministries for the Maryland, New York and New England Provinces of the Society of Jesus, Mary Baudouin, provincial assistant for social ministries for Jesuits of the New Orleans Province, and Fernando Serrano, a professor in the College of Public Health and Social Justice at Saint Louis University. Not pictured are Kim Miller, program director of the Ignatian Solidarity Network, and Luke Hansen, S.J., associate editor of America.

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bO1ocvVRxg0