Archive for the ‘derechos humanos en Honduras’ Category

Family of slain activist asks U.S. to cut off aid to Honduras

The 25-year-old daughter of Berta Cáceres says family struggling for answers

Wants U.S. to pressure Honduras to accept independent international investigation

11 U.S. senators support withholding aid from police tied to rights abuses

 

http://www.theolympian.com/news/nation-world/world/article70060102.html

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“No había precio que pudiese llegar a la altura de Berta, era insobornable, estorbaba”según Ismael Moreno sj

Tras el asesinato de la dirigente indígena, Berta Cáceres, que causó conmoción nacional e internacional, las voces para exigir justicia se levantan y se topan con un gobierno que busca ofrecer otra imagen como producto de exportación, y da la idea de estar investigando a profundidad el crimen.

Para el sacerdote jesuita Ismael Moreno, director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Eric, reconocido a nivel internacional por el otorgamiento al premio Rafto 2015, sostiene que el gobierno de Honduras, detrás de sus palabras y de sus autoritarismos, no tiene sustento, necesita reivindicarse, y la mejor manera de hacerlo es recurrir al cinismo de decir que están investigando cuando en realidad sólo están desarrollando una única hipótesis.

“Hay una palabra que en estos días ha venido sonando de Berta y es indomable porque no se le podía controlar. No había precio que pudiese llegar a la altura de Cáceres, era insobornable, estorbaba” sostiene el sacerdote Jesuita.

Radio Progreso (RP) habló con el padre Ismael Moreno (IM) sobre el impacto de este asesinato, las demandas y la realidad a la que se enfrentan los defensores y defensoras en Honduras.

RP. ¿Qué sensación y qué sentimientos le deja el asesinato de Berta Cáceres?
IM. Es una sensación muy profunda y es contradictoria, es profundamente de dolor, pero lo que yo resalto en estos días de tanta preocupación por lo que pueda pasar a muchas otras personas defensoras de los derechos humanos y de los pueblos indígenas, de los territorios y de los bienes naturales comunes. A mí lo que me queda, ya como recuento de estos días, es la trascendencia de este acontecimiento tan duro, mortal, sangriento de Bertita Cáceres.

RP. ¿Cómo ve la reacción de la comunidad internacional?
IM. Hemos tenido la manifestación y las expresiones de repudio, de aliento, de solidaridad y también de exigencia por parte de la comunidad internacional y de las organizaciones de todo el mundo, como creo yo que hacía muchísimos años, pero muchos años, que no lo habíamos experimentado. Entonces uno se siente muy adolorido pero con un sentimiento de que estos hechos tan amargos y tan mortales son tan profundos y tan duramente conmovedores que han logrado impactar y estremecer al planeta entero, y Honduras de nuevo se convierte en el centro de atención tanto por el repudio del asesinato y también por la figura noble y tan vital de Berta Cáceres.

RP. ¿Quién era Berta Cáceres?
IM. Bueno, la recuerdo como una mujer tenaz y exigente en la lucha, terca como poca gente he conocido, incomodaba a quien fuera, pero al mismo tiempo dulce, nunca perdía la sonrisa. Y además tenía una capacidad tan profunda y al mismo tiempo de estar, con su sencillez, cerca de la gente y por otra parte ser tan fuerte y firme en su palabra contra aquellos que ella consideraba que amenazaban a las comunidades indígenas, a los diversos pueblos, a los territorios y a los bienes comunes de la naturaleza.

RP. ¿Por qué asesinaron a Berta?
IM. Hay una palabra que en estos días ha venido sonando de Berta y es indomable porque no se le podía controlar. No había precio que pudiese llegar a la altura de Berta Cáceres, era insobornable, estorbaba.

RP. ¿Qué va a pasar ahora?
IM. Una persona puede ser grandiosa, como es el caso de Berta Cáceres, pero la historia es activa, la historia es dinámica, la historia es viva y los liderazgos no se consumen ni se terminan en una persona. Allí quedan las comunidades organizadas de Copinh, los pueblos Tolupanes, los pueblos garífunas, sigue el campesinado hondureño, sigue las nuevas generaciones de la juventud, está la familia, las tres hijas de Berta Cáceres, está el hijo, está mucha otra gente que se ha sentido tan estremecida con la muerte de Berta Cáceres que muy bien se decía en su sepelio: Berta no murió sino que comienza a multiplicarse en muchísima otra gente.

RP. ¿Cuál es su valoración de la forma en que el Estado está llevando la investigación?
IM. Yo creo que el Estado, y particularmente el gobierno que lo representa, está manoseando, contaminando el caso de Berta Cáceres, y allí es donde, desde mi punto de vista, tiene que estar la primera gran exigencia y demanda de los diversos sectores que estamos repudiando el caso de Berta Cáceres, y es exigir una investigación a fondo, independiente y no contaminada por los intereses políticos y de los grupos fácticos que estuvieron atrás de las denuncias que a lo largo de varios años presentó y elevó Berta Cáceres, y muchas de esas denuncias eran de amenazas de muerte que ella advertía que le estaban haciendo.

RP. ¿Por qué lo hace el gobierno?
IM. El gobierno lo que está haciendo es tratando de cooptar, de capturar para sí mismo el caso de Berta Cáceres, sin duda alguna abrumado por la impresionante reacción internacional. Y este gobierno que detrás de sus palabras y de sus autoritarismos no tiene sustento, necesita reivindicarse, y la mejor manera de hacerlo es recurrir al cinismo de decir que está investigando pero lo que están haciendo es llevando solamente una línea de investigación.

RP. ¿Cómo debe dirigirse una investigación como el caso Berta?
IM. La demanda que presentamos es sostener la línea de investigación que debe llevar a aquellos actores que Berta denunció, que Berta identificó como los responsables de las amenazas a muerte que fue recibiendo en los últimos tres años.

RP. ¿Qué otras demandas se plantean?
IM. Una segunda demanda es que el gobierno anule definitivamente todos aquellos convenios que tienen que ver con la explotación del Río Gualcarque y de los territorios donde habitan las comunidades Lencas, particularmente el proyecto Agua Zarca que está en manos de la empresa Desarrollos Energéticos, DESA. También avanzar hacia la revisión orientada para que se anulen aquellos decretos y figuras jurídicas que tienen que ver con la venta de los territorios y de la soberanía nacional, particularmente la anulación del decreto de las ciudades modelos y la derogación de la ley de minerías.

RP. ¿Qué demandan a la comunidad internacional?
IM. Una presencia. Estamos animando a un encuentro aquí en Honduras de los sectores internacionales que han dado muestras de solidaridad ante el asesinato de Berta Cáceres. Promover un encuentro para que se defina un acompañamiento coordinado, articulado y orientado a fortalecer aquellas luchas por las que dio la vida y por las que asesinaron a Berta Cáceres, y que continúe la denuncia internacional porque eso contribuye a que la muerte de Berta Cáceres no quede impune.

RP. ¿Cuál es la situación real de los defensores y defensoras en Honduras?
IM. La más absoluta vulnerabilidad. Si han asesinado a Berta Cáceres, sin duda alguna, la mujer con el más alto nivel de reconocimiento internacional y con una trayectoria, qué es lo que no les está ocurriendo a otros defensores a nivel regional y local. Es cierto, hay muchas figuras jurídicas, hay una ley aprobada de protección a defensores, podemos tener muchas figuras jurídicas, podemos tener muchas palabras bonitas y hermosas, y hasta llena de bendiciones, lo que ocurre es que la institucionalidad aquí no funciona, o si funciona pero al servicio de los fuertes.

RP. ¿Cómo define a un defensor o defensora?
IM. Una persona que está presente y acompañando de cerca a sus hermanos y hermanas que están luchando y están padeciendo las consecuencias de una institucionalidad que no les protege y que no les garantiza sus derechos. Un defensor y una defensora es quien se juega la vida cotidianamente defendiendo a su pueblo.

RP. ¿Cómo define usted la justicia?
IM. La necesidad de defender a los más débiles.

RP. ¿Dónde encontramos las esperanzas en Honduras?
IM. En los pobres que cargan con las consecuencias de la injusticia y en aquellos que hasta ahora su voz no se les escucha.

Le invitamos a escuchar la entrevista completa con el padre Ismael Moreno sj.

http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2763-%E2%80%9Cno-hab%C3%ADa-precio-que-pudiese-llegar-a-la-altura-de-berta-era-insobornable-estorbaba%E2%80%9Dseg%C3%BAn-ismael-moreno-sj

Honduras: CIDH preocupada por amenazas a líderes campesinos en el Bajo Aguán

http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/conflicto-agrario-y-minero/honduras-cidh-preocupada-por-amenazas-l%C3%ADderes

Washington, Estados Unidos (Conexihon). –  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este lunes su preocupación por una serie de desalojos violentos que habrían ocurrido en la zona del Bajo Aguán en el contexto del conflicto agrario que existe en la región.  Así como por las amenazas y detenciones que habrían sido perpetradas en contra de varios líderes y lideresas campesinos beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión el 8 de mayo de 2014, presuntos hechos que habrían ocurrido desde el mes de mayo hasta la fecha.
La Comisión instó hoy al Estado a “investigar estos hechos de violencia y a procesar y sancionar a los responsables. Y urgió al Estado a adoptar en forma inmediata todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las defensoras y defensores de derechos humanos en el país”.
Según información de público conocimiento, el 21 de mayo de 2014, miembros de la policía y del ejército, así como guardias de seguridad privada habrían participado en el desalojo violento de las fincas La Trinidad y El Despertar, en el municipio de Trujillo, Colón. Según la información disponible, 300 familias afiliadas al Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA) habrían sido desalojadas.
Presuntamente las fuerzas de seguridad habrían utilizado bombas lacrimógenas y spray pimienta y habrían realizado disparos al aire para amedrentar y desplazar a las familias que habitaban las fincas desde el mes de julio de 2012. De esta operación presuntamente habrían resultado heridos alrededor de 50 campesinos y 8 miembros de las fuerzas de seguridad.
Adicionalmente, 15 personas habrían sido detenidas y presuntamente golpeadas, entre los detenidos se encontrarían Walter Cárcamo, Jaime Cabrera y Antonio Rodríguez, beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión semanas antes del suceso. Presuntamente Jaime Cabrera habría sido amenazado de muerte por miembros del ejército y de la policía, quienes supuestamente le habrían colocado un fusil en la oreja izquierda.
De conformidad con información recibida por la CIDH, el 3 de julio la Policía Nacional Preventiva, los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch III y el 15 batallón de Fuerzas Especiales habrían llevado a cabo el desalojo de 350 familias del Movimiento Campesino “Gregorio Chávez” (MCRCG) que se encontraban en la finca  Paso Aguán desde el mes de mayo del presente año. Las familias presuntamente fueron desalojadas de forma violenta mediante el uso de gases lacrimógenos.
En esta ocasión, varios de los campesinos habrían resultado heridos y siete habrían resultado detenidos, entre los que se encontrarían dos de los líderes campesinos beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
Persecución de defensores
Por otro lado, según información recibida por la Comisión, el 30 y 31 de julio los defensores de derechos humanos Martha Arnold, Irma Lemus y Rigoberto Durán, integrantes del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Bajo Aguán, habrían sido perseguidos por dos vehículos color blanco. Adicionalmente, el 19 de agosto el líder campesino Santos Torres, perteneciente al Movimiento Campesino Gregorio Chávez y beneficiario de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, habría sido amenazado por militares y guardias de seguridad en su domicilio, quienes presuntamente lo habrían apuntado a él y su esposa con armas de fuego. Presuntamente este mismo grupo de militares y guardias de seguridad se habría presentado en el domicilio de Glenda Chávez, integrante del Observatorio Permanente de Derechos Humanos de Aguán y lideresa de este movimiento campesino.
En la zona del Bajo Aguán, existe un conflicto de tierras de larga data entre campesinos y empresarios. Según una red de organizaciones nacionales e internacionales que dan seguimiento a esta situación, 112 campesinos y campesinas habrían sido asesinados en los últimos cuatro años en el contexto del conflicto agrario que aqueja a la región. La Comisión Interamericana se ha manifestado en reiteradas ocasiones sobre la situación en el Bajo Aguán, incluyendo en la sección sobre Honduras del Capítulo IV de sus Informes Anuales 2012 y 2013. La CIDH observa que la situación continúa siendo altamente preocupante.
En este contexto, el 8 de mayo de 2014, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 123 miembros de las organizaciones “Movimiento Campesino Recuperación del Aguán” (MOCRA), “Movimiento Campesino Fundación Gregorio Chávez” (MCRGC), Movimiento Unificado Campesino del Aguán” (MUCA) y “Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA), solicitando al gobierno de Honduras adoptar las medidas necesarias para garantizar su vida e integridad.
La CIDH recordó al Estado  que es su obligación investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables. Como ha señalado la Comisión anteriormente, los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan. La Comisión recuerda asimismo que la labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

The Future of Honduran Public Insecurity: Violations of the Military Police of Public Order

The militarization of Honduran streets shows no signs of stopping. On November 11th, the Honduran press announced that one thousand additional Military Police – a new, elite, hybrid military-police force – would be trained and sent to the streets. Four days later, the National Defense and Security Council headed by Honduran President Juan Orlando Hernandez asked the National Congress to take the necessary measures to approve the Military Police as a permanent security force under the Honduran Constitution.

The recent push to consolidate the Military Police contributed to a minor police scandal that erupted last week when the National Director of the Police, Ramon Sabillon refused to step down after being illegally fired from his position. The scandal was partially caused by fears amongst the National Police and some sectors of Honduran society that the permanent and growing status of the Military Police will render the National Police force obsolete.

With more soldiers in the streets, Honduras is becoming more and more militarized by the day. To date, there have been limited results in generating security and safer streets for it’s citizens.

Creation of Military Police Linked to Canada and US Regional Security Strategies

The Honduran Congress approved a temporary decree that created the Military Police for Public Order (PMOP) on August 22, 2013. Beginning early October of the same year, the hybrid military-police force was sent to the streets under the command of the Honduran Armed Forces. Known as the special security unit of Honduran President Juan Orlando Hernandez, its biggest promoter, the Military Police are military soldiers with military training funded by a Security Tax or the Tasa de Seguridad. Approved in June 2011, the Honduran Security Tax is believed to have been created to fund the security initiatives proposed under the Central American Security Strategy (CASS) of the Central American Integration System (SICA). Interestingly, the Tasa de Seguridad was approved by the Honduran Congress in the same month that SICA countries adopted the Central American Security Strategy. The Security Tax is used to fund Honduran security institutions and strategy of the Hernandez government, supported by the U.S. and Canada.

SICA-CASS is an umbrella, multilateral security initiative formed under the leadership of former Secretary of State Hilary Clinton. Two major North American security initiatives in Central America are aligned with CASS: the US Central American Regional Security Initiative (CARSI) and the Canadian Initiative for Security in Central America (CISCA). Both Canada and the US are joined by other countries committed to SICA-CASS including Japan, Columbia, and Germany, as well as International Financial Institutions like the World Bank and the Inter-American Development Bank.

Juan Orlando Hernandez argues that the Military Police will ensure citizen security and safer streets particularly as the National Police are undergoing a purging or depuración process. According to the President, Hondurans no longer trust the police, and the Military Police can stop the violence and insecurity rampant in what some now call Honduras, the “murder capital of the world”.

(Publicly Known) Abuses Committed by the Military Police Since Their Creation

The Military Police are anything but a solution to the corrupt National Police force. Since being sent to the streets in October of last year, Military Police have been involved in various human rights violations, some against members of the political opposition. The following is a short list of these publicly known abuses:

* Raided the house of union leader and LIBRE member Marco Antonio Rodriguez, October 10, 2013.
In a Special Operation and within one week of being on the street, the Military Police (MP) raided the house of the Vice President of the National Child Welfare Union (SITRAPANI), Marco Antonio Rodriguez. MP pointing weapons at Rodriguez and his family members and forcing them to lie face down on the street. When asked to see the search warrant, the MP responded, “What search warrant, here we can do what we want.”

* Raided the house of FNRP activist, Edwin Espinal, October 23, 2013.
In another Special Operation, the MP broke down the doors to Espinal’s house accusing him of possessing illegal weapons and drugs. The search warrant presented to Espinal read “Robelo [as Espinal is known in his community] belongs to the LIBRE party and is one of the leaders of that area.” Along with GPS coordinates of the location of his house, the warrant also noted that: “outside, [the house] has a LIBRE flag.”

* Evicted former President Zelaya, LIBRE Congressional representatives, and supporters from Congress, May 13, 2014.
Protesting the silencing of political debate in Congress, the political opposition in Congress led by President Manual Zelaya, ousted in a military coup in June 2009, were violently evicted by the MP. The MP shot several cans of tear gas and beat protestors and some LIBRE Congressional representatives.

* Beat up, mistreated, and detained children’s rights defender, Jose Guadalupe Ruelas, Director of Casa Alianza, May 8, 2014.

Source: HonduPresa

Driving home from a human rights forum, Ruelas was beaten and detained by MP after being ordered to stop at an MP check-point in Tegucigalpa. After stopping, a police motorcycle colliding with Ruelas’ vehicle. Ruelas was violently removed from his vehicle, struck on his head, back, and legs, and detained.

* Two Military Police were arrested in western Honduras for permitting the escape of two individuals taking contraband into Guatemala, July 2014.
Two Military Police were arrested by Honduran police on charges of violation of official duties and evasion after allowing two individuals driving a truck carrying contraband to escape and cross the border into Guatemala.

*Shot at a public bus in Tegucigalpa after it failed to stop at a Military Police check-point, October 1, 2014

Source: El Heraldo

After failing to stop at a checkpoint managed by the Military Police in Tegucigalpa, the MP fired at the back window of a public bus carrying fourteen passengers. Four people were injured – two with bullet wounds, and two from broken glass.

* Gang raped a female sweatshop worker in San Pedro Sula, November 2014
A woman reported that she was picked up by the Military Police while waiting for a bus after leaving work in the northern Honduran city, San Pedro Sula. She was forced to get into the back of the truck and taken to an isolated area where she was raped by eight MP.

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Within one year of being present in the streets, the variety and quantity of abuses committed by the Military Police are concerning, particularly as their presence is likely to increase. The promotion of the Military Police by the Honduran President and the National Defense and Security Council, is undoubtedly causing major tension between the National Police and the MP on the streets of Honduras. One example is a recent public shoot out that occurred between the military and the police, the result of a dispute over the police not permitting the military vehicle to pass. This tension has the potential to create serious security concerns for Honduran citizens on top of the already grave insecurity crisis in the country.

Honduras no garantiza plenamente los derechos humanos de su población

Afiche sobre visita in loco CIDH Honduras

Tegucigalpa, M.D.C., 1 de diciembre de 2014. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inicia hoy su visita a Honduras. La presencia de la CIDH –máximo órgano de protección y promoción de derechos humanos del continente americano–, demuestra su particular interés e inquietud por la situación en el país.

En este marco, las organizaciones firmantes manifestamos:

Primero: A partir del golpe de Estado ocurrido en el año 2009, la institucionalidad democrática continúa fragilizándose. Las autoridades siguen sin reconocer la ruptura del orden constitucional; la mayoría de las violaciones de derechos humanos cometidas en dicho contexto se mantienen impunes; y las estructuras de poder (como la Corte Suprema de Justicia y el Ejército), que facilitaron el golpe de Estado, no han sido sancionadas. La independencia judicial todavía es un anhelo cada vez más lejano debido al alineamiento del poder legislativo y judicial con lo que dicta el poder ejecutivo.

Segundo: Paulatinamente se ha venido fortaleciendo el poder militar en detrimento del poder civil. En la actualidad, diversas instituciones públicas son dirigidas por militares como por ejemplo: la Dirección de Migración, Aeronáutica Civil, HONDUTEL, Registro Nacional de las Personas, entre otras. Adicionalmente, el gobierno creó la policía militar de orden público y ahora pretende darle rango constitucional, aun cuando se ha denunciado su participación en violaciones de derechos humanos.

Tercero: Las cifras de violencia no han disminuido, pese a nuevas disposiciones que modifican el método para establecer la cantidad de muertes violentas y que impiden el acceso a la información pública, según datos del Observatorio Nacional de la Violencia del año 2013, ocurren 79 muertes violentas por cien mil habitantes. La impunidad sobre este tipo de hechos es casi total (92%).

Cuarto: Si bien se han aprobado planes de acción en materia de derechos humanos, estos no se están implementando. Por ello Honduras está en deuda con la garantía plena de los derechos de todos y todas sus habitantes. En particular, preocupa la discriminación y exclusión de los pueblos indígenas, de los afrodescendientes –reflejado en el despojo de sus territorios y con el riesgo, entre otras cosas, de que estos pueblos desaparezcan; la violencia contra las mujeres, las niñas, las personas jóvenes, así como la discriminación y violencia en contra de las personas de las comunidades lésbicas, gays, trans, e intersex. También es preocupante la criminalización y persecución de defensores y defensoras de derechos humanos; las condiciones inhumanas que enfrentan las personas privadas de libertad; las amenazas y asesinatos contra quienes ejercen la libertad de expresión, así como contra operadores de justicia que han demostrado honradez y transparencia en sus trabajos.

Quinto: La visita de todos los integrantes de la Comisión Interamericana constituye una oportunidad valiosa para que el Estado hondureño rinda cuentas sobre sus actuaciones pasadas y presentes, pero principalmente para que informe sobre sus planes de cómo va a abordar las diversas problemáticas que aquejan al país.

La sociedad civil organizada da la bienvenida a la CIDH y espera que se continúe brindando un seguimiento cercano a Honduras, así como que se establezcan recomendaciones encaminadas a cambios estructurales que permitan mejorar la situación de los derechos humanos de todos y todas las hondureñas.

Consideramos que las nuevas autoridades del Estado de Honduras deben aprovechar la visita de la CIDH como una oportunidad para que, en estricto apego de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, se construya la institucionalidad democrática que tanto necesita el país.

Organizaciones firmantes:

Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)

Asociación LGBT Arcoiris

Asociadas por lo Justo (JASS)

Asociación Para una Vida Mejor de Personas Infectadas/Afectadas por el VIH-SIDA en Honduras (APUVIMEH)

Casa Alianza Honduras

Centro de Derechos de Mujeres (CDM)

Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEMH)

Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH)

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)

Comité por la Libre Expresión (C-Libre)

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)

El Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT)

El Frente Amplio del Colegio de Profesionales de Educación Media de Honduras (COPEMH)

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ)

Foro de mujeres por la Vida

La Red de Mujeres de Ojojona

Movimiento Diversidad en Resistencia

Movimiento Ambientalista de Santa Bárbara (MAS)

Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla

Periodista asesinado en Olanchito había recibido amenazas

Ago 15, 2014

Nery Soto era conocido como un hombre tranquilo, sin enemigos, amoroso, servicial y cristiano. Era conocido y admirado además por su papel de comunicador en Olanchito, Yoro; sin embargo, compañeros aseguran que los periodistas en esta ciudad son constantemente amenazados cuando se tocan ciertos temas, y Nery no fue la excepción.

Nery Francisco Soto Torres de 32 años, fue ultimado a balazos anoche en la ciudad de Olanchito. Su alcalde, José Tomás Ponce asegura que este municipio últimamente es conocido como el tercero más violento del país.

Soto Torres regresaba de trabajar a eso de las 10:00 pm, hora en que habían suspendido el servicio eléctrico, por lo que estaba todo a oscuras cuando fue atacado a balazos por varios sujetos que al parecer lo estaban esperando.

Wilberto Sánchez, coordinador de fiscales del Ministerio Público dijo a Radio Progreso que estaban por descartarse los móviles de robo, por riña de enemigos y por el ejercicio del periodismo. Sánchez asegura que aún falta realizar más investigaciones pero que hasta ahora manejan un solo móvil, sin embargo no lo dio a conocer.

Desde el 2003 el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) contabilizó 46 asesinatos de comunicadores, la mayoría periodistas, pero incluye también otros trabajadores de medios de comunicación. Más del 90% de los asesinatos de comunicadores siguen impunes.

El último periodista hondureño asesinado había sido Herlyn Espinal de 33 años, en Santa Rita, en el mismo departamento de Yoro.

Por los hechos violentos que van en aumento, en Olanchito actualmente se está realizando un proyecto de Observatorio de la Violencia con ayuda de la Unah y organizaciones de la sociedad civil, involucrando la alcaldía y las fuerzas del orden público.

Amenazas

Roder Acosta, compañero periodista de Nery en canal 23 de Olanchito, asegura que el asesinato de Nery es un mensaje que quieren mandar “porque nosotros mantenemos a la población informada de una manera transparente”.

Acosta informó que ya entre 3 y 4 periodistas del canal habían sido amenazados de diversas formas, por mensajito, por whatsapp y por llamadas al aire. En ese ambiente hostil muchas veces tocaron temas de narcotráfico y corrupción política.

“Se han manejado varias informaciones que a veces quieren callar, cosas que se ven y no quieren que salga a la luz, hay cosas que uno no puede manejarlas porque o le amenazan la familia o a uno y nunca se averigua. Pedimos al presidente de la república que haga algo, porque aquí no hay confianza en la autoridad, la gente no quiere colaborar con la policía porque rápidamente los delincuentes saben quiénes los denunciaron, temen por su vida”, contó Acosta.

Sin embargo, hay varias personas que no creen que el asesinato sea por el ejercicio del periodismo. Mari Padilla, representante de la sociedad civil de Olanchito asegura que esto es un golpe duro para todo el pueblo y que fue algo muy inesperado.

“Sentimos indignación, impotencia, dolor, condenamos esto como sociedad civil, como amigos, hermanos. Lo triste es que no hay investigación, no hay respuestas, el dolor queda allí.

Yo no creo que venga la muerte por ser periodista. No hay claridad,  hasta este momento no quisiera prematuramente decir nada”, expresó.

Otro que descartó que el asesinato fuera por el ejercicio de periodismo fue el alcalde, José Tomás Ponce asegurando que Nery no tenía enemigos y que “no se metía con nadie”.

Por su parte, el sacerdote Hugo Lemus, de la parroquia en Olanchito expresó que no es de extrañar que este hecho sí esté vinculado al ejercicio del periodismo pues Nery era conocido como un comunicador imparcial y justo con sus comentarios.
“Nos pone a pensar sobre el papel del periodismo que no se ha rendido y sigue siendo fiel a la verdad. También nos pone a cuestionar la autoridad que no ha logrado brindar paz y seguridad a la sociedad”, dijo.

Muertes en la oscuridad

Mari Padilla asegura que en Olanchito hay un asesinato cada vez que se va la luz y esto es algo que ya no se aguanta en la ciudad. Así como asesinaron a Nery, en plena oscuridad, han asesinado a mucha gente, afirman los pobladores.

Roder Mendoza, dice resignado que al no haber confianza en las autoridades y al haber tantas precariedades, como estos fallos en el servicio de la energía eléctrica, solo queda encomendarse a Dios y saber cuidarse solos.

Ley de protección a periodistas

El Congreso hondureño analiza un proyecto de ley para proteger a periodistas, abogados y activistas de Derechos Humanos por ser particularmente vulnerables.

La socialización para la aprobación de la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia continúa. Las organizaciones de sociedad civil  presentaron un documento con recomendaciones, previo a la sanción de dicha ley en el Congreso Nacional en el que solicitan una legislación menos “policiaca”.

La directora del Centro de Estudios de la Mujer de Honduras (CEMH), Suyapa Martínez, indicó que una de las propuestas hechas es la descentralización del órgano rector de la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

El comunicador Roder Mendoza asegura que hasta no ver no creer, ya van muchos periodistas asesinados y falta mucho para parar la violencia en el país.

El Secuestro de Vallecito, Honduras: Palma africana y petróleo.

El rapto de integrantes de la OFRANEH el pasado jueves 17 de julio, no fue más que una notificación de desalojo girada en contra de los Garinagu de Vallecito, por la elite que controla la costa norte de Honduras, en especial el corredor comprendido entre la bahía de Trujillo y la Moskitia.

Hasta el año de 1993, nuestro pueblo ejerció la propiedad comunitaria en la franja desde la desembocadura del río Aguan hasta la Laguna de Bacalar. En ese año, Miguel Facusse se apoderó en forma dolosa de la estratégica Punta Farallones. Casi simultáneamente una invasión de supuestos campesinos inducida por el General Castro Cabus se apoderó de río Miel, parte del hábitat funcional de la comunidad de Punta Piedra.

La expansión de la frontera de los agrocombustibles abarcó la franja costera, apareciendo en ese entonces las comunidades mestizas de Icoteas y Plan de Flores, las que se fueron poblando con trabajadores de las plantaciones de la palma, en su mayoría provenientes del interior del país.

Para 1994 la restante continuidad territorial dejó de existir, al ir Facusse  apoderándose de los terrenos  entre Vallecito y Punta Piedra, los cuales los Garifunas usábamos para la siembra de cocos y yucales a la orilla del mar. Por otro lado comenzó un frente de colonización en el río Sico, promovido por el Instituto Nacional Agrario (INA) para servir de amortiguamiento social al descalabro causado por la contra reforma agraria iniciada en el año de 1992.

El “modelo de desarrollo” a través de las plantaciones de agrocombustibles por el cual viene apostando Honduras, implica una acumulación de tierras en manos de una reducida elite empresarial cuya visión no difiere de la aplicada en el Congo belga a inicios del siglo pasado. Desde la plantaciones del grupo Numar (departamento de Atlántida) hasta  las de Facusse, Reinaldo Canales y René  Morales Carazo (departamento de Colón), impera una explotación inmisericorde de la mano obra y un uso extensivo de agrotóxicos, además de desecar buena  parte de los humedales costeros del país y de contaminar los mantos freáticos.

 

Narcotráfico y emporios palmeros

En la costa norte existe desde hace décadas circula el incesante rumor de la utilización  de las carreteras existentes entre las plantaciones de palma africana como pistas de aterrizaje. Los medios de comunicación hondureños han registrado en múltiples ocasiones durante los últimos 20 años, desde accidentes hasta decomisos en las plantaciones.

A partir de junio de 2009, se incrementó el arribo de aeronaves provenientes de Sudamérica, al mismo tiempo que los niveles de violencia se dispararon en el país. Honduras se convirtió en el epicentro del  trampolín del narcotráfico, sustituyendo a Guatemala como el eje ma´s importante para los diversos carteles vinculados al  trasiego de estupefacientes.

Al mismo tiempo que se incrementó el narcotráfico, las plantaciones de palma fueron multiplicándose a lo largo de la costa, especialmente en lugares reconocidos por su biodiversidad. Los humedales circunvecinos a las lagunas de Tocamacho y Bacalar fueron descombrados y posteriormente inundados  de palma africana.

Petróleo en el mar  caribe  y humedales costeros.

A partir de 1920 se dio inicio a la exploración de petróleo en Honduras, cuando se perforó el primer pozo en Omoa, Cortes. Pero es hasta la década de los años 90 que se produce entre  200 a 300 barriles diarios en el pozo Main Cape, localizado en la plataforma continental de la Moskitia.

El año pasado el Estado de Honduras firmó un contrato con el grupo British Gas (BG), concediéndole una superficie de 35mil kilómetros cuadrados de la plataforma marítima. El contrato fue realizado sin haber efectuado una consulta, previa, libre e informada con los pueblos indígenas que habitamos en la Moskitia.

Existen bastos yacimientos de petróleo a lo largo de la costa Caribe Mesoamericana. En la actualidad la compañía US Capital, se encuentra perforando en el Parque nacional Sarstum Temash, al mismo tiempo que del lado de la frontera de Guatemala la compañía Compañía Petrolera del Atlántico (CPA) ha perforando un pozo. Mientras, en Honduras y Nicaragua se efectúan exploraciones en la plataforma marítima del mar Caribe.

En Honduras se conoce la existencia de una serie de filtraciones de petróleo en la superficie de los humedales, entre ellos los del río Miel, colindantes con Vallecito. Desde la década años 90, existen rumores sobre la existencia de hidrocarburos en la franja entre la laguna de Guaimoreto y la de Bacalar, situación que ha generado fuertes presiones territoriales sobre las tierras de las comunidades Garífunas.

Palma, petróleo y narcotráfico se han convertido en la razón primordial para impulsar la expulsión del pueblo Garífuna de nuestro territorio ancestral, de las comunidades de los Departamentos de Colón y Gracias a Dios. Mientras la empresas turísticas se disputan las playas de la Bahías de Tela y Trujillo.

En nombre de un supuesto desarrollo, Honduras viene siendo subastada y entregada a supuestos “inversionistas extranjeros”, encontrándonos los  Garifunas y el resto de los hondureños secuestrados por una minoría parasitaria que ha venido saqueando el país desde hace décadas; y son los mismos que se encargaron de defenestrar el poder ejecutivo en el 2009, se apoderaron de la Corte Suprema en el 2012, y tomaron por asalto el Ministerio Publico en el 2013.

La lucha por el territorio de Vallecito es la lucha por la vida, ya que esta zona se ha convertido para el pueblo Garífuna en uno de sus pilares territoriales, ante el sistemático despojo territorial que se viene dando a lo largo y ancho de la costa Garifuna. Además ante el inexorable avance de la erosión costera, la zona se convierte en uno de los posibles lugares de relocalización para comunidades afectadas, especialmente aquellas que se encuentran ubicadas en cordones litorales.

Es por esta razón que la OFRANEH exige al Estado hondureño, asegurar la libre movilización y transito del pueblo Garifuna en nuestro territorio, sin que nosotros nos sentamos asediados, que se asegure el respeto a las tierras y territorios del pueblo Garifuna,  ademas asegure la integridad física de los miembros de la OFRANEH pero sobre todo que se inicie un verdadero proceso de restitución del Estado de Derecho en este país devastado por la pobreza, afectado por el mayor índice de criminalidad en el planeta, donde se están entregando para explotación y saqueo los bienes comunes de nuestro país al mejor postor, se pone en riesgo la seguridad alimentaria al privilegiar la producción de monocultivos en vez de la producción de granos básicos, donde enfrentamos el mayor índice de asesinatos de comunicadores sociales, la alta impunidad, y la indefensión de los defensores y defensoras de derechos humanos.

Hacemos un llamado para sumarse a la solicitud de Alerta, emitida por Amnistía Internacional, la cual se puede contactar en el siguiente url

http://www.amnestyusa.org/sites/default/files/uaa18514.pdf

Dado en la Comunidad de Sambo Creek a los 23 días del mes de Julio del 2014

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

A 39 años prevalece impunidad en masacre de Los Horcones

http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1128-a-39-a%C3%B1os-prevalece-impunidad-en-masacre-de-los-horcones

Fue una noche del 25 de junio de 1975, cuando producto de la lucha campesina, 14 personas fueron asesinadas en la hacienda Los Horcones, Olancho, hecho que hasta le fecha continúa en la impunidad como la mayoría de sucesos en nuestro país.

Esa noche hace 39 años, el terrateniente Manuel Zelaya, padre del expresidente del mismo nombre, autorizó al Sub teniente Benjamín Plata para que se instalara en la hacienda Los Horcones con un grupo de militares. El Mayor Enrique Chinchilla, fue contratado para eliminar a los dirigentes campesinos organizados, que realizaban una movilización desde Santa Clara a Tegucigalpa para demandar el acceso a la tierra.

Esta es una de las matanzas más crueles que registra la historia del agro hondureño. La masacre tuvo como principales protagonistas a las Fuerzas Armadas, al gobierno de Juan Alberto Melgar Castro y terratenientes de la zona, entre ellos Zelaya.

Previo al múltiple crimen, los campesinos organizaron varias movilizaciones, entre ellas: la toma de los juzgados de varias ciudades, el desarrollo de concentraciones masivas con interrupción de tráfico en carreteras y se había anunciado una protesta nacional para el 25 de junio de 1975.

El 25 de junio, catorce personas se dirigían a Tegucigalpa, para participar en la movilización contra el hambre, que consistía en la exigencia dirigida al gobierno para que hiciera el reparto de tierras improductivas entre jornaleros.

Pero una noche antes, los campesinos de Olancho pernoctaron en Juticalpa y pasaron la noche en el Centro de Capacitación Santa Clara, en donde agentes del Departamento de Investigación Nacional (DIN), sacaron violentamente a los que se encontraban adentro y los llevaron a la hacienda Los Horcones donde los torturaron y luego asesinaron.

Como parte final de la tortura, les quitaron la vida y arrojaron sus cuerpos a un pozo de 40 metros, que después se cerró con la explosión de dinamita, esto, para eliminar las pruebas.

Responsables

Al pasar el tiempo, la exigencia de justicia tomó fuerza en las organizaciones populares, por esta razón se presionó para que se iniciarán las investigaciones.

Sobre el crimen, los tribunales de justicia encontraron culpables al Mayor José Enrique Chinchilla, Subteniente Benjamín Plata y a los terratenientes José Manuel Zelaya Ordóñez y Carlos Bahr, quienes fueron remitidos a la penitenciaría Central. A pesar de eso salieron libres en 1980 favorecidos por un indulto otorgado por el gobierno.

“Exigimos que se haga justicia, pero lamentablemente la impunidad continúa, el poco tiempo que los responsables estuvieron presos, no es suficiente para lo que hicieron y para el dolor que nos causaron al quitarnos a nuestros familiares”, dijo con tono de decepción Glenys Estrada hermana de Ruth García Mayorquín, quien fue asesinada en esta masacre.

“Hasta le fecha en Juticalpa, siempre hacemos una movilización conmemorativa, en donde llevamos las fotografías de las 14 personas asesinadas y exigimos justicia, pero todo quedó en un simple recuerdo,” siguió argumentando Estrada.

Paradójicamente el gobierno creó un decreto para que el 25 de junio se registre la fecha bajo el acuerdo legislativo 47-2004 y se establezca como el “Día de los Héroes por la Justicia Social en Honduras”. Pero por otro lado no se retoma el caso y no se busca aplicar la ley a los responsables de esa brutal matanza.

Las víctimas de la masacre responden a los nombres de: Casimiro Cypher, padre Iván Betancourt, Máximo Aguilera (padre del dirigente de la Democracia Cristiana, Lucas Aguilera), Lincoln Coleman, Bernardo Rivera, Francisco Colindres, Fausto Cruz, Roque Ramón Andrade, Arnulfo Gómez, Ruth Mayorquín, María Elena Bolívar, Alejandro Figueroa, Juan Benito Montoya y Oscar Ovidio Ortiz.

A 39 años, parece que el suceso quedará en la impunidad y como un simple recuerdo para la clase política gobernante, que lejos de buscar retomar el caso y aplicar la justicia, siguen colaborando para dejar libres a las personas que criminalizan la lucha campesina en el país.

Below is a translation from an article written by Marvin Palacios that originally was posted to COFADEH’s defensoresenlinea.com/

Alert of a possible violent eviction at Finca Paso Aguán

The Gregorio Chavez Campesino Movement alerts the national authorities as well as organizations defending human rights and the international community about a possible eviction that they could suffer in the coming days. There are about 300 families living on the Paso Aguán farm, near the Panama community, municipality of Trujillo, in the north of the country.

The announcement was made by Jaime Cabrera coordinator of the Agrarian Platform which brings together men and women leaders of the 18 peasant movements fighting for the right to cultivate the land in the Lower Aguán, department of Colón.

“We are announcing an eviction in the coming days, we only ask the Government to do their part and not allow bloodshed in this community, on this farm,” alerted Cabrera.

The leader said that they sent a number of documents to the government in which they denounce the human rights violations committed in the Panama community since 2010, including the number of murders that have occurred, the disappearance of peasants, rape of women by security guards, and allegations of environmental damage caused by the Dinant Corporation owned by the landowner Miguel Facussé.

“There’s been tremendous violations and we told the government, review the document that we sent to the minister, if the minister does see it because sometimes these documents they carry them and then put it in the dresser, but never deliver them. Review that document Mr. President and sit with us even for just 10 minutes so we can dialogue, we are not criminals and murderers so don’t be afraid of us. If Tegucigalpa calls us, we will go because we want freedom for our community and recovery of our land,” said Cabrera.

Meanwhile Glenda Chavez, daughter of Gregorio Chavez who was murdered by security guards of Corporación Dinant on July 12, 2012 said that if the eviction of some 300 families living on the Paso Aguán farm occurs, “we will not give up, we will continue struggling to regain the land.” Chavez demanded that the authorities intervene to avoid more bloodshed.

Chavez continued, “I told Colonel Joel Martínez (Commander of the Xatruch III Task Force) make no mistake, think through your plans well, because we from the Human Rights Observatory will be in front of the fight, documenting everything you do to our compañeros, and now, this eviction that they say is supposedly coming to this community of Panama, we are on the lookout,” Chavez is also a member of the International Human Rights Observatory of the Aguán.

Government wants to divide the Agrarian Platform

Meanwhile, Jaime Cabrera also reported that the Government of Juan Orlando Hernandez is trying to cause division in the Agrarian Platform in order to hinder the plans of rural communities to obtain a plot of land to support their families.

“Our biggest concerns are that the government is attempting to see to it that the peasant groups are not united, not implementing an Agrarian Platform, because here we had a visit from the minister this May where he said that no one had to support another movement, because now you are on your land, you must be working on your land.

“But no one is giving into the desire of the minister or the government, because we remain united, whatever the case our situation is not that. We are prepared that if the peasant movement needs the support of the Agrarian Platform, we will be there waiting, at the lead of the struggle with each of them, “maintained the peasant leader.

Despite having precautionary protective measures granted by the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), Jaime Cabrera was subjected to cruel, inhuman and degrading treatment by police and military personnel, when on May 21st of this year, hundreds of families of the Authentic Campesino Reclamation Movement of the Aguán (MARCA) were brutally evicted from the lands of La Trinidad and El Despertar by contingents of the police and military, land which the lawyer Antonio Trejo had managed to legalize for this movement, but that the Supreme Court of Justice (CSJ) reversed last year.

Cabrera was arrested by police and military during the violent eviction. One of the men in green, placed the barrel of a gun in his left ear and threatened to kill him. Also, as he was led into the back of the police pickup and while handcuffed, he was kicked and suffered beatings with sticks.

The brutal eviction produced 15 arrests, including children, the elderly and men (and women), several of whom were seriously injured with fractures as a result of the brutality with which the police and military forces acted in the area.

Lawyer and human rights defender Antonio Trejo, who also had been awarded measures of protection, was killed by gunmen in the capital of the Republic on June 29, 2012. Trejo had achieved it that hundreds of families of MARCA could remain in possession of the land in the cooperatives San Isidro, Trinidad and Despertar.

It’s not only the police and military, integrated into the Xatruch Task Force which operates in this sector, who violate human rights in the Aguán, but also security guards working for Corporación Dinant owned by Miguiel Facussé, they have been identified as perpetrators of brutal crimes and disappearances against peasants.

Judicial officers do not escape the accusations, it was observed that the judge who executed the eviction order which were staged in the Despertar and Trinidad cooperatives (in this case a public prosecutor from Trujillo) stated that the victims of repression did not present visible lesions on their bodies.

A team of human rights defenders of the Committee of the Relatives of the Detained and Disappeared in Honduras (COFADEH) who visited the area recently, collected testimonies from farmers who were brutally beaten by the Xatruch military operation.

A soldier placed a tear gas bomb inside his shirt of one of the victims burning his skin, another, a minor, was kicked and beaten with clubs until he fainted. Men and women have reported this type of cruel, inhuman and degrading treatment after being captured by the police. This happened in the eviction last May 21.

The Gregorio Chavez Campesino Movement demands an end to the repression, thr violence, the violent evictions and persecution of their leaders. They request the state to release of the Paso Aguán farm that is close to the Panama community and say they do not want anything handed to them, they are willing to negotiate and purchase the farm land.

Acusan de sedición a periodista hondureña

Tegucigalpa, Honduras

Un tribunal de justicia de Intibuca, al occidente de Honduras, acusó a la periodista Albertina Paz, corresponsal de Radio Progreso en ese departamento, de sedición por haber divulgado un comunicado de una organización de indígenas lencas.

El Comité por la Libre Expresión, una organización de intelectuales y periodistas, denunció este día que Paz está citada por el juzgado de Letras de la ciudad de Intibuca para el martes 24 para que responda por los delitos de sedición contra la seguridad del Estado.

En Intibuca los lencas mantienen una abierta confrontación con el goberante partido Nacional, porque lo acusan de imponer a un alcalde en la comunidad de San Francisco de Opalaca, donde en las elecciones generales de noviembre pasado ganó un indígena.

Lo único que hizo la periodista fue divulgar la posición de los lencas a través de Radio Progreso, una emisora de la Compañía de Jesús, que tiene su sede principal en la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, al norte del país.