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El caso Tumbador suma en la larga lista de impunidad en el Aguán

El equipo del Cofadeh visitó a Marta Julia López esposa de Ciriaco Muñóz

Tocoa, Colón.

En un sector tan violento donde los defensores y defensoras de derechos humanos arriesgan las vidas para defender los derechos de los campesinos y campesinas, la impunidad gana terreno cada día que pasa.

Se trata de la zona del Aguán localizada en el departamento de Colón al norte de Honduras. El 15 de noviembre de 2010, guardias de seguridad que trabajaban para el terrateniente Miguel Facussé asesinaron a 5 campesinos en la finca de palma africana conocida como Tumbador.

Un fallo emitido por el tribunal de justicia dictó sobreseimiento provisional para los supuestos victimarios, aumentando con ello la desconfianza en la aplicación de justicia y perpetrando la impunidad de los victimarios en el Bajo Aguán.

Un equipo de procuradoras de derechos humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) que visitó la zona, constató que la Fiscalía no presentó ningún recurso de apelación para contrarrestar la decisión del tribunal, proporcionando libertad para quienes dispararon y mataron a 5 campesinos.

Las consecuencias de estos hechos han derivado en situaciones precarias para las familias de las víctimas, cuando las viudas perdieron la fuente de ingresos que proporcionaban sus compañeros de hogar y en el presente afrontan grandes dificultades para alimentar a sus hijos e hijas que quedaron sin padres.

Uno de esos casos es de María Concepción Membreño, esposa de Teodoro  Acosta. Cuando su compañero de hogar fue asesinado, su hijo menor apenas tenía 10 meses de nacido y ahora después de 4 años lucha por la vida para alimentar a sus 5 hijos.

Membreño dijo a defensoresenlinea.com que los que mataron a su marido fueron guardias de seguridad del terrateniente Miguel Facussé y que esa muerte junto a la de otros cuatro campesinos, cegó las intenciones de recuperar tierras y los anhelos de cultivar para sobrevivir.

“Uno de pobre, por eso es que necesita las tierras para cultivar, porque yo soy pobre y para mí es difícil todo esto, yo ya no soy como antes como cuando él estaba (Teodoro Acosta), encuentro todo diferente y no tengo amparo de nadie, solo de Dios”, expresó con tristeza Membreño que vive con sus hijos e hijas en una pequeña parcela de tierra en la comunidad Guadalupe Carney, municipio de Trujillo, en el departamento de Colón.

María Concepción Membreño dando declarciones al periodista Marvin Palacios

La situación que vive María Concepción Membreño no difiere mucho de las otras cuatro viudas que demandan justicia al Estado de Honduras, al perder a sus compañeros de hogar en condiciones violentas y a manos de guardias de seguridad, que de acuerdo a denuncias operan con total impunidad en el Aguán.

A cuatro años de los trágicos eventos para estas familias campesinas, el caso se encuentra en un punto muerto, no hay avances y mucho menos, esperanzas de alcanzar justicia.

En febrero de 2014 la organización internacional Human Rights Watch publicó un informe sobre Honduras titulado: “‘Aquí no hay investigaciones’: Impunidad de homicidios y otros abusos en el Bajo Aguán, Honduras”.

Las autoridades hondureñas no han investigado adecuadamente la ola de homicidios y otros abusos presuntamente vinculados a conflictos por la tierra en la región del Bajo Aguán, señaló Human Rights Watch.

El informe examina 29 homicidios y dos privaciones ilegales de la libertad ocurridos en el Bajo Aguán desde 2009, así como violaciones de derechos humanos cometidas por soldados y policías. Human Rights Watch determinó que fiscales y policías ignoraron sistemáticamente medidas de investigaciones oportunas y exhaustivas que permitieran esclarecer estos delitos, y dicha omisión ha sido reconocida en entrevistas por fiscales, policías y militares hondureños.

“Incluso tratándose de un país con alarmantes niveles de violencia e impunidad, la situación en el Bajo Aguán es particularmente grave”, observó José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. “La ausencia de las medidas más básicas para llevar a los responsables de crímenes ante la justicia, ha perpetuado un clima de impunidad que estimula nuevos delitos, e incrementa la desconfianza en las autoridades”.

En ninguno de los 29 homicidios documentados por Human Rights Watch en el Bajo Aguán se ha dictado condena, según surge de información proporcionada por funcionarios gubernamentales. Solamente un caso llegó a juicio: El asesinato de cinco campesinos, ocurrido en noviembre de 2010.
Pero en enero de 2013 se dictó el sobreseimiento provisional hasta que se presentaran nuevas evidencias, luego de que la justicia no encontrara elementos suficientes para seguir adelante con la causa, y desde entonces no se ha reanudado. Se trata del caso conocido como Tumbador, ocurrido en Trujillo, departamento de Colón.

En 13 de los 29 homicidios y privación ilegal de la libertad que investigó Human Rights Watch, las evidencias apuntaban a la posible intervención de guardias de seguridad privada. Los guardias privados están sujetos a las leyes nacionales sobre uso de la fuerza y están obligados a respetar los derechos de los ciudadanos.

Las investigaciones de casos en que las víctimas indicaron que había guardias privados involucrados han estado marcadas por reiterados errores y omisiones, como situaciones en que los fiscales no exigieron los registros laborales donde consta qué guardias estaban trabajando cuando se cometió un delito.

Debido a la presunta participación de guardias de seguridad que trabajan para empresas agroindustriales del Bajo Aguán en delitos vinculados a conflictos por tierras, la Oficina del Ombudsman (CAO) —el mecanismo de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Internacional (IFC)— ha iniciado una investigación sobre préstamos otorgados por esta última a la Corporación Dinant, propiedad del terrateniente Miguel Facussé.

La IFC, organismo de préstamo al sector privado del Banco Mundial, cuenta con normas sobre las prácticas de sus clientes relativas a contratación, utilización y supervisión de guardias de seguridad privada, en particular ante denuncias creíbles de abusos. La Corporación Dinant indicó a Human Rights Watch que realiza investigaciones internas de todas las denuncias de abusos que afectan a su personal y coopera plenamente con las autoridades en relación con cualquier denuncia penal.

El informe del Ombudsman del Banco Mundial, que se difundió en enero de 2014, identificó graves problemas en el modo en que el personal de la IFC había manejado la situación, que incluyeron subestimar los riesgos relativos a seguridad y conflictos por tierras, y no actuar con la debida diligencia a pesar de que se había planteado públicamente la situación relativa al proyecto y los riesgos que suponía. Según concluye el informe, el personal de proyectos de la IFC tampoco informó a otros especialistas de IFC en este tipo de riesgos ambientales y sociales sobre los problemas que sabían que estaban sucediendo. La IFC ha reconocido públicamente que hubo falencias en la implementación por la IFC de sus propios estándares.

Durante su gobierno, de 2010 a 2013, el presidente Porfirio Lobo adoptó ciertas medidas tendientes a mitigar los conflictos por tierras en el Bajo Aguán a través de mediación y compra de tierras. Pero, en general, la estrategia de su gobierno para abordar la violencia en la región consistió en incrementar la presencia de fuerzas de seguridad y atribuir su origen a grupos delictivos. No obstante, esta estrategia no contribuyó a reducir los delitos ni mejorar la rendición de cuentas, sostuvo Human Rights Watch en su informe-

El gobierno del presidente Lobo tampoco adoptó medidas preventivas para proteger a personas que se encontraban en riesgo a causa de conflictos por tierras en el Bajo Aguán, incluso en casos en que las evidencias sugerían de manera persuasiva que era probable que se produjeran hechos de violencia. En al menos dos ocasiones desde 2010, fueron asesinadas personas que previamente habían sido beneficiadas formalmente con “medidas cautelares” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en razón de las actividades que desarrollaban en el Bajo Aguán, y que exigían al gobierno hondureño brindarles protección inmediata.

Estas víctimas fueron un periodista y un activista campesino. En un tercer caso, un abogado de derechos humanos a quien el gobierno hondureño había prometido protección fue asesinado. Ninguna de estas tres víctimas contaba con protección del gobierno en el momento en que fueron asesinadas, concluyó Human Rights Watch.

En otras instancias de amenazas creíbles a comunidades o personas, los funcionarios no han investigado los hechos ni han ofrecido medidas de protección efectivas. Reiteradamente en 2013, militares en la región agravaron el riesgo al cual estaban expuestos ciertos activistas que trabajan en el Bajo Aguán, al hacer declaraciones difamatorias y cuestionar la credibilidad de su trabajo.

Incumplimiento de consulta previa en proyectos mineros genera violencia

Jun 13, 2014

Una carta llegó a la comunidad de Nueva Esperanza y otras comunidades del sector Florida en Tela, Atlántida. Procedía de la Honduras Mining Company, pidiendo el derecho de paso de servidumbre para un proyecto minero que pretenden instalar en la aldea Carmen colindante con Nueva Esperanza. La comunidad encendió las alertas de nuevo, hace apenas un año un proyecto minero les había quitado la paz montaña arriba.

El derecho a la consulta previa, libre e informada es muy poco conocido en las comunidades del interior del país. Procesos organizativos en el departamento de Atlántida (uno de los más ricos en minerales y agua) han intentado luchar por el mismo y antes que un proyecto, ya sea hidroeléctrico o minero, se instale, están exigiendo toda la información necesaria para que desde su autodeterminación, el pueblo tome la decisión de dejarlo pasar o detenerlo.

Ese día en que el empresario Gustavo Urrutia, minero conocido en el sector por instalar proyectos mineros sin consultar, la comunidad de Nueva Esperanza montó vigilancia y colocó una pancarta en la entrada de la aldea que decía: el agua y los territorios son de los pueblos.

Doña Evangelina y don Enrique recuerdan que no hace mucho, el proyecto minero de otra empresa llamada La Victoria, les causó muchos problemas. La policía confabulada con el empresario los intimidaba, llegó a disparar en la tranca que ellos habían colocado para evitar el paso de los camiones, y varias personas tuvieron que huir de la comunidad para sobrevivir ante amenazas a muerte. A manos de empleados del empresario de la zona, en Nueva Esperanza se dio la privación de libertad de 5 extranjeros observadores de derechos humanos que apoyaban la lucha contra la minera en ese entonces.

Ayer se llevó a cabo el seminario “Derecho a la consulta previa y la defensa de los territorios” organizado por la Convergencia por los derechos humanos zona noroccidental, en la que especialistas explicaban la normativa nacional e internacional para el desarrollo de un proyecto extractivo y los derechos de las comunidades. Doña Evangelina estuvo allí escuchando atentamente junto a otras mujeres y jóvenes del sector.

El expositor Pedro Landa, miembro de la Coalición de Redes ambientalistas de Honduras explicó la nueva Ley de Minería y en su análisis concluyó que según esta normativa, la consulta ya no tiene que ser tan previa. “si la consulta no se realiza en plazo (60 días), la solicitud está aprobada directamente. Y si el resultado de la consulta es negativo, se puede volver a realizar dentro de 3 años.  ¿Pero por qué no se aplica lo mismo para el caso que se acepte, que cada tres años se pueda volver a  realizar?”, dijo Landa. Todo esto contradiciendo tratados internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio 169 de la OIT.

“Existen mecanismos de protección internacional ante los organismos de Naciones Unidas que exigen  la consulta y  consentimiento libre, previo e  informado de los pueblos cuando se ven afectados, y hacen énfasis en los proyectos de explotación de bienes naturales. Esta exigencia va incluso  cuando se llevan a cabo medidas legislativas (nuevas leyes), incluso del rango constitucional”, explicó la abogada Ivania Galeano de la Convergencia por los derechos humanos.

Falta de consulta previa provoca violencia

San Juan Pueblo del municipio de La Masica, Atlántida es una comunidad muy conocida a nivel nacional, especialmente por la crisis de temblores que sufrió el año pasado. Por esta comunidad pasa una falla geológica que atraviesa la cordillera Nombre de Dios donde además hay múltiples áreas protegidas por ser productoras de agua. Aun así las comunidades han sido alertadas por solicitudes de concesión para explotación minera e hidroeléctrica.

El padre Marco Ayala, párroco de San Juan Pueblo, Atlántida, también participó en el seminario “Derecho a la consulta previa y la defensa de los territorios” y concluyó que es necesario que estos talleres lleguen a las bases, a los líderes comunitarios.

Ayala escuchó atentamente a Landa quien explicaba que la nueva Ley de Minería en la que los minerales son catalogados como bienes mercantiles y no naturales presenta muchas trampas para beneficiar la explotación minera. Por ejemplo, explicó Landa, el artículo 48 dice que en ningún caso se otorgarán  permisos mineros en  las áreas protegidas declaradas e inscritas  pero de las 117 áreas protegidas declaradas, solo el 8% están inscritas.  Lo mismo con las zonas productoras de agua, tienen que estar inscritas, y el ICF les cobra a las comunidades por hacerlo (aunque debería ser gratis).

La Masica es un municipio rico en fuentes de agua, vida silvestre y tierra productiva.

El sacerdote cuenta que en San Juan Pueblo, la falta de consulta previa ha generado tal violencia que por el conflicto minero ya hay 8 personas asesinadas. La comunidad de Betania, montaña arriba ha sido codiciada por dos empresas mineras que han puesto en confrontación a la comunidad y alrededor de 30 familias han sido desplazadas por el conflicto. Los proyectos aún no se desarrollan.

“Las normas sobre la consulta previa son violadas en estos proyectos, se meten a la brava y cuando supuestamente socializan el proyecto continúan haciendo las mismas cosas que antes invitando solo a los que están de acuerdo dándoles regalitos y eso es contrario a las leyes. El proyecto actual es de extracción de piedra de hierro, primero un señor apellido Rojas se introdujo a la montaña, sin tener el consentimiento de la municipalidad ni del pueblo pero tenía documentos de la Serna (Secretaría de Recursos Naturales). Se introdujo a la brava, cercó el camino, y generó violencia”.

En su participación en el seminario, Landa explicaba que a partir de la nueva Ley de Minería se han dado 19 conflictos mineros de esta envergadura. Y que la llamada “narco minería” está agarrando fuerza, junto con el sicariato y crímenes de terror, para paralizar a la comunidad.  Al plantearle la situación al gobierno de Porfirio Lobo Sosa, Landa dijo que la respuesta fue que era algo normal en los proyectos mineros.

La ley establece que una persona podrá tener 10 concesiones. Estos mineros de San Juan Pueblo ya son conocidos por solicitar varias concesiones en el sector. Landa explicó que el 45% de las solicitantes de concesiones son hondureños, luego buscan los socios en el extranjero. Los empresarios  extranjeros son los dueños, pero piden a un hondureño que solicite la concesión a cambio de regalías: velo corporativo para evadir las  responsabilidades jurídicas.

Y es que en la práctica, el Estado parece favorecer a los concesionarios por encima de los derechos de las comunidades.

“Como iglesia nosotros nos sentimos involucrados, hemos convocado a caminatas por la paz rechazando este tipo de violencia y responsabilizando a los entes involucrados en el conflicto. Eso nos ha traído amenazas. Yo no tengo miedo porque no hago nada malo lo que hago es defender y  darle la información necesaria a la gente.”

Comunidades indígenas también han sido afectadas por la falta de consulta previa y los conflictos que se generan a raíz de esto. Un ejemplo es el caso de Locomapa, Yoro en el que indígenas Tolupanes han sido asesinados y amenazados por su defensa del territorio ante proyectos mineros que se quieren establecer en sus montañas.

La justicia aún no ha llegado luego del asesinato de tres Tolupanes indígenas que eran defensores de bienes naturales; María Enriqueta Matute de 60 años, Armando Fúnez Medina y Ricardo Soto Fúnez en San Francisco Locomapa, Yoro. Los responsables materiales e intelectuales no han sido capturados.

El crimen ocurrió el 25 de agosto del 2013 a las 5:30 de la tarde, cuando los tres indígenas pertenecientes a la tribu San Francisco, fueron asesinados con armas de fuego, cuando estos realizaban acciones en defensa de su territorio ante la explotación ilegal de los recursos naturales en la zona.

A pesar que se ha reconocido por medio de testigos los responsables de este crimen, la policía no ha dado el seguimiento correspondiente a la investigación de estas muertes, los testigos indican a Selvin Fúnez y Carlos Matute como los responsables, ellos supuestamente estaban al servicio del Consejo Indígena y de empresarios mineros que explotan antimonio en los territorios de estas tribus y debido a la oposición que realizaban estas tres personas, los victimarios les quitaron la vida.

Después de estos hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ordenó medidas para proteger a 38 personas de la comunidad, sin embargo el Estado no responde y la comunidad plantea la posibilidad de recurrir nuevamente ante estas instancias para exigir justicia para los indígenas Tolupanes.

Desde los años 90 hasta la actualidad se han contabilizado 43 asesinatos en la comunidad de los Tolupanes, según un recuento realizado por Juan Mejía del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

Municipios libres de explotación minera

El padre Ayala es de la idea de que al tener toda la información de las contrapartes, las decisiones que el pueblo tome serán en beneficio de todos y todas. Con experiencias cercanas como la de Balfate en Colón, o la de El Negrito en el departamento de Yoro, que han sido declarados municipios libres de explotación minera. La Masica quiere seguir un camino y al hablar con el alcalde actual, la comunidad corroboró que hay apertura para que el pueblo decida.

“El alcalde actual del municipio de La Masica nos ha dicho que está disponible a apoyar la lucha y si las comunidades quieren declarar el municipio libre de minería lo va a hacer. Para eso hay que darle una información amplia a la gente, en las dos partes, en los desastres que ocasiona la explotación minera y los beneficios que podría generar también”, dijo Ayala.

Sin embargo, Landa explicó que las leyes de Honduras no están hechas para este tipo de iniciativas. “No pueden establecerse zonas del territorio que quedan excluidas de la minería, sin cumplir con el procedimiento legal  correspondiente, dice la ley ¿Pero  cuál es el procedimiento correspondiente? No se sabe.  ¿Y cómo quedan las declaratorias de municipios libre de minería?  La ley se lo pasa por encima. Los abogados de las empresas mineras se agarran de este artículo para todo”.

Si las leyes nacionales no contemplan la consulta previa, las organizaciones exigen que se cumplan las leyes y tratados internacionales y han llevado el tema de consulta previa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También pretenden presentarlo  dentro del Examen Periódico Universal y aprovechar los mandatos de Naciones Unidas.  Han solicitado al Consejo de derechos humanos de la ONU  que brinde una opinión sobre el no cumplimiento de los Convenios a  partir de esta ley de minería, esto puede tener impacto.

“Es importante hacer todas las acciones legales para demostrar que el  sistema interno no funciona”, concluyó Landa.

Congresistas de EE.UU. piden al Departamento de Estado que presione a Honduras

Publicado: 30 may 2014 | 5:30 GMTÚltima actualización: 30 may 2014 | 5:34 GMT

Congresistas de EE.UU. piden al Departamento de Estado que presione a Honduras

Más de 100 miembros de la Cámara de Representantes de EE.UU. se han dirigido al secretario de Estado, John Kerry, para que presione a Honduras con cortarle la financiación por la situación denunciada por expertos respecto a los DD.HH.
Los congresistas piden revisar las condiciones en las que Washington desembolsa la ayuda a Tegucigalpa y “asumir un papel más activo”, asegurando que los derechos humanos se respeten en el país latinoamericano. El Departamento de Estado debe “presionar” específicamente en defensa de los grupos vulnerables, entre los cuales la petición destaca a la comunidad LGBT, a coordinadores laboristas y activistas indígenas y campesinos.
Lo primero que debería hacer EE.UU. es dejar de seguir dando dinero a las organizaciones que son los peores violadores de los derechos humanos

“Lo primero que debería hacer el Gobierno de Estados Unidos es dejar de seguir dando dinero a las organizaciones que son los peores violadores de los derechos humanos: la Policía y los militares”, expresó a RT la profesora universitaria de Antropología, Adrienne Pine.

Los congresistas se muestran preocupados en su petición por los casos de palizas a manifestantes y algunos miembros del Congreso Nacional. Aluden a la atmósfera de amenazas en Honduras y suponen que el rumbo actual podría empeorar aún más el respeto de los derechos humanos, pero en realidad no indican la raíz del problema.

“Ahora, con la Administración de Juan Orlando Hernández, se ha impuesto una policía militar y el país está totalmente militarizado”, sugiere la investigadora. “EE.UU. tiene que dejar de apoyar esa política para que paren las violaciones gravísimas y diarias de derechos humanos que están pasando aquí”.
http://actualidad.rt.com/actualidad/view/129622-congreso-eeuu-apoyo-derechos-honduras

 

Raíces históricas de la fortuna de Miguel Facussé Barjum

 http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2011060412

En los años 70, Miguel Facussé logró montar en Honduras una pequeña fábrica de detergentes y jabones conocida como Químicas Dinant,con el apoyo de la banca privada internacional y con los créditos de la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI), creada por el Estado en 1974 como parte de la estrategia para consolidar el nuevo Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI).

 

Miguel Facussé había establecido una sólida amistad con los gobiernos militares de facto, lo que le permitió conseguir el aval solidario del Estado a través de la CONADI, y algunos préstamos bancarios por 2.529.397 lempiras del Bank Of América y 11.239.318 lempiras del Lloyds Bank International, para hacer un capital de 13.768.715 lempiras, en ese tiempo casi 7 millones de dólares.

Con ese capital expandió su pequeña industria y la registró como “Quimicas Dinant de Centro América S.A .” También fundó la empresa Comercial e Inversiones Galaxia S.A. de C.V. ambas garantía hipotecaria de la deuda con CONADI.

A finales de los 70 Miguel Facussé se integró a un consorcio empresarial conocido como Asociación para el Progreso de Honduras (APROH), cuyos socios eran un grupo de empresarios y coroneles entre ellos Gustavo Álvarez Martínez.

Los miembros directivos de esta organización eran Gustavo Álvarez Martínez (Presidente), Miguel Facussé Barjum (Vicepresidente), Oswaldo Ramos Soto (Secretario), Bernard Cassanova (Tesorero), José Rafael Ferrari (Presidente de divisiones), Paul Vinelli (Secretario de finanzas), Rafael Leonardo Callejas (Desarrollo económico), Osmond Maduro (Asuntos educativos) y los vocales Roy Smith, Emin Abufele, Rafael Valle, Francisco Guerrero, Marcial Solís, Andrés Víctor Artíles, Matilde Manueles, Juan Marinakys, Aquiles Izaguirre, Eduardo Aragón, Armando Erazo, Emilio Larach, Armando Fuentes, Angel Martínez Reyes, Rafael Cruz López, Israel Rodríguez y Adán Benítez.

Durante la década de los 80, los cuerpos de inteligencia militar de Honduras orientaron la seguridad nacional a la caza de dirigentes políticos de oposición, líderes sindicales y estudiantiles y miembros de un incipiente movimiento revolucionario de Honduras y de paises vecinos. Para realizar este trabajo los militares tenían cuerpos de investigación que no usaban uniformes e infiltraban fácilmente los grupos sociales organizados.

Pero también necesitaban una fachada para la labor. El coronel Alvarez Martínez, entonces jefe policial, y Facussé Barjum, junto al cuerpo de coroneles y empresarios de APROH, analizaron la situación referente a las revoluciones de Nicaragua y El Salvador, así como el crecimiento de la oposición y descontento popular en Honduras, y acordaron facilitar el consorcio de APROH al servicio de inteligencia como estructura de encubrimiento en las investigaciones a los opositores identificados entonces como “comunistas”, guerrilleros ó “cabezas calientes”.

También APROH al cabo de un tiempo acordó la transición de gobiernos militares a gobiernos electos democráticamente para evitar una revolución. Con este propósito, en 1980 impulsaron la Asamblea Nacional Constituyente. En 1981 se eligió a Roberto Suazo Córdova como presidente de Honduras y en 1982, a Gustavo Álvarez Martínez como Jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras. Estos eventos llevaron a Miguel Facussé a convertirse en confidente del Jefe de las Fuerzas Armadas y consejero económico de la presidencia. Desde entonces, este empresario mantiene estrechas relaciones con los círculos gubernamentales de Honduras.

Como consejero económico de la presidencia, Facussé Barjum convenció a Roberto Suazo Córdova que la manera de fortalecer la democracia era mejorando la economía nacional. La formula para esto era evitar la fuga de divisas y dicha fuga se podía lograr convirtiendo la DEUDA EXTERNA de Honduras EN DEUDA INTERNA.

La conversión de la deuda externa por interna –según el “consejero”- mediante las “acreedurías”, es decir que el Estado pagara todos los activos que debían las empresas por él avaladas a bancos extranjeros y adquiriera los activos y títulos valores de éstas.

Posteriormente, el Estado debería pasar los activos de estas empresas creadas con capital nacional a la empresa privada mediante la venta de dichas empresas en subastas públicas. Con la venta de dichas empresas el Estado recuperaría su inversión y los empresarios podrían exportar y traer divisas frescas porque estas ya no quedarían en los bancos extranjeros.

Las empresas estatales estaban insertas en la CONADI, COHDEFOR, BANADESA Y COHBANA. En CONADI existían activos distribuidos en 68 empresas deudoras y avaladas por un monto de 496,8 millones de lempiras, entre ellas Quimicas Dinant y Empresa de Inversiones Galaxia de Miguel Facussé Barjum.

A partir del 26 de septiembre de 1985, mediante el decreto ejecutivo N. 161-85, se legaliza la privatización de las empresas del gobierno. Esta se llevaría a cabo a través de subastas públicas y compra de acreedurías, previo avalúo de los bienes de cada empresa. Las subastas públicas se realizaron de 1986 a 1988, pero fueron un fracaso porque los activos fueron subvaluados y las empresas compradas a precios inferiores a su valor e incluso en algunos casos se aceptó pagarés por activos.

En el caso de Miguel Facussé, cuando inició la subasta de las empresas de CONADI, le recordó a la junta directiva que él aportaba un 10% de capital sobre exportaciones al capital de base de la Corporación y como tal tenía derecho al pago de participación industrial. Fundado en esto, y mediante una alianza con el presidente ejecutivo de la CONADI Jorge Epaminondas Craniotis Garrido, logra que la Corporación le extienda Certificados de Participación Industrial que no estaban vencidos, (deuda futura a valor presente), por un valor de 3.388.306 lempiras.

CONADI, siendo aval de Quimicas Dinant de Centro América, se convirtió en deudor de Bank Of América y Lloyds Bank International por 13.768.715 lempiras; y así de simple, Quimicas Dinant quedó sin deudas. La misma alianza con Epaminondas Craniotis, le permitió a Comercializadora Galaxia S.A., propiedad de Miguel Facussé, comprar la empresa Mejores Alimentos de Honduras a CONADI, mediante un pagaré, a cambio de los activos de dicha empresa por un valor de 25. 175.428 lempiras con 7 centavos. Sin embargo, Facussé en lugar de honrar su deuda adquirida por GALAXIA con CONADI, el 19 de enero de 1988, mediante el instrumento legal N. 3 y ante el abogado y notario Marco Tulio Hernández Reyes, y con la complicidad del gerente de Mejores Alimentos Darío Humberto Hernández, y del presidente ejecutivo de CONADI Epaminondas Craniotis, reconocieron la existencia de obligaciones recíprocas por la prestación de servicios y suministros y acordaron resolver las mismas por la vía extra judicial.

Las obligaciones y los acuerdos concertados consistían en el reconocimiento de Mejores Alimentos de tener una deuda por la suma de 27.397.108 lempiras con 10 centavos con Quimicas Dinant de Centro América y Comercial de Inversiones Galaxia. Asímismo, Galaxia reconoció tener una deuda por la compra de Mejores Alimentos a CONADI por la suma de 25.175 .428 lempiras con 7 centavos.

En consecuencia, “las partes de común acuerdo aceptan las compensaciones de créditos otorgados, y de este modo Mejores Alimentos fue entregada a Miguel Facussé para saldar una deuda con sus empresas. Por su parte, Facussé, “en aras del espíritu de conciliación y con el propósito de solventar los problemas mediante una solución negociada”, le condonó la diferencia de 2.217.680 lempiras con 3 centavos a CONADI.

El 6 de Junio de 1988, la junta directiva de CONADI demandó a la empresa Galaxia de Facussé por considerar ilegal el instrumento N. 3, en el que se fundó la transacción, proque no fue conocido y aprobado en sesión ordinaria de la junta, según reglamento de CONADI. Se presentó por parte de la defensa de Facussé una excepción dilatoria de transacción, y no contestó la demanda.

El 13 de agosto de ese año, el juez que conoció el caso Rubén Darío Núñez declaró a lugar la excepción alegada por Inversiones Galaxia, la sentencia del juez Núñez fue apelada, pero los magistrados Justo Abel Gálvez, Héctor Efraín Fortín Pavon y Juan Roberto Murillo ratificaron la decisión del juez Núñez.

A partir de 1989, la privatización de Honduras continuó bajo la modalidad de acreedurías, sistema mediante el cual el gobierno autorizó al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) comprar las acciones de CONADI; y el banco estatal a su vez pagó los préstamos que las empresas de CONADI tenían con los bancos del extranjero, convirtiendo así la deuda externa en deuda interna.

El 29 de septiembre de 1990, mediante Decreto de Ley N. 106-90 se creó la Ley para la cancelación y liquidación de CONADI, haciendo énfasis en que se debía proceder por la vía judicial contra los que cometieron actos dolosos contra CONADI. En enero de 1991, el Procurador General de la República Leonardo Matute Murillo acusó criminalmente a Miguel Facussé Barjum, Jorge Epaminondas Craniotis, Darío Humberto Hernández y Rubén Darío Núñez, por los delitos de Estafa, Fraude, Malversación de Caudales Públicos y Prevaricato en perjuicio de CONADI. El caso no prosperó y Matute Murillo fué destituido de su cargo.

Facussé se convirtió en fiel aliado del gobierno de Rafael Leonardo Callejas, a quien después persuade de modernizar el agro hondureño como la mejor opción para enfrentar la crisis económica. En 1992, BANADESA condonó las deudas agroindustriales argumentando que eran impagables, y que únicamente generaban trabajo administrativo. En dichas condonaciones también se incluyeron los dineros de CONADI pagados por BANADESA a bancos extranjeros y que ahora le debían los empresarios.

Ese mismo año, la Junta Liquidadora de CONADI rindió su último informe y desapareció. El caso contra inversiones Galaxia fue a casación y el abogado Oswaldo Ramos Soto, entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, en sesión del pleno falló a favor de Miguel Facussé Barjum.

A partir de 1993 se muestra la fuerza de los negocios que nacieron como pequeñas industrias y ahora tenían patentadas y distribuían en toda Centro América las marcas Colgate, Palmolive, Fresca, Churritos Fiestas, Naturas, Élite, Maseca, Tredia y otras. Todas estas marcas las agrupó en la “CORPORACIÓN CRESSIDA”. Según datos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), que declaró a Facussé hombre del año en 1993, la fortuna de este hombre ascendía a los 2 mil millones de lempiras.

En 1994 concertó una negociación con las marcas internacionales “COLGATE y PALMOLIVE” y vendió las patentes por 40 millones de dólares. Con la entrada en vigencia de la Ley para la Modernización Agrícola, a partir de 1994 incursiona abiertamente en el mercado de tierras. Los cooperativistas del Valle del Aguán fueron sus primeras víctimas.

Con la nueva disposición legal por lo menos 40 cooperativas se desintegraron y Miguel Facussé les compró sus tierras cultivadas de palma africana a precios muy bajos. Él las siguió explotando y descubrió que la exportación de aceite de palma multiplicaba sus ganancias. Esto lo motivó a fundar las empresas Luxes Agrícola de Honduras y Agroinvasa, dedicadas exclusivamente a expandir la producción de Palma Africana.

Esto llevó a Facussé a acaparar más y más tierra para cultivar palma africana, incluso mas allá del valle y de los límites del Aguan. Inició enfrentamientos con grupos étnicos garífunas con quienes se disputa tierras en Limón, Vallecito y Punta Piedra. Los garífunas se sienten amenazados con la pérdida de tierras ancestralmente cultivadas por ellos, pero ahora pretendidas por Miguel Facussé.

Para 1996 las empresas de Aceite de Palma estaban en casi toda la costa norte y extendían su dominio territorial desde Punta Sal en Tela, Atlántida hasta el Valle de Sico, en las cercanías de la biósfera del Río Plátano. Ese mismo año le propuso al presidente Carlos Roberto Reina emprender un “Gran Plan de Transformación Nacional” con una inversión extranjera de 20 mil millones de dólares. Sin embargo, las propuestas de este plan fueron vistas con recelo por las razones siguientes: Se orientaban básicamente a la adquisición de tierras por extranjeros en las costas y fronteras.

Extrañamente, el Congreso Nacional inició la discusión para reformar el artículo 107 constitucional, que es el impedimento legal para que extranjeros compren tierras en estos sitios. La instalación de la línea férrea que poponía el plan “casualmente” pasaba por todas sus propiedades, y la instalación de una refinería de petróleo en Trujillo sería el abastecedor de combustibles a sus industrias.

Finalmente, la construcción de una represa en el Río Patuca, una zona de Reserva Mundial sería un negocio para vender energía a Centroamérica administrado por la empresa privada. Además, se observa sospechósamente que en lugares donde hay actividades empresariales de Miguel Facussé entre 1996 y 1998, ocurrieron tres asesinatos de líderes ecologistas que se opusieron al avance de las empresas de Corporación Cresida.

La primera de estas muertes fué la de la ecologista Janet Kawas, asesinada dos días después de participar en una marcha de protesta contra los depredadores del Parque Ecológico y Zona Protegida Punta Sal. Miguel Facusse fué cuestionado por el cultivo de palma africana en El Isopo, territorio que compró dentro de la zona protegida.

El segundo asesinato fue el del ecologista y líder político Carlos Alfonso Escaleras Mejía, muerto el 18 de octubre de 1997. Escaleras se opuso a que Facussé instalara una planta procesadora de Palma Africana en las riveras del Río Tocoa del Valle del Aguán, alegando que lo contaminaría. Testimonios de personas y uno de los autores materiales del asesinato ya capturado involucran en la autoría intelectual de este crimen a Miguel Facussé, quien ya ha sido llamado a los tribunales, pero él ha ignorado el llamado del juez.

El tercer asesinato fue el del líder ecologista Carlos Luna, el 18 de mayo de 1998. Luna se oponía a la construcción de la represa en la zona de reserva del Río Patuca. Este proyecto era impulsado por Facussé como parte de su gran Plan de Transformación Nacional. Paralelamente a estos hechos, el empresario Facussé, desde 1998, con la llegada de un sobrino suyo a la presidencia de la República, inició conversaciones con la transnacional Anglo Holandesa UNILEVER para venderle las marcas de productos que distribuye Corporación Cresida, y la venta se concertó en diciembre de 1999. A partir de entonces, CRESIDA es UNILEVER en Honduras.

Posteriormente, Miguel Facussé fue acusado por los familiares de Carlos Escaleras por considerarlo el autor intelectual del asesinato de su pariente y no dijo nada. Igualmente mantuvo silencio sobre un proceso de la fiscalía del medio ambiente por contaminar fuentes acuíferas de la capital. La juez Ana Pineda, encargada de conocer el caso el 29 de noviembre de 2000, ordenó la captura de Miguel Facussé. Él no dijo nada, pero la Juez Ana Pineda fue SEPARADA de su CARGO y la ORDEN de CAPTURA fue REVOCADA.

Below is an English translation of the communiqué read at the press conference convened by the Agrarian Platform today, May 27, 2014, at Cooperativa Elga, where they denounced the illegal and violent evictions against peasant families of the Authentic Peasant Reclamation Movement of the Aguán (MARCA ) last May 21.

Evictions and Violations of Human Rights of Peasant Families in the Bajo Aguán Continue

Given the violent events that occurred on May 21 in peasant cooperatives in the Bajo Aguan the Agrarian Platform communicates to the Honduran people , the international community and national and international media the following communication :

1. We strongly condemn the violent and illegal evictions executed by members of Operation Xatruch under Colonel René Jovel Martínez, the National Interagency Force ( Fusina ) under the orders of Germán Alfaro Escalante and the security guards of René Morales against peasant families organized in the cooperatives El Dispertar and La Trinidad of the Authentic Peasant Reclamation Movement of the Aguan ( MARCA) .

2. That, on June 29, 2012, Attorney Jose Antonio Trejo improved the position of the peasant families in the cooperatives San Isidro, La Trinidad, and El Despertar, after a final judgment issued by the Supreme Court in favor of the peasants, but on September 22 of the same year he was killed in a sector of Tegucigalpa. In September 2013 the farmers of Cooperativa San Isidro were evicted. 20 months later the repressive forces of the State and the private guards of René Morales stripped the cooperative members of El Despertar and La Trinidad. These acts only reflect the manipulation of weak Honduran justice and the impunity enjoyed by landowners Miguel Facusse , René Morales, and Reinaldo Canales.

3. That, on May 2st, during the violent and illegal eviction, 15 people were arrested including children, pregnant women, and the elderly, and peasant leaders who had been granted precautionary measures by the Inter-American Commission on Human Rights ( IACHR) last May 8 were severely beaten by security forces.

4. That, 24 hours after the violent eviction was executed in the cooperatives LA Despertar and La Trinidad where the heavily armed security guards of the company Oleopalma participated, Dinant corporation representative Roger Pineda said in international media, that they had disarmed the security guards of Dinant , but that they would support the construction of a military base (on their farms) for security.

5. We demand respect for the possession of the lands of the families of the Gregory Chavez Peasant Re-foundation Movement who have been in the process of recuperating the Paso Aguan farm since 5 May.

6. Urgently request the Inter-American Commission on Human Rights to demand that the government of Honduras respect and comply with the precautionary measures granted to 123 men and women peasant leaders of the Bajo Aguan , as well as resolve the source of human rights violations of the peasants.

7. That, the agricultural and food crisis in our country is a result of the LAW OF MODERNIZATION AND DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR (of 1992) approved by President Rafael Leonardo Callejas, as pure politics against organized peasant sectors, which has been expressed through violent evictions and the lack of support for the development of national agriculture.

8. We demand solidarity from domestic and international human rights defenders to remain vigilant and demand respect for the universal rights of peasants struggling for access to land in the Bajo Aguán.

Given in the city of Tegucigalpa 27th day of the month of May, 2014 by the Agrarian Platform, It was attended by 22 media outlets:

1- Radio Cadena Hondureña de Noticias
2- Radio Nacional
3- Radio Globo
4- Radio Progreso
5- CB24 Costa Rica
6- Tele Sur
7- Contra Censura Independiente
8- La Tribuna
9- El Heraldo
10- Canal 50
11- Canal 9
12- Canal 6
13- Canal 11
14- Canal MVC-75
15- Maya TV
16- CCI News
17- Tras La Verdad
18- Hoy Mismo Canal 3
19- TN5
20- Noticiero Mi Nación
21- Globo TV
22- Hondudiario

CIDH condena asesinato de defensor de derechos humanos en Honduras

28 de mayo de 2014

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2014/062.asp

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato en Honduras del defensor de derechos humanos Orlando Orellana, Presidente del Patronato de la colonia Cerrito Lindo, jurisdicción de San Pedro Sula, quien era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH en 2005. La Comisión urge al Estado a investigar este asesinato, y a procesar y sancionar a los responsables.

La información presentada a la CIDH y también de conocimiento público disponible indica que el 4 de mayo de 2014, el señor Orellana, de 75 años, se dirigía a la casa de un vecino para atender asuntos de la comunidad cuando habría sido aproximado por un taxi del cual se habrían bajado dos sujetos que le dispararon. El Sr. Orellana se desempeñaba como presidente del Patronato de la colonia, cargo que habría asumido luego del asesinato de la antigua presidenta Orfilia Figueroa el 26 de marzo de 2012. De acuerdo con la información que dio origen a la medida cautelar, los pobladores de la colonia Cerrito Lindo mantienen una disputa por la propiedad de lotes de tierra que habrían adquirido de una empresa local. Al conocer de la ilegalidad de la venta, habrían emprendido acciones legales y de protesta con el fin de resolver la disputa sobre los terrenos. A raíz de estas acciones, varios pobladores de la colonia habrían sido víctimas de diversos actos de violencia como desalojos violentos, amenazas de muerte y asesinatos vinculados al reclamo de sus derechos.

La CIDH otorgó medidas cautelares el 20 de abril de 2005 a favor de los pobladores de la colonia Cerrito Lindo, cuya vigencia fue reiterada el 26 de abril de 2012. No obstante, según la información recibida, desde 2005 habrían ocurrido cuatro asesinatos de pobladores de la comunidad, todos beneficiarios de medidas cautelares, sin que a la fecha dichos hechos hayan sido esclarecidos.

La Comisión expresa su alarma por las amenazas y ataques a los que continuarían siendo sometidos los miembros de la colonia, en particular los integrantes de la Junta Directiva del Patronato, así como por la alegada falta de implementación efectiva de las medidas cautelares. La CIDH recuerda que es obligación del Estado conducir una investigación oportuna, de oficio, orientada al esclarecimiento de las circunstancias en que ocurrió la muerte del Sr. Orellana y, de ser el caso, identificar y sancionar a los responsables. Dicha investigación debe ser emprendida con debida diligencia de manera exhaustiva, seria e imparcial. Asimismo, la Comisión insta al Estado de Honduras a adoptar en forma inmediata y urgente todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los demás miembros de la colonia Cerrito Lindo, tal y como lo plantea la medida cautelar aún vigente.

Como ha señalado la Comisión anteriormente, los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan. La Comisión recuerda asimismo que la labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia. En este sentido, la CIDH insta al Estado a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que las y los defensores de derechos humanos puedan realizar sus actividades de denuncia, acompañamiento y protección, libres de ataques u actos de violencia que pongan en riesgo su vida, su integridad y su seguridad.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Summary of Human Rights Issues and Events in Honduras (April 2014)

Please find here our latest Summary of Human Rights Issues and events in Honduras, for March 2014.

Please find below the main items of this summary:

  • Honduras featured in a number of reports by international organizations: IACHR, PBI Honduras, Global Witness.
  • Government under criticism for continued failure to implement IACHR precautionary measures and for proposal to withdraw them from some beneficiaries.
  • Carlos Mejía Orellana of Radio Progreso, recipient of IACHR precautionary measures, was found dead with multiple stab wounds at his home in El Progreso, Yoro on April 11.
  • Impunity, threats, and intimidation continue against journalists throughout Honduras.
  • Four lawyers killed so far this year, an average of one a month.
  • Threats and intimidation against opponents of mining in La Nueva Esperanza continue, despite IACHR precautionary measures.
  • Murderers of three Tolupans in Locomapa, Yoro continue at large in the community despite IACHR precautionary measures.
  • COPINH members subject to murder allegations
  • World Bank Loan to Facussé’s Dinant Corporation under strong scrutiny.
  • Defense lawyer for José Isabel ‘Chabelo’ Morales lodges an appeal following guilty verdict.
  • Case of four judges sacked in 2010 for opposition to the coup was referred to the Inter-American Court.
  • Supreme Court ruled that the trial of the ex-commander of the COBRA Special Forces, Elder Madrid Guerra, and five other police officers should continue – for illegal detention and ill-treatment of anti-coup protesters.
  • Eight police officers will be tried for the death in custody of Mario Sequeira Canales.
  • The size of the PMOP (Public Order Military Police) will double in May. TIGRES trained by U.S. and Colombian instructors in April.
  • UN Special Rapporteur on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography presented preliminary findings of her mission.
  • Controversy generated by ‘Guardians of the Homeland’ scheme for children at risk.
  • Fierce debate on proposal to lift ban on emergency contraceptive pills.
  • Government forms commission for the protection of people displaced by violence – 17,000 Hondurans forced to flee their homes since 2008.
  • UNHCR survey shows that 5% of Honduran migrants leave their country because of threats and insecurity, amid reports of the dangers of the journey to the US.
  • National Lawyers Guild report on November 2013 Elections in Honduras cites serious problems that undermine claims that the election was “free and fair” and “transparent.”
19 de Mayo de 2014

Estado de Honduras pide perdón por asesinato de ambientalista

Redacción La CIDH sentenció a Honduras al considerar que fue intencionalmente de garantizar el derecho a la vida de Carlos Luna.

Tegucigalpa, Honduras
http://www.elheraldo.hn/pais/710811-331/estado-de-honduras-pide-perd%C3%B3n-por-asesinato-de-ambientalista

El Secretario de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Rigoberto Chang Castillo, en nombre del Estado de Honduras, encabezó este lunes la ceremonia en la que pidió perdón a los familiares del ambientalista Carlos Antonio Luna López, quien fue asesinado el 18 de mayo de 1998 en Catacamas, Olancho.

El acto se realizó en atención a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que establece que el Estado hondureño es internacionalmente responsable por la violación del deber de garantía del derecho a la vida. Chang Castillo dijo que Carlos Luna fue un Quijote en Honduras porque luchó contra grandes intereses “sabemos que no hay palabras para consolarlos pero ustedes deben sentirse orgullosos del padre que tuvieron”. Asimismo reiteró que el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández es respetuoso y cumplidor de los derechos humanos.

“Pido perdón especialmente a su viuda e hijos por lo que ha pasado, sabemos que si como Estado hubiéramos cumplido con la Ley y se le hubieran dado las garantías, su muerte no hubiera ocurrido”, reconoció el funcionario hondureño. Chang Castillo expresó que hechos como el ocurrido a Carlos Luna no deben repetirse en el país porque el Estado no se puede dar el lujo de que lo estén demandando por violaciones a los derechos humanos.

Por su parte, César Luna, dijo “para nosotros es bien difícil recordar ese momento y por eso exigimos al Estado de Honduras que cumpla con la sentencia y proceda contra los responsables que siguen libres, porque nosotros seguimos sufriendo por la pérdida de nuestro padre y mientras haya impunidad seguirá este dolor”. Luna exigió que esa deuda de impunidad que existe sea reparada con la captura de los culpables. “Han sido 16 años muy difíciles en los que hemos sido víctimas no solo como hijos sino como compañeros en su lucha y Honduras necesita líderes como él, con compromiso, convicciones y honestidad”.

Sin embargo, Luna aseguró que la ceremonia de perdón es muy oportuna y aunque es un acto simbólico ayuda para que el Estado mejore, ya que es un acto de humanidad muy importante. Además de la ceremonia de perdón, la sentencia de la CIDH ordenó que el Estado como medida de rehabilitación debe brindar gratuitamente y de forma inmediata el tratamiento psicológico que requieran las víctimas, previo consentimiento informado y por el tiempo que sea necesario, incluida la provisión gratuita de medicamentos. Asimismo establece que se debe presentar un informe anual donde se indiquen las acciones que se han realizado para implementar una política pública efectiva para la protección de los defensores de derechos humanos, en particular de los defensores del ambiente.

En la ceremonia de perdón estuvieron presentes el ministro de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización Rigoberto Chang Castillo, la viceministra del ramo, Karla Cueva, el Procurador General de la República Abraham Alvarenga, la Fiscal de Derechos Humanos Soraya Morales, la representante de las Naciones Unidas, Consuelo Vidal y un representante de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente.

OEA » Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) » Prensa » Comunicados» 2014 » 056

Comunicado de Prensa

CIDH expresa preocupación por muertes violentas de niños, adolescentes y jóvenes en un contexto de inseguridad ciudadana en Honduras

14 de mayo de 2014

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación por las muertes de niños, adolescentes y jóvenes ocurridas recientemente en Honduras, los cuales se inscriben en un contexto generalizado de violencia e inseguridad ciudadana en el país.

De acuerdo con información pública, el 4 de mayo habría tenido lugar un incidente de violencia en el Centro Pedagógico de Rehabilitación El Carmen, San Pedro Sula, en el que resultaron muertos cinco adolescentes presuntamente vinculados a la pandilla denominada “mara 18”, quienes fueron atacados con armas de fuego de grueso calibre. Las circunstancias en que estas armas ingresaron al centro penal, así como la identidad de los atacantes y su eventual filiación a una pandilla rival están siendo objeto de investigación. Asimismo, de acuerdo a información recibida anteriormente, el 2 de octubre de 2013, en el mismo centro penal, habría tenido lugar otro ataque con armas de fuego contra adolescentes detenidos vinculados a la “mara 18”, en el que no hubo víctimas fatales. De acuerdo a las autoridades, este incidente también habría sido ocasionado por miembros de una pandilla rival.

Al mismo tiempo se observa que los niños y adolescentes también se encuentran en riesgo en sus comunidades, el 4 de mayo de 2014, cuatro niños de entre dos y trece años fueron asesinados a puñaladas en su casa, en el municipio de Limón, en el noreste del país, por causas que aún están bajo investigación.

Asimismo, el 5 de mayo del 2014 fueron hallados los cadáveres de dos niños en edad escolar que fueron secuestrados, torturados y asesinados, en el barrio La Pradera, en San Pedro Sula. De acuerdo con información de público conocimiento, sumarían ocho los niños secuestrados y asesinados en este barrio, en similares circunstancias. Las autoridades y los vecinos del lugar atribuyen la responsabilidad de estos crímenes a la actividad de las pandillas o maras, y a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran debido a la inseguridad ciudadana.

La Comisión Interamericana destaca que estos hechos se inscriben en un contexto generalizado de violencia e inseguridad ciudadana que coloca a niños, niñas y adolescentes en una posición de particular vulnerabilidad. La CIDH observa que de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Crimen (UNODC), Honduras es el país del mundo con la tasa más alta de homicidios (90.4 por cada 100,000 habitantes). De acuerdo con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, entre 2010 y 2013 al menos 458 niños menores de 14 años habrían muerto en circunstancias violentas en el país; y según ha informado la organización Casa Alianza, en los primeros tres meses del presente año han sido asesinados 271 niños, niñas y jóvenes menores de 23 años.

Las políticas públicas sobre seguridad ciudadana se relacionan con la creación o consolidación de una institucionalidad estatal que proporcione respuestas eficaces y eficientes a las demandas de una sociedad democrática en esta materia, sobre todo en temas prioritarios como la atención a las víctimas de la violencia y el delito. Este deber de protección es aún mayor en el caso de personas menores de 18 años, quienes además se encuentran protegidos de manera específica por normas vinculantes que obligan a los Estados a otorgar un nivel de protección especial. En particular cuando éstos/as se encuentran bajo custodia del propio Estado, en cuyo caso éste debe asumir su posición especial de garante con mayor cuidado y responsabilidad.

La Comisión Interamericana condena el asesinato de niños, niñas y adolescentes en Honduras y considera que este grave problema debe ser asumido como una prioridad por el Estado. En este sentido, la CIDH subraya la importancia de investigar de manera pronta, diligente e imparcial estos hechos y aplicar las sanciones penales que correspondan, de manera de evitar la impunidad y la repetición de hechos similares. Asimismo, deben adoptarse las medidas urgentes que sean necesarias para prevenir la ocurrencia de hechos similares, y para proteger de manera particular a aquellas personas que se encuentran en una situación particular de vulnerabilidad, y los defensores y defensoras de derechos humanos que trabajan en este ámbito. La ausencia de intervenciones eficientes y eficaces del Estado frente a los desafíos de la seguridad ciudadana genera un sentimiento de frustración y desprotección en amplios sectores de la población, lo que afecta seriamente la convivencia en una sociedad democrática y la vigencia del Estado de Derecho.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Director de Casa Alianza golpeado brutalmente por la Policía de Honduras

http://conexihon.info/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos/director-de-casa-alianza-golpeado-brutalmente-por-la

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El director de Casa Alianza en Honduras, José Guadalupe Ruelas, fue golpeado brutalmente anoche por elementos de la Policía de Honduras y se encuentra hospitalizado en un centro asistencia privado de la capital hondureña.
De acuerdo con la información oficial proporcionada por la organización protectora de los y las menores en riesgo social, Ruelas había salido de un evento en las cercanías de Casa Presidencial, cuando ocurrió el hecho.
CONEXIHON intentó comunicarse con el titular esta organización, sin embargo, no ha sido posible. En declaraciones a otros medios locales detalló que motociclistas uniformados lo bajaron de su automóvil, lo insultaron, lo golpearon y arrastraron sin motivo alguno.
El lamentable incidente ocurre en momentos en los que Casa Alianza denuncia el asesinato de más de 352 menores de 23 años en lo que va de este gobierno.
Ruela, denunció, “un incremento paulatino” del número de niños asesinados en el país y aseguró que la estrategia seguida hasta ahora por el Gobierno de Hernández para reducir la violencia no ha dado resultados positivos.
“Hoy los niños de Honduras no pueden jugar en las calles porque son víctimas de la violencia”, dijo Ruela, al tiempo que señaló que en el país centroamericano “hay gente muy rica (que no identificó) a costa de la sangre de los niños y niñas pobres”, expresó en declaraciones a periodistas.
La fiscalía hondureña investiga la muerte en las últimas semanas de al menos ocho niños, entre ellos dos hermanos, en una barriada popular de la norteña ciudad de San Pedro Sula, que las autoridades presumen fueron asesinados porque se negaron integrar las pandillas.
El pasado fin de semana, un hombre, que fue enviado a prisión el martes, asesinó a cuchilladas a cuatro hermanos de entre 2 y 13 años en su casa situada en la comunidad de Limón, departamento caribeño de Colón.
El más reciente informe de Casa Alianza, divulgado a finales de abril señala que durante los últimos 16 años, particularmente entre febrero de 1998 a abril de 2014 se han registrado en el país 9,373 casos de ejecuciones arbitrarias y muertes violentas de niños, niñas y jóvenes menores de 23 años.
Versión policial
Por su parte, el Director de Transito, Comisionado Carlos Mejía, afirmó en declaraciones a diferentes medios de comunicación que a las 11:30 pm de este jueves, en la colonia Tepeyac; el señor José Ruelas colisionó con un agente motorizado de Transito, y este se opuso a colaborar con el respectivo requerimiento. “Se conducía en evidente estado de ebriedad y que fué él quien golpeó al policía, mismo que también fue trasladado a un centro hospitalario con un trauma toráxico y una lesion en la rodilla izquierda a causa de dicha colision”, comentó.
De acuerdo con Mejía, el señor Ruelas no quiso colaborar con la prueba de alcoholemia, pero -detalló- que en el sector hay camaras de seguridad que captaron lo sucedido y en su momento harán público el video para comprobar la realidad del hecho.