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“No había precio que pudiese llegar a la altura de Berta, era insobornable, estorbaba”según Ismael Moreno sj

Tras el asesinato de la dirigente indígena, Berta Cáceres, que causó conmoción nacional e internacional, las voces para exigir justicia se levantan y se topan con un gobierno que busca ofrecer otra imagen como producto de exportación, y da la idea de estar investigando a profundidad el crimen.

Para el sacerdote jesuita Ismael Moreno, director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Eric, reconocido a nivel internacional por el otorgamiento al premio Rafto 2015, sostiene que el gobierno de Honduras, detrás de sus palabras y de sus autoritarismos, no tiene sustento, necesita reivindicarse, y la mejor manera de hacerlo es recurrir al cinismo de decir que están investigando cuando en realidad sólo están desarrollando una única hipótesis.

“Hay una palabra que en estos días ha venido sonando de Berta y es indomable porque no se le podía controlar. No había precio que pudiese llegar a la altura de Cáceres, era insobornable, estorbaba” sostiene el sacerdote Jesuita.

Radio Progreso (RP) habló con el padre Ismael Moreno (IM) sobre el impacto de este asesinato, las demandas y la realidad a la que se enfrentan los defensores y defensoras en Honduras.

RP. ¿Qué sensación y qué sentimientos le deja el asesinato de Berta Cáceres?
IM. Es una sensación muy profunda y es contradictoria, es profundamente de dolor, pero lo que yo resalto en estos días de tanta preocupación por lo que pueda pasar a muchas otras personas defensoras de los derechos humanos y de los pueblos indígenas, de los territorios y de los bienes naturales comunes. A mí lo que me queda, ya como recuento de estos días, es la trascendencia de este acontecimiento tan duro, mortal, sangriento de Bertita Cáceres.

RP. ¿Cómo ve la reacción de la comunidad internacional?
IM. Hemos tenido la manifestación y las expresiones de repudio, de aliento, de solidaridad y también de exigencia por parte de la comunidad internacional y de las organizaciones de todo el mundo, como creo yo que hacía muchísimos años, pero muchos años, que no lo habíamos experimentado. Entonces uno se siente muy adolorido pero con un sentimiento de que estos hechos tan amargos y tan mortales son tan profundos y tan duramente conmovedores que han logrado impactar y estremecer al planeta entero, y Honduras de nuevo se convierte en el centro de atención tanto por el repudio del asesinato y también por la figura noble y tan vital de Berta Cáceres.

RP. ¿Quién era Berta Cáceres?
IM. Bueno, la recuerdo como una mujer tenaz y exigente en la lucha, terca como poca gente he conocido, incomodaba a quien fuera, pero al mismo tiempo dulce, nunca perdía la sonrisa. Y además tenía una capacidad tan profunda y al mismo tiempo de estar, con su sencillez, cerca de la gente y por otra parte ser tan fuerte y firme en su palabra contra aquellos que ella consideraba que amenazaban a las comunidades indígenas, a los diversos pueblos, a los territorios y a los bienes comunes de la naturaleza.

RP. ¿Por qué asesinaron a Berta?
IM. Hay una palabra que en estos días ha venido sonando de Berta y es indomable porque no se le podía controlar. No había precio que pudiese llegar a la altura de Berta Cáceres, era insobornable, estorbaba.

RP. ¿Qué va a pasar ahora?
IM. Una persona puede ser grandiosa, como es el caso de Berta Cáceres, pero la historia es activa, la historia es dinámica, la historia es viva y los liderazgos no se consumen ni se terminan en una persona. Allí quedan las comunidades organizadas de Copinh, los pueblos Tolupanes, los pueblos garífunas, sigue el campesinado hondureño, sigue las nuevas generaciones de la juventud, está la familia, las tres hijas de Berta Cáceres, está el hijo, está mucha otra gente que se ha sentido tan estremecida con la muerte de Berta Cáceres que muy bien se decía en su sepelio: Berta no murió sino que comienza a multiplicarse en muchísima otra gente.

RP. ¿Cuál es su valoración de la forma en que el Estado está llevando la investigación?
IM. Yo creo que el Estado, y particularmente el gobierno que lo representa, está manoseando, contaminando el caso de Berta Cáceres, y allí es donde, desde mi punto de vista, tiene que estar la primera gran exigencia y demanda de los diversos sectores que estamos repudiando el caso de Berta Cáceres, y es exigir una investigación a fondo, independiente y no contaminada por los intereses políticos y de los grupos fácticos que estuvieron atrás de las denuncias que a lo largo de varios años presentó y elevó Berta Cáceres, y muchas de esas denuncias eran de amenazas de muerte que ella advertía que le estaban haciendo.

RP. ¿Por qué lo hace el gobierno?
IM. El gobierno lo que está haciendo es tratando de cooptar, de capturar para sí mismo el caso de Berta Cáceres, sin duda alguna abrumado por la impresionante reacción internacional. Y este gobierno que detrás de sus palabras y de sus autoritarismos no tiene sustento, necesita reivindicarse, y la mejor manera de hacerlo es recurrir al cinismo de decir que está investigando pero lo que están haciendo es llevando solamente una línea de investigación.

RP. ¿Cómo debe dirigirse una investigación como el caso Berta?
IM. La demanda que presentamos es sostener la línea de investigación que debe llevar a aquellos actores que Berta denunció, que Berta identificó como los responsables de las amenazas a muerte que fue recibiendo en los últimos tres años.

RP. ¿Qué otras demandas se plantean?
IM. Una segunda demanda es que el gobierno anule definitivamente todos aquellos convenios que tienen que ver con la explotación del Río Gualcarque y de los territorios donde habitan las comunidades Lencas, particularmente el proyecto Agua Zarca que está en manos de la empresa Desarrollos Energéticos, DESA. También avanzar hacia la revisión orientada para que se anulen aquellos decretos y figuras jurídicas que tienen que ver con la venta de los territorios y de la soberanía nacional, particularmente la anulación del decreto de las ciudades modelos y la derogación de la ley de minerías.

RP. ¿Qué demandan a la comunidad internacional?
IM. Una presencia. Estamos animando a un encuentro aquí en Honduras de los sectores internacionales que han dado muestras de solidaridad ante el asesinato de Berta Cáceres. Promover un encuentro para que se defina un acompañamiento coordinado, articulado y orientado a fortalecer aquellas luchas por las que dio la vida y por las que asesinaron a Berta Cáceres, y que continúe la denuncia internacional porque eso contribuye a que la muerte de Berta Cáceres no quede impune.

RP. ¿Cuál es la situación real de los defensores y defensoras en Honduras?
IM. La más absoluta vulnerabilidad. Si han asesinado a Berta Cáceres, sin duda alguna, la mujer con el más alto nivel de reconocimiento internacional y con una trayectoria, qué es lo que no les está ocurriendo a otros defensores a nivel regional y local. Es cierto, hay muchas figuras jurídicas, hay una ley aprobada de protección a defensores, podemos tener muchas figuras jurídicas, podemos tener muchas palabras bonitas y hermosas, y hasta llena de bendiciones, lo que ocurre es que la institucionalidad aquí no funciona, o si funciona pero al servicio de los fuertes.

RP. ¿Cómo define a un defensor o defensora?
IM. Una persona que está presente y acompañando de cerca a sus hermanos y hermanas que están luchando y están padeciendo las consecuencias de una institucionalidad que no les protege y que no les garantiza sus derechos. Un defensor y una defensora es quien se juega la vida cotidianamente defendiendo a su pueblo.

RP. ¿Cómo define usted la justicia?
IM. La necesidad de defender a los más débiles.

RP. ¿Dónde encontramos las esperanzas en Honduras?
IM. En los pobres que cargan con las consecuencias de la injusticia y en aquellos que hasta ahora su voz no se les escucha.

Le invitamos a escuchar la entrevista completa con el padre Ismael Moreno sj.

http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2763-%E2%80%9Cno-hab%C3%ADa-precio-que-pudiese-llegar-a-la-altura-de-berta-era-insobornable-estorbaba%E2%80%9Dseg%C3%BAn-ismael-moreno-sj

Honduras: CIDH preocupada por amenazas a líderes campesinos en el Bajo Aguán

http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/conflicto-agrario-y-minero/honduras-cidh-preocupada-por-amenazas-l%C3%ADderes

Washington, Estados Unidos (Conexihon). –  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este lunes su preocupación por una serie de desalojos violentos que habrían ocurrido en la zona del Bajo Aguán en el contexto del conflicto agrario que existe en la región.  Así como por las amenazas y detenciones que habrían sido perpetradas en contra de varios líderes y lideresas campesinos beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión el 8 de mayo de 2014, presuntos hechos que habrían ocurrido desde el mes de mayo hasta la fecha.
La Comisión instó hoy al Estado a “investigar estos hechos de violencia y a procesar y sancionar a los responsables. Y urgió al Estado a adoptar en forma inmediata todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las defensoras y defensores de derechos humanos en el país”.
Según información de público conocimiento, el 21 de mayo de 2014, miembros de la policía y del ejército, así como guardias de seguridad privada habrían participado en el desalojo violento de las fincas La Trinidad y El Despertar, en el municipio de Trujillo, Colón. Según la información disponible, 300 familias afiliadas al Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA) habrían sido desalojadas.
Presuntamente las fuerzas de seguridad habrían utilizado bombas lacrimógenas y spray pimienta y habrían realizado disparos al aire para amedrentar y desplazar a las familias que habitaban las fincas desde el mes de julio de 2012. De esta operación presuntamente habrían resultado heridos alrededor de 50 campesinos y 8 miembros de las fuerzas de seguridad.
Adicionalmente, 15 personas habrían sido detenidas y presuntamente golpeadas, entre los detenidos se encontrarían Walter Cárcamo, Jaime Cabrera y Antonio Rodríguez, beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión semanas antes del suceso. Presuntamente Jaime Cabrera habría sido amenazado de muerte por miembros del ejército y de la policía, quienes supuestamente le habrían colocado un fusil en la oreja izquierda.
De conformidad con información recibida por la CIDH, el 3 de julio la Policía Nacional Preventiva, los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch III y el 15 batallón de Fuerzas Especiales habrían llevado a cabo el desalojo de 350 familias del Movimiento Campesino “Gregorio Chávez” (MCRCG) que se encontraban en la finca  Paso Aguán desde el mes de mayo del presente año. Las familias presuntamente fueron desalojadas de forma violenta mediante el uso de gases lacrimógenos.
En esta ocasión, varios de los campesinos habrían resultado heridos y siete habrían resultado detenidos, entre los que se encontrarían dos de los líderes campesinos beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
Persecución de defensores
Por otro lado, según información recibida por la Comisión, el 30 y 31 de julio los defensores de derechos humanos Martha Arnold, Irma Lemus y Rigoberto Durán, integrantes del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Bajo Aguán, habrían sido perseguidos por dos vehículos color blanco. Adicionalmente, el 19 de agosto el líder campesino Santos Torres, perteneciente al Movimiento Campesino Gregorio Chávez y beneficiario de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, habría sido amenazado por militares y guardias de seguridad en su domicilio, quienes presuntamente lo habrían apuntado a él y su esposa con armas de fuego. Presuntamente este mismo grupo de militares y guardias de seguridad se habría presentado en el domicilio de Glenda Chávez, integrante del Observatorio Permanente de Derechos Humanos de Aguán y lideresa de este movimiento campesino.
En la zona del Bajo Aguán, existe un conflicto de tierras de larga data entre campesinos y empresarios. Según una red de organizaciones nacionales e internacionales que dan seguimiento a esta situación, 112 campesinos y campesinas habrían sido asesinados en los últimos cuatro años en el contexto del conflicto agrario que aqueja a la región. La Comisión Interamericana se ha manifestado en reiteradas ocasiones sobre la situación en el Bajo Aguán, incluyendo en la sección sobre Honduras del Capítulo IV de sus Informes Anuales 2012 y 2013. La CIDH observa que la situación continúa siendo altamente preocupante.
En este contexto, el 8 de mayo de 2014, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 123 miembros de las organizaciones “Movimiento Campesino Recuperación del Aguán” (MOCRA), “Movimiento Campesino Fundación Gregorio Chávez” (MCRGC), Movimiento Unificado Campesino del Aguán” (MUCA) y “Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA), solicitando al gobierno de Honduras adoptar las medidas necesarias para garantizar su vida e integridad.
La CIDH recordó al Estado  que es su obligación investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables. Como ha señalado la Comisión anteriormente, los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan. La Comisión recuerda asimismo que la labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

El Secuestro de Vallecito, Honduras: Palma africana y petróleo.

El rapto de integrantes de la OFRANEH el pasado jueves 17 de julio, no fue más que una notificación de desalojo girada en contra de los Garinagu de Vallecito, por la elite que controla la costa norte de Honduras, en especial el corredor comprendido entre la bahía de Trujillo y la Moskitia.

Hasta el año de 1993, nuestro pueblo ejerció la propiedad comunitaria en la franja desde la desembocadura del río Aguan hasta la Laguna de Bacalar. En ese año, Miguel Facusse se apoderó en forma dolosa de la estratégica Punta Farallones. Casi simultáneamente una invasión de supuestos campesinos inducida por el General Castro Cabus se apoderó de río Miel, parte del hábitat funcional de la comunidad de Punta Piedra.

La expansión de la frontera de los agrocombustibles abarcó la franja costera, apareciendo en ese entonces las comunidades mestizas de Icoteas y Plan de Flores, las que se fueron poblando con trabajadores de las plantaciones de la palma, en su mayoría provenientes del interior del país.

Para 1994 la restante continuidad territorial dejó de existir, al ir Facusse  apoderándose de los terrenos  entre Vallecito y Punta Piedra, los cuales los Garifunas usábamos para la siembra de cocos y yucales a la orilla del mar. Por otro lado comenzó un frente de colonización en el río Sico, promovido por el Instituto Nacional Agrario (INA) para servir de amortiguamiento social al descalabro causado por la contra reforma agraria iniciada en el año de 1992.

El “modelo de desarrollo” a través de las plantaciones de agrocombustibles por el cual viene apostando Honduras, implica una acumulación de tierras en manos de una reducida elite empresarial cuya visión no difiere de la aplicada en el Congo belga a inicios del siglo pasado. Desde la plantaciones del grupo Numar (departamento de Atlántida) hasta  las de Facusse, Reinaldo Canales y René  Morales Carazo (departamento de Colón), impera una explotación inmisericorde de la mano obra y un uso extensivo de agrotóxicos, además de desecar buena  parte de los humedales costeros del país y de contaminar los mantos freáticos.

 

Narcotráfico y emporios palmeros

En la costa norte existe desde hace décadas circula el incesante rumor de la utilización  de las carreteras existentes entre las plantaciones de palma africana como pistas de aterrizaje. Los medios de comunicación hondureños han registrado en múltiples ocasiones durante los últimos 20 años, desde accidentes hasta decomisos en las plantaciones.

A partir de junio de 2009, se incrementó el arribo de aeronaves provenientes de Sudamérica, al mismo tiempo que los niveles de violencia se dispararon en el país. Honduras se convirtió en el epicentro del  trampolín del narcotráfico, sustituyendo a Guatemala como el eje ma´s importante para los diversos carteles vinculados al  trasiego de estupefacientes.

Al mismo tiempo que se incrementó el narcotráfico, las plantaciones de palma fueron multiplicándose a lo largo de la costa, especialmente en lugares reconocidos por su biodiversidad. Los humedales circunvecinos a las lagunas de Tocamacho y Bacalar fueron descombrados y posteriormente inundados  de palma africana.

Petróleo en el mar  caribe  y humedales costeros.

A partir de 1920 se dio inicio a la exploración de petróleo en Honduras, cuando se perforó el primer pozo en Omoa, Cortes. Pero es hasta la década de los años 90 que se produce entre  200 a 300 barriles diarios en el pozo Main Cape, localizado en la plataforma continental de la Moskitia.

El año pasado el Estado de Honduras firmó un contrato con el grupo British Gas (BG), concediéndole una superficie de 35mil kilómetros cuadrados de la plataforma marítima. El contrato fue realizado sin haber efectuado una consulta, previa, libre e informada con los pueblos indígenas que habitamos en la Moskitia.

Existen bastos yacimientos de petróleo a lo largo de la costa Caribe Mesoamericana. En la actualidad la compañía US Capital, se encuentra perforando en el Parque nacional Sarstum Temash, al mismo tiempo que del lado de la frontera de Guatemala la compañía Compañía Petrolera del Atlántico (CPA) ha perforando un pozo. Mientras, en Honduras y Nicaragua se efectúan exploraciones en la plataforma marítima del mar Caribe.

En Honduras se conoce la existencia de una serie de filtraciones de petróleo en la superficie de los humedales, entre ellos los del río Miel, colindantes con Vallecito. Desde la década años 90, existen rumores sobre la existencia de hidrocarburos en la franja entre la laguna de Guaimoreto y la de Bacalar, situación que ha generado fuertes presiones territoriales sobre las tierras de las comunidades Garífunas.

Palma, petróleo y narcotráfico se han convertido en la razón primordial para impulsar la expulsión del pueblo Garífuna de nuestro territorio ancestral, de las comunidades de los Departamentos de Colón y Gracias a Dios. Mientras la empresas turísticas se disputan las playas de la Bahías de Tela y Trujillo.

En nombre de un supuesto desarrollo, Honduras viene siendo subastada y entregada a supuestos “inversionistas extranjeros”, encontrándonos los  Garifunas y el resto de los hondureños secuestrados por una minoría parasitaria que ha venido saqueando el país desde hace décadas; y son los mismos que se encargaron de defenestrar el poder ejecutivo en el 2009, se apoderaron de la Corte Suprema en el 2012, y tomaron por asalto el Ministerio Publico en el 2013.

La lucha por el territorio de Vallecito es la lucha por la vida, ya que esta zona se ha convertido para el pueblo Garífuna en uno de sus pilares territoriales, ante el sistemático despojo territorial que se viene dando a lo largo y ancho de la costa Garifuna. Además ante el inexorable avance de la erosión costera, la zona se convierte en uno de los posibles lugares de relocalización para comunidades afectadas, especialmente aquellas que se encuentran ubicadas en cordones litorales.

Es por esta razón que la OFRANEH exige al Estado hondureño, asegurar la libre movilización y transito del pueblo Garifuna en nuestro territorio, sin que nosotros nos sentamos asediados, que se asegure el respeto a las tierras y territorios del pueblo Garifuna,  ademas asegure la integridad física de los miembros de la OFRANEH pero sobre todo que se inicie un verdadero proceso de restitución del Estado de Derecho en este país devastado por la pobreza, afectado por el mayor índice de criminalidad en el planeta, donde se están entregando para explotación y saqueo los bienes comunes de nuestro país al mejor postor, se pone en riesgo la seguridad alimentaria al privilegiar la producción de monocultivos en vez de la producción de granos básicos, donde enfrentamos el mayor índice de asesinatos de comunicadores sociales, la alta impunidad, y la indefensión de los defensores y defensoras de derechos humanos.

Hacemos un llamado para sumarse a la solicitud de Alerta, emitida por Amnistía Internacional, la cual se puede contactar en el siguiente url

http://www.amnestyusa.org/sites/default/files/uaa18514.pdf

Dado en la Comunidad de Sambo Creek a los 23 días del mes de Julio del 2014

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Below is a translation from an article written by Marvin Palacios that originally was posted to COFADEH’s defensoresenlinea.com/

Alert of a possible violent eviction at Finca Paso Aguán

The Gregorio Chavez Campesino Movement alerts the national authorities as well as organizations defending human rights and the international community about a possible eviction that they could suffer in the coming days. There are about 300 families living on the Paso Aguán farm, near the Panama community, municipality of Trujillo, in the north of the country.

The announcement was made by Jaime Cabrera coordinator of the Agrarian Platform which brings together men and women leaders of the 18 peasant movements fighting for the right to cultivate the land in the Lower Aguán, department of Colón.

“We are announcing an eviction in the coming days, we only ask the Government to do their part and not allow bloodshed in this community, on this farm,” alerted Cabrera.

The leader said that they sent a number of documents to the government in which they denounce the human rights violations committed in the Panama community since 2010, including the number of murders that have occurred, the disappearance of peasants, rape of women by security guards, and allegations of environmental damage caused by the Dinant Corporation owned by the landowner Miguel Facussé.

“There’s been tremendous violations and we told the government, review the document that we sent to the minister, if the minister does see it because sometimes these documents they carry them and then put it in the dresser, but never deliver them. Review that document Mr. President and sit with us even for just 10 minutes so we can dialogue, we are not criminals and murderers so don’t be afraid of us. If Tegucigalpa calls us, we will go because we want freedom for our community and recovery of our land,” said Cabrera.

Meanwhile Glenda Chavez, daughter of Gregorio Chavez who was murdered by security guards of Corporación Dinant on July 12, 2012 said that if the eviction of some 300 families living on the Paso Aguán farm occurs, “we will not give up, we will continue struggling to regain the land.” Chavez demanded that the authorities intervene to avoid more bloodshed.

Chavez continued, “I told Colonel Joel Martínez (Commander of the Xatruch III Task Force) make no mistake, think through your plans well, because we from the Human Rights Observatory will be in front of the fight, documenting everything you do to our compañeros, and now, this eviction that they say is supposedly coming to this community of Panama, we are on the lookout,” Chavez is also a member of the International Human Rights Observatory of the Aguán.

Government wants to divide the Agrarian Platform

Meanwhile, Jaime Cabrera also reported that the Government of Juan Orlando Hernandez is trying to cause division in the Agrarian Platform in order to hinder the plans of rural communities to obtain a plot of land to support their families.

“Our biggest concerns are that the government is attempting to see to it that the peasant groups are not united, not implementing an Agrarian Platform, because here we had a visit from the minister this May where he said that no one had to support another movement, because now you are on your land, you must be working on your land.

“But no one is giving into the desire of the minister or the government, because we remain united, whatever the case our situation is not that. We are prepared that if the peasant movement needs the support of the Agrarian Platform, we will be there waiting, at the lead of the struggle with each of them, “maintained the peasant leader.

Despite having precautionary protective measures granted by the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), Jaime Cabrera was subjected to cruel, inhuman and degrading treatment by police and military personnel, when on May 21st of this year, hundreds of families of the Authentic Campesino Reclamation Movement of the Aguán (MARCA) were brutally evicted from the lands of La Trinidad and El Despertar by contingents of the police and military, land which the lawyer Antonio Trejo had managed to legalize for this movement, but that the Supreme Court of Justice (CSJ) reversed last year.

Cabrera was arrested by police and military during the violent eviction. One of the men in green, placed the barrel of a gun in his left ear and threatened to kill him. Also, as he was led into the back of the police pickup and while handcuffed, he was kicked and suffered beatings with sticks.

The brutal eviction produced 15 arrests, including children, the elderly and men (and women), several of whom were seriously injured with fractures as a result of the brutality with which the police and military forces acted in the area.

Lawyer and human rights defender Antonio Trejo, who also had been awarded measures of protection, was killed by gunmen in the capital of the Republic on June 29, 2012. Trejo had achieved it that hundreds of families of MARCA could remain in possession of the land in the cooperatives San Isidro, Trinidad and Despertar.

It’s not only the police and military, integrated into the Xatruch Task Force which operates in this sector, who violate human rights in the Aguán, but also security guards working for Corporación Dinant owned by Miguiel Facussé, they have been identified as perpetrators of brutal crimes and disappearances against peasants.

Judicial officers do not escape the accusations, it was observed that the judge who executed the eviction order which were staged in the Despertar and Trinidad cooperatives (in this case a public prosecutor from Trujillo) stated that the victims of repression did not present visible lesions on their bodies.

A team of human rights defenders of the Committee of the Relatives of the Detained and Disappeared in Honduras (COFADEH) who visited the area recently, collected testimonies from farmers who were brutally beaten by the Xatruch military operation.

A soldier placed a tear gas bomb inside his shirt of one of the victims burning his skin, another, a minor, was kicked and beaten with clubs until he fainted. Men and women have reported this type of cruel, inhuman and degrading treatment after being captured by the police. This happened in the eviction last May 21.

The Gregorio Chavez Campesino Movement demands an end to the repression, thr violence, the violent evictions and persecution of their leaders. They request the state to release of the Paso Aguán farm that is close to the Panama community and say they do not want anything handed to them, they are willing to negotiate and purchase the farm land.

Acusan de sedición a periodista hondureña

Tegucigalpa, Honduras

Un tribunal de justicia de Intibuca, al occidente de Honduras, acusó a la periodista Albertina Paz, corresponsal de Radio Progreso en ese departamento, de sedición por haber divulgado un comunicado de una organización de indígenas lencas.

El Comité por la Libre Expresión, una organización de intelectuales y periodistas, denunció este día que Paz está citada por el juzgado de Letras de la ciudad de Intibuca para el martes 24 para que responda por los delitos de sedición contra la seguridad del Estado.

En Intibuca los lencas mantienen una abierta confrontación con el goberante partido Nacional, porque lo acusan de imponer a un alcalde en la comunidad de San Francisco de Opalaca, donde en las elecciones generales de noviembre pasado ganó un indígena.

Lo único que hizo la periodista fue divulgar la posición de los lencas a través de Radio Progreso, una emisora de la Compañía de Jesús, que tiene su sede principal en la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, al norte del país.

El caso Tumbador suma en la larga lista de impunidad en el Aguán

El equipo del Cofadeh visitó a Marta Julia López esposa de Ciriaco Muñóz

Tocoa, Colón.

En un sector tan violento donde los defensores y defensoras de derechos humanos arriesgan las vidas para defender los derechos de los campesinos y campesinas, la impunidad gana terreno cada día que pasa.

Se trata de la zona del Aguán localizada en el departamento de Colón al norte de Honduras. El 15 de noviembre de 2010, guardias de seguridad que trabajaban para el terrateniente Miguel Facussé asesinaron a 5 campesinos en la finca de palma africana conocida como Tumbador.

Un fallo emitido por el tribunal de justicia dictó sobreseimiento provisional para los supuestos victimarios, aumentando con ello la desconfianza en la aplicación de justicia y perpetrando la impunidad de los victimarios en el Bajo Aguán.

Un equipo de procuradoras de derechos humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) que visitó la zona, constató que la Fiscalía no presentó ningún recurso de apelación para contrarrestar la decisión del tribunal, proporcionando libertad para quienes dispararon y mataron a 5 campesinos.

Las consecuencias de estos hechos han derivado en situaciones precarias para las familias de las víctimas, cuando las viudas perdieron la fuente de ingresos que proporcionaban sus compañeros de hogar y en el presente afrontan grandes dificultades para alimentar a sus hijos e hijas que quedaron sin padres.

Uno de esos casos es de María Concepción Membreño, esposa de Teodoro  Acosta. Cuando su compañero de hogar fue asesinado, su hijo menor apenas tenía 10 meses de nacido y ahora después de 4 años lucha por la vida para alimentar a sus 5 hijos.

Membreño dijo a defensoresenlinea.com que los que mataron a su marido fueron guardias de seguridad del terrateniente Miguel Facussé y que esa muerte junto a la de otros cuatro campesinos, cegó las intenciones de recuperar tierras y los anhelos de cultivar para sobrevivir.

“Uno de pobre, por eso es que necesita las tierras para cultivar, porque yo soy pobre y para mí es difícil todo esto, yo ya no soy como antes como cuando él estaba (Teodoro Acosta), encuentro todo diferente y no tengo amparo de nadie, solo de Dios”, expresó con tristeza Membreño que vive con sus hijos e hijas en una pequeña parcela de tierra en la comunidad Guadalupe Carney, municipio de Trujillo, en el departamento de Colón.

María Concepción Membreño dando declarciones al periodista Marvin Palacios

La situación que vive María Concepción Membreño no difiere mucho de las otras cuatro viudas que demandan justicia al Estado de Honduras, al perder a sus compañeros de hogar en condiciones violentas y a manos de guardias de seguridad, que de acuerdo a denuncias operan con total impunidad en el Aguán.

A cuatro años de los trágicos eventos para estas familias campesinas, el caso se encuentra en un punto muerto, no hay avances y mucho menos, esperanzas de alcanzar justicia.

En febrero de 2014 la organización internacional Human Rights Watch publicó un informe sobre Honduras titulado: “‘Aquí no hay investigaciones’: Impunidad de homicidios y otros abusos en el Bajo Aguán, Honduras”.

Las autoridades hondureñas no han investigado adecuadamente la ola de homicidios y otros abusos presuntamente vinculados a conflictos por la tierra en la región del Bajo Aguán, señaló Human Rights Watch.

El informe examina 29 homicidios y dos privaciones ilegales de la libertad ocurridos en el Bajo Aguán desde 2009, así como violaciones de derechos humanos cometidas por soldados y policías. Human Rights Watch determinó que fiscales y policías ignoraron sistemáticamente medidas de investigaciones oportunas y exhaustivas que permitieran esclarecer estos delitos, y dicha omisión ha sido reconocida en entrevistas por fiscales, policías y militares hondureños.

“Incluso tratándose de un país con alarmantes niveles de violencia e impunidad, la situación en el Bajo Aguán es particularmente grave”, observó José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. “La ausencia de las medidas más básicas para llevar a los responsables de crímenes ante la justicia, ha perpetuado un clima de impunidad que estimula nuevos delitos, e incrementa la desconfianza en las autoridades”.

En ninguno de los 29 homicidios documentados por Human Rights Watch en el Bajo Aguán se ha dictado condena, según surge de información proporcionada por funcionarios gubernamentales. Solamente un caso llegó a juicio: El asesinato de cinco campesinos, ocurrido en noviembre de 2010.
Pero en enero de 2013 se dictó el sobreseimiento provisional hasta que se presentaran nuevas evidencias, luego de que la justicia no encontrara elementos suficientes para seguir adelante con la causa, y desde entonces no se ha reanudado. Se trata del caso conocido como Tumbador, ocurrido en Trujillo, departamento de Colón.

En 13 de los 29 homicidios y privación ilegal de la libertad que investigó Human Rights Watch, las evidencias apuntaban a la posible intervención de guardias de seguridad privada. Los guardias privados están sujetos a las leyes nacionales sobre uso de la fuerza y están obligados a respetar los derechos de los ciudadanos.

Las investigaciones de casos en que las víctimas indicaron que había guardias privados involucrados han estado marcadas por reiterados errores y omisiones, como situaciones en que los fiscales no exigieron los registros laborales donde consta qué guardias estaban trabajando cuando se cometió un delito.

Debido a la presunta participación de guardias de seguridad que trabajan para empresas agroindustriales del Bajo Aguán en delitos vinculados a conflictos por tierras, la Oficina del Ombudsman (CAO) —el mecanismo de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Internacional (IFC)— ha iniciado una investigación sobre préstamos otorgados por esta última a la Corporación Dinant, propiedad del terrateniente Miguel Facussé.

La IFC, organismo de préstamo al sector privado del Banco Mundial, cuenta con normas sobre las prácticas de sus clientes relativas a contratación, utilización y supervisión de guardias de seguridad privada, en particular ante denuncias creíbles de abusos. La Corporación Dinant indicó a Human Rights Watch que realiza investigaciones internas de todas las denuncias de abusos que afectan a su personal y coopera plenamente con las autoridades en relación con cualquier denuncia penal.

El informe del Ombudsman del Banco Mundial, que se difundió en enero de 2014, identificó graves problemas en el modo en que el personal de la IFC había manejado la situación, que incluyeron subestimar los riesgos relativos a seguridad y conflictos por tierras, y no actuar con la debida diligencia a pesar de que se había planteado públicamente la situación relativa al proyecto y los riesgos que suponía. Según concluye el informe, el personal de proyectos de la IFC tampoco informó a otros especialistas de IFC en este tipo de riesgos ambientales y sociales sobre los problemas que sabían que estaban sucediendo. La IFC ha reconocido públicamente que hubo falencias en la implementación por la IFC de sus propios estándares.

Durante su gobierno, de 2010 a 2013, el presidente Porfirio Lobo adoptó ciertas medidas tendientes a mitigar los conflictos por tierras en el Bajo Aguán a través de mediación y compra de tierras. Pero, en general, la estrategia de su gobierno para abordar la violencia en la región consistió en incrementar la presencia de fuerzas de seguridad y atribuir su origen a grupos delictivos. No obstante, esta estrategia no contribuyó a reducir los delitos ni mejorar la rendición de cuentas, sostuvo Human Rights Watch en su informe-

El gobierno del presidente Lobo tampoco adoptó medidas preventivas para proteger a personas que se encontraban en riesgo a causa de conflictos por tierras en el Bajo Aguán, incluso en casos en que las evidencias sugerían de manera persuasiva que era probable que se produjeran hechos de violencia. En al menos dos ocasiones desde 2010, fueron asesinadas personas que previamente habían sido beneficiadas formalmente con “medidas cautelares” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en razón de las actividades que desarrollaban en el Bajo Aguán, y que exigían al gobierno hondureño brindarles protección inmediata.

Estas víctimas fueron un periodista y un activista campesino. En un tercer caso, un abogado de derechos humanos a quien el gobierno hondureño había prometido protección fue asesinado. Ninguna de estas tres víctimas contaba con protección del gobierno en el momento en que fueron asesinadas, concluyó Human Rights Watch.

En otras instancias de amenazas creíbles a comunidades o personas, los funcionarios no han investigado los hechos ni han ofrecido medidas de protección efectivas. Reiteradamente en 2013, militares en la región agravaron el riesgo al cual estaban expuestos ciertos activistas que trabajan en el Bajo Aguán, al hacer declaraciones difamatorias y cuestionar la credibilidad de su trabajo.

Honduras: Raptan y encarcelan a miembros de la Coordinadora Indígena Popular

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La Esperanza, Intibucá (Conexihon).- Dos miembros de la Coordinadora Indígena del Poder  Popular de Honduras (CINPH) fueron secuestrados y encarcelados este fin de semana por miembros de la Policía Nacional, denunció esta organización en un comunicado de prensa.
Los dos hechos ocurrieron en eventos diferentes. El día 6 de junio, Ernestino Amaya, miembro de la Dirección Política de la Coordinadora Indígena del Poder  Popular de Honduras sufrió un atentado, por parte de personas desconocidas quienes le hirieron en repetidas ocasiones.
Según la denuncia, el hecho ocurrió a eso de las 8:00 p.m. cuando Amaya fue interceptado por varios desconocidos quienes lo llevaron a una aldea cercana, para herirle el rostro, despojándolo de su dinero y celular.
De acuerdo con el relato, Amaya fue encontrado horas después en la sala de emergencia del Hospital Escuela, sin recibir atención médica. Los hechores dejaron un celular olvidado en el lugar de los hechos, el cual está en manos de la policía.
Un día después, miembros de la Policía Nacional, detuvieron a María Santos Hernández, miembra de La Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras.
De momento Santos Hernández permanece detenida  bajo el cargo de usurpación de tierras en la Penitenciaría de La Esperanza, Intibucá.
Santos Hernández, forma parte de un grupo de mujeres que se encuentran en  un proceso de recuperación de dichas tierras para ellas y sus familias en la Comunidad de San Pedro Las Lomas, las que habían sido usurpadas por el terrateniente Leonel Medrano Irías, siendo legítimamente las tierras de la comunidad.
“Denunciamos que el cuerpo de Seguridad privado de dicho terrateniente destruyó  por segunda vez una casa que había construido la comunidad dentro de las tierras en proceso de recuperación, estos además mantienen una conducta de persecución y amenazas contra las compañeras y sus familias quienes ya tienen sembradas parcelas de maíz y frijoles”, indicaron.
Exigimos al Estado de Honduras el cumplimiento de los Convenios Internacionales, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Pueblos Originarios de las Naciones Unidas, los que mandan que a la población indígena deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos al encarcelamiento y que además los Gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, y que deberán reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan.
El Estado de Honduras tiene la obligación de tomar medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. Los derechos de los pueblos Originarios a los Recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente, estos derechos comprenden especialmente  el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos  recursos.
La Comisión de Mujeres de la Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras se solidariza con el acompañamiento al “Grupo de Mujeres Las Flores” y “El Grupo Indígena SILVO 21 de Octubre”, especialmente con la compañera capturada injustamente María Santos Hernández.

Impunidad reina en asesinatos de indígenas

Jun 06, 2014

De 2012 hasta la fecha se han registrado nueve asesinatos a indígenas Lencas, también desde los años 90 hasta la actualidad se han contabilizado 43 asesinatos en la comunidad de los Tolupanes, según un recuento realizado por Juan Mejía del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

La cruda historia de desplazamientos, exterminios y marginamiento que por parte del propio Estado Hondureño estos pueblos indígenas han sufrido en nuestro país, continúa pues siguen siendo blancos de injusticias, oprobios y asesinatos.

Para Berta Cáceres, del  Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), las concesiones mineras y proyectos hidroeléctricos  son una amenaza para los pueblos indígenas y garífunas de Honduras, y asegura que las instituciones del Estado son cómplices en la aprobación de los proyectos sin el consentimiento de la población, de esta manera se violan los convenios internacionales que protegen a los pueblos originarios.

Comunidades indígenas del país se han organizado y han desarrollado una lucha frontal contra las grandes empresas e Instituciones Estales, sobre todo en las comunidades de San francisco de Locomapa, Yoro, San francisco de Opalaca y Río Blanco en Intibucá, sin embargo han sido asesinados varios miembros activos de estas organizaciones.

San Francisco de Locomapa, Yoro

La justicia aún no ha llegado luego del asesinato de tres Tolupanes indígenas que eran defensores de bienes naturales; Maria Enriqueta Matute de 60 años, Armando Fúnez Medina y Ricardo Soto Fúnez en San Francisco Locomapa, Yoro. Los responsables materiales e intelectuales no han sido capturados.

El crimen ocurrió el 25 de agosto del 2013 a las 5:30 de la tarde, cuando los tres indígenas pertenecientes a la tribu San Francisco, fueron asesinados con armas de fuego, cuando estos realizaban acciones de defensa de su territorio ante la explotación ilegal de los recursos naturales en la zona.

A pesar que se ha reconocido por medio de testigos los responsables de este crimen, la policía no ha dado el seguimiento correspondiente a la investigación de estas muertes, los testigos indican a Selvin Fúnez y Carlos Matute como los responsables, ellos supuestamente estaban al servicio del Consejo Indígena y de empresarios mineros que explotan antimonio en los territorios de estas tribus y debido a la oposición que realizaban estas tres personas, los victimarios les quitaron la vida.

A pesar de las amenazas y persecución que esta comunidad han estado recibiendo, ellos han denunciado la corrupción y la confabulación existente en la directiva de la Federación de Tribus Indígenas Xicaques con los empresarios que llegan a explotar los recursos naturales de la zona de Locomapa, y que están dejando grandes daños al medio ambiente y más miserias a las comunidades tolupanes.

“Los hechores siguen libres y todavía nos siguen amenazando, dicen ellos que porque nosotros seguimos denunciando, la Policía de Yoro no hace nada, es más ahí anda con ellos,” expresó Consuelo Soto, indígena de esta comunidad.
Consuelo también dijo que la comunidad sigue con temor por tantas amenazas que reciben a diario, “Nos pasa sentenciando todavía que de repente nos van a encontrar muertos” añadió.

Además, José María Pineda, habitante de esta comunidad, al no verse protegido por el Estado de Honduras, tuvo que marcharse junto a un grupo de 7 indígenas en busca de un lugar seguro, dejando su hogar y sus familiares.

La parte defensora de los indígenas de la tribu San Francisco, en consideración que el Estado hondureño no ha cumplido la orden que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, de proteger a 38 personas de la Comunidad, y ellos plantean la posibilidad de recurrir nuevamente ante esas instancias para exigir justicia para los indígenas Tolupanes.

Los habitantes de la tribu creen que el desarrollo de su pueblo solamente se logrará con la participación de la comunidad, con capacitarse, prepararse y ver sus familias beneficiadas, siempre y cuando, se respeten los bienes naturales.

Según el abogado Fabricio Herrera, las cifras han demostrado que el genocidio hacia los Tolupanes es más frecuente que hacia las otras etnias.

San Francisco de Opalaca, Intibucá

Otro sector donde se esconde la justicia es en San Francisco de Opalaca, uno de los 17 municipios del departamento de Intibucá, que alberga a más de 10 mil habitantes indígenas lencas.

Para las elecciones del año 2013, dio como resultado un empate entre el candidato del Partido Nacional Socorro Sánchez y el candidato del Partido Libertad y Refundación Éntimo Vásquez, se desconoce qué fue lo que pasó en el Tribunal Supremo Electoral porque dieron 8 votos quedando como ganador Don Socorro.

A raíz de ese resultado desconocido por la población indígena, desde el 25 de enero, día en que todos los alcaldes del país tomaron posesión de sus cargos, en San Francisco de Opalaca, la población decidió tomarse las instalaciones de la alcaldía.

Actualmente se han denunciado los asesinatos, atentados y represión perpetrados del 26 de mayo del 2014 contra miembros Lencas, hechos que son motivados según la COPINH por la política represiva del Estado de Honduras, encabezada por Juan Orlando Hernández.

Los hechos se dieron, según un comunicado de Copinh, cuando luego de concluir una importante Asamblea Indígena en San Francisco de Opalaca, con el propósito de socializar los hallazgos de la Auditoría exigida por el Pueblo Lenca y desarrollada por el Tribunal Superior de Cuentas, se hicieron presente a la Plaza de Monte Verde empleados del exalcalde que ha pretendido imponer el Partido Nacional, el señor Hugo Sánchez, sin mediar palabra sacó una pistola y disparó contra Irene Meza y Plutarco Bonilla, ambos quedaron aún con vida.

A la altura de la cuesta del Río Zarco fueron atacados nuevamente por un grupo de hombres fuertemente armados, provocando que el vehículo se accidentara, luego procedieron a bajar al lugar donde quedó el mismo, rematando de 6 disparos más a Irene. En este atentado también resultaron lesionados los dos acompañantes.

Respecto a Plutarco Bonilla, recibió un impacto en la mano y se encuentra estable.

Bertha Cáceres de la COPINH añade que tampoco se ha esclarecido el asesinato del indígena Justiniano Vásquez, hermano de Éntimo Vásquez, éste último electo como alcalde por el consejo de ancianos y la comunidad de San Francisco de Opalaca, en Intibucá.

Rio Blanco, Intibucá

El 15 de julio de 2013, militares abrieron fuego contra una movilización pacífica que se dirigía hacia las instalaciones donde estaba la maquinaria de la empresa, asesinando al dirigente indígena lenca Tomás García e hiriendo de gravedad a su hijo Allan García.

El 5 de marzo de 2014, María Santos Domínguez, coordinadora  del Consejo Indígena de Río Blanco, fue atacada salvajemente por cinco individuos armados con machetes y garrotes, sufriendo lesiones y amputaciones. Su hijo de 12 años y su esposo quedaron gravemente heridos.

“Ya había recibido constantes amenazas, pero ese día cuando regresaba de hacer la merienda de la escuela,  en la zona donde mi hermano Tomás García, fue asesinado por los militares, fui atacada salvajemente por varios hombres dejándome heridas profundas de machete y siendo golpeada con palos y piedras. Mi esposo Roque y mi hijo fueron los que impidieron que me mataran, sin embargo uno de los individuos macheteó a mi niño  desprendiéndole la oreja derecha y parte de su rostro y luego otros dos atacaron  a mi compañero de hogar dejándolo con varias heridas de gravedad”, relató  María Santos.

Actualmente, veinte dirigentes de las comunidades lencas de Río Blanco Intibucá, han recibido constantes amenazas de muerte por la lucha constante que han tenido contra el proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”.

Según Francisco Sánchez, presidente del Consejo Indígena Lenca de dicho sector, el pasado 25 de mayo del 2014, fue  asesinado William Jacobo Rodríguez,  defensor del Río Gualcarque, en contra de la imposición del proyecto hidroeléctrico, impulsado por la empresa de capital hondureño Desarrollos Energéticos, S.A. de C.V. (DESA), y ejecutado por la compañía contratista china Sinohydro en el territorio lenca de Río Blanco.

“Sólo estamos defendiendo nuestros ríos, bosques y nuestra comunidad, creemos que estas amenazas vienen por parte de esa empresa, ya han amenazado a varios compañeros, sólo porque somos líderes que luchamos en contra de esos proyectos”, expresó el dirigente.

Las denuncias ya está en conocimiento de las autoridades correspondientes pero no han capturado a los responsables de ninguno de estos hechos. “Aun cuando están identificados las personas que cometieron estos delitos, la policía no hace nada, estas personas trabajan para DESA”, dijo María Santos.

De acuerdo al dirigente indígena lo que está ocurriendo en territorio lenca es la profundización de violencia contra las personas que luchan en la defensa de los territorios y los recursos naturales.

En todos estos casos de represión y asesinatos ante los indígenas continúan en la impunidad, la  fiscalía de Etnias no se pronuncia ni tampoco muestra signos por defender a este sector de la población que continúa siendo aislado por el gobierno de Honduras.

Es imposible no preguntarse, si por el hecho de que estos asesinatos hayan sido a indígenas; un sector marginado del país, el Ministerio Publico de Intibucá, Yoro y el resto del país, no muestra interés en el esclarecimiento de estos crímenes, a pesar que existen convenios internacionales que brindan protección a este sector.