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THIS WILL NOT STOP
Another Political Assassination in Honduras; Continued Silence from Most U.S. and Canadian Politicians, Media, Companies and Investors

By Grahame Russell, Rights Action, July 7, 2016

http://us9.campaign-archive1.com/?u=ea011209a243050dfb66dff59&id=7a3d18454c

Assassinated: Lesbia Janeth Urquia Urquia, 49 years old, mother of two daughters and one son.

On July 6, 2016, the body of Lesbia Janeth Urquía Urquía was found stabbed to death, dumped at a place called “Mata Mulas” (Kills Mules) by the Marcala municipal dump, in the western department of la Paz.

Body of Yaneth found near a garbage dump with severe wounds to her head

Lesbia was, since the 2009 U.S. and Canadian backed military coup, a member of COPINH (Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas).  COPINH writes:“This assassination occurred 4 months and 4 days after the assassination of our leader and companera Berta Isabel Cáceres Flores, and confirms again the plan to erradicate those of us who defend Mother Earth and our common goods.”

Lesbia was at the forefront of a community struggle to oppose the illegal imposition of a privatized hydro-electric dam project along the Chinacla river in Marcalas, La Paz.

This project is headed up by Gladys Aurora Lopez (president of the governing National Party; vice president of the National Congress) and was “authorized” by the very same National Congress without free, prior and informed consent from the affected communities.

Lesbia was at the forefront of community efforts to carry out a public, legally binding community consultation … when she was assassinated and her body dumped in a place for all to see, a message to anyone involved in efforts to oppose this project of the vice president of the National Congress and president of the National Party.

Since the 2009 military coup, hundreds of Hondurans have been assassinated for political reasons.

This will not stop.

Until the international supporters of the corrupted, repressive Honduran regime stop doing business as usual with the economic-political-military elites, benefitting from repression, corruption and impunity, this will not stop.

Until the U.S. government suspends all military “aid” and economic relations with the regime, this will not stop.  Until the Canadian government rescinds the “free trade agreement” it improperly (illegally?) signed with the military backed regime and corrupted congress of Honduras, this will not stop.

Until there are proper media and political investigations into how the U.S. and Canadian governments supported and legitimized the June 28, 2009, military coup and post-coup regimes in Honduras, this will not stop.

State repression and killings are not accidental in Honduras; this how the elites do business with their international business and political partners.

Courageous groups across Honduras, along with Rights Action and many groups across the U.S. and Canada, will not stop documenting and denouncing the endemic killings and repression, corruption and impunity, and the direct complicity of the U.S. and Canadian governments and companies, as well as the World Bank, Inter-American Development Bank, and other global investors and companies.

CIDH condena asesinato de defensor de derechos humanos en Honduras

28 de mayo de 2014

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2014/062.asp

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato en Honduras del defensor de derechos humanos Orlando Orellana, Presidente del Patronato de la colonia Cerrito Lindo, jurisdicción de San Pedro Sula, quien era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH en 2005. La Comisión urge al Estado a investigar este asesinato, y a procesar y sancionar a los responsables.

La información presentada a la CIDH y también de conocimiento público disponible indica que el 4 de mayo de 2014, el señor Orellana, de 75 años, se dirigía a la casa de un vecino para atender asuntos de la comunidad cuando habría sido aproximado por un taxi del cual se habrían bajado dos sujetos que le dispararon. El Sr. Orellana se desempeñaba como presidente del Patronato de la colonia, cargo que habría asumido luego del asesinato de la antigua presidenta Orfilia Figueroa el 26 de marzo de 2012. De acuerdo con la información que dio origen a la medida cautelar, los pobladores de la colonia Cerrito Lindo mantienen una disputa por la propiedad de lotes de tierra que habrían adquirido de una empresa local. Al conocer de la ilegalidad de la venta, habrían emprendido acciones legales y de protesta con el fin de resolver la disputa sobre los terrenos. A raíz de estas acciones, varios pobladores de la colonia habrían sido víctimas de diversos actos de violencia como desalojos violentos, amenazas de muerte y asesinatos vinculados al reclamo de sus derechos.

La CIDH otorgó medidas cautelares el 20 de abril de 2005 a favor de los pobladores de la colonia Cerrito Lindo, cuya vigencia fue reiterada el 26 de abril de 2012. No obstante, según la información recibida, desde 2005 habrían ocurrido cuatro asesinatos de pobladores de la comunidad, todos beneficiarios de medidas cautelares, sin que a la fecha dichos hechos hayan sido esclarecidos.

La Comisión expresa su alarma por las amenazas y ataques a los que continuarían siendo sometidos los miembros de la colonia, en particular los integrantes de la Junta Directiva del Patronato, así como por la alegada falta de implementación efectiva de las medidas cautelares. La CIDH recuerda que es obligación del Estado conducir una investigación oportuna, de oficio, orientada al esclarecimiento de las circunstancias en que ocurrió la muerte del Sr. Orellana y, de ser el caso, identificar y sancionar a los responsables. Dicha investigación debe ser emprendida con debida diligencia de manera exhaustiva, seria e imparcial. Asimismo, la Comisión insta al Estado de Honduras a adoptar en forma inmediata y urgente todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los demás miembros de la colonia Cerrito Lindo, tal y como lo plantea la medida cautelar aún vigente.

Como ha señalado la Comisión anteriormente, los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan. La Comisión recuerda asimismo que la labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia. En este sentido, la CIDH insta al Estado a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que las y los defensores de derechos humanos puedan realizar sus actividades de denuncia, acompañamiento y protección, libres de ataques u actos de violencia que pongan en riesgo su vida, su integridad y su seguridad.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

19 de Mayo de 2014

Estado de Honduras pide perdón por asesinato de ambientalista

Redacción La CIDH sentenció a Honduras al considerar que fue intencionalmente de garantizar el derecho a la vida de Carlos Luna.

Tegucigalpa, Honduras
http://www.elheraldo.hn/pais/710811-331/estado-de-honduras-pide-perd%C3%B3n-por-asesinato-de-ambientalista

El Secretario de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Rigoberto Chang Castillo, en nombre del Estado de Honduras, encabezó este lunes la ceremonia en la que pidió perdón a los familiares del ambientalista Carlos Antonio Luna López, quien fue asesinado el 18 de mayo de 1998 en Catacamas, Olancho.

El acto se realizó en atención a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que establece que el Estado hondureño es internacionalmente responsable por la violación del deber de garantía del derecho a la vida. Chang Castillo dijo que Carlos Luna fue un Quijote en Honduras porque luchó contra grandes intereses “sabemos que no hay palabras para consolarlos pero ustedes deben sentirse orgullosos del padre que tuvieron”. Asimismo reiteró que el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández es respetuoso y cumplidor de los derechos humanos.

“Pido perdón especialmente a su viuda e hijos por lo que ha pasado, sabemos que si como Estado hubiéramos cumplido con la Ley y se le hubieran dado las garantías, su muerte no hubiera ocurrido”, reconoció el funcionario hondureño. Chang Castillo expresó que hechos como el ocurrido a Carlos Luna no deben repetirse en el país porque el Estado no se puede dar el lujo de que lo estén demandando por violaciones a los derechos humanos.

Por su parte, César Luna, dijo “para nosotros es bien difícil recordar ese momento y por eso exigimos al Estado de Honduras que cumpla con la sentencia y proceda contra los responsables que siguen libres, porque nosotros seguimos sufriendo por la pérdida de nuestro padre y mientras haya impunidad seguirá este dolor”. Luna exigió que esa deuda de impunidad que existe sea reparada con la captura de los culpables. “Han sido 16 años muy difíciles en los que hemos sido víctimas no solo como hijos sino como compañeros en su lucha y Honduras necesita líderes como él, con compromiso, convicciones y honestidad”.

Sin embargo, Luna aseguró que la ceremonia de perdón es muy oportuna y aunque es un acto simbólico ayuda para que el Estado mejore, ya que es un acto de humanidad muy importante. Además de la ceremonia de perdón, la sentencia de la CIDH ordenó que el Estado como medida de rehabilitación debe brindar gratuitamente y de forma inmediata el tratamiento psicológico que requieran las víctimas, previo consentimiento informado y por el tiempo que sea necesario, incluida la provisión gratuita de medicamentos. Asimismo establece que se debe presentar un informe anual donde se indiquen las acciones que se han realizado para implementar una política pública efectiva para la protección de los defensores de derechos humanos, en particular de los defensores del ambiente.

En la ceremonia de perdón estuvieron presentes el ministro de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización Rigoberto Chang Castillo, la viceministra del ramo, Karla Cueva, el Procurador General de la República Abraham Alvarenga, la Fiscal de Derechos Humanos Soraya Morales, la representante de las Naciones Unidas, Consuelo Vidal y un representante de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente.

OEA » Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) » Prensa » Comunicados» 2014 » 056

Comunicado de Prensa

CIDH expresa preocupación por muertes violentas de niños, adolescentes y jóvenes en un contexto de inseguridad ciudadana en Honduras

14 de mayo de 2014

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación por las muertes de niños, adolescentes y jóvenes ocurridas recientemente en Honduras, los cuales se inscriben en un contexto generalizado de violencia e inseguridad ciudadana en el país.

De acuerdo con información pública, el 4 de mayo habría tenido lugar un incidente de violencia en el Centro Pedagógico de Rehabilitación El Carmen, San Pedro Sula, en el que resultaron muertos cinco adolescentes presuntamente vinculados a la pandilla denominada “mara 18”, quienes fueron atacados con armas de fuego de grueso calibre. Las circunstancias en que estas armas ingresaron al centro penal, así como la identidad de los atacantes y su eventual filiación a una pandilla rival están siendo objeto de investigación. Asimismo, de acuerdo a información recibida anteriormente, el 2 de octubre de 2013, en el mismo centro penal, habría tenido lugar otro ataque con armas de fuego contra adolescentes detenidos vinculados a la “mara 18”, en el que no hubo víctimas fatales. De acuerdo a las autoridades, este incidente también habría sido ocasionado por miembros de una pandilla rival.

Al mismo tiempo se observa que los niños y adolescentes también se encuentran en riesgo en sus comunidades, el 4 de mayo de 2014, cuatro niños de entre dos y trece años fueron asesinados a puñaladas en su casa, en el municipio de Limón, en el noreste del país, por causas que aún están bajo investigación.

Asimismo, el 5 de mayo del 2014 fueron hallados los cadáveres de dos niños en edad escolar que fueron secuestrados, torturados y asesinados, en el barrio La Pradera, en San Pedro Sula. De acuerdo con información de público conocimiento, sumarían ocho los niños secuestrados y asesinados en este barrio, en similares circunstancias. Las autoridades y los vecinos del lugar atribuyen la responsabilidad de estos crímenes a la actividad de las pandillas o maras, y a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran debido a la inseguridad ciudadana.

La Comisión Interamericana destaca que estos hechos se inscriben en un contexto generalizado de violencia e inseguridad ciudadana que coloca a niños, niñas y adolescentes en una posición de particular vulnerabilidad. La CIDH observa que de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Crimen (UNODC), Honduras es el país del mundo con la tasa más alta de homicidios (90.4 por cada 100,000 habitantes). De acuerdo con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, entre 2010 y 2013 al menos 458 niños menores de 14 años habrían muerto en circunstancias violentas en el país; y según ha informado la organización Casa Alianza, en los primeros tres meses del presente año han sido asesinados 271 niños, niñas y jóvenes menores de 23 años.

Las políticas públicas sobre seguridad ciudadana se relacionan con la creación o consolidación de una institucionalidad estatal que proporcione respuestas eficaces y eficientes a las demandas de una sociedad democrática en esta materia, sobre todo en temas prioritarios como la atención a las víctimas de la violencia y el delito. Este deber de protección es aún mayor en el caso de personas menores de 18 años, quienes además se encuentran protegidos de manera específica por normas vinculantes que obligan a los Estados a otorgar un nivel de protección especial. En particular cuando éstos/as se encuentran bajo custodia del propio Estado, en cuyo caso éste debe asumir su posición especial de garante con mayor cuidado y responsabilidad.

La Comisión Interamericana condena el asesinato de niños, niñas y adolescentes en Honduras y considera que este grave problema debe ser asumido como una prioridad por el Estado. En este sentido, la CIDH subraya la importancia de investigar de manera pronta, diligente e imparcial estos hechos y aplicar las sanciones penales que correspondan, de manera de evitar la impunidad y la repetición de hechos similares. Asimismo, deben adoptarse las medidas urgentes que sean necesarias para prevenir la ocurrencia de hechos similares, y para proteger de manera particular a aquellas personas que se encuentran en una situación particular de vulnerabilidad, y los defensores y defensoras de derechos humanos que trabajan en este ámbito. La ausencia de intervenciones eficientes y eficaces del Estado frente a los desafíos de la seguridad ciudadana genera un sentimiento de frustración y desprotección en amplios sectores de la población, lo que afecta seriamente la convivencia en una sociedad democrática y la vigencia del Estado de Derecho.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Honduras promete muchas cosas a la CIDH pero a lo interno todo empeora

Tegucigalpa.

Honduras se comprometió en aprobar una ley de Protección para Defensores y Defensoras de derechos humanos y a investigar a fondo las muertes violentas de periodistas, promesas que contrastan con denuncias de que el mismo estado habría solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la suspensión de las medidas cautelares de protección para periodistas, abogados, defensores y defensoras de derechos humanos.

El Informe Anual 2013 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destaca que el estado de Honduras en comunicación del  19 de diciembre de 2013, informó que la Secretaría de Justicia y Derechos impulsa la aprobación de la Ley Especial de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.

La comunicación también establece que se incluye un Protocolo de implementación de medidas seguridad, cautelares y provisionales otorgadas por autoridades nacionales, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos respectivamente.

La ley de protección que no es un proyecto del estado de Honduras, sino una iniciativa de las organizaciones defensoras de derechos humanos entre ellas el Comité de familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), ante la situación de riesgo que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos abarca también a periodistas, comunicadores sociales, abogados y operadores de justicia.

Dicha ley fue sugerida también a través de la Resolución 13/13 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y anunciada en su visita a Honduras por parte de Margaret Sekaggya, Relatora Especial de la ONU sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos.

Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos que aguarda su discusión y aprobación en el Congreso Nacional contempla la creación de un Consejo Nacional de Protección, adscrito a la Secretaría de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos, que actuará como “un órgano directivo, deliberativo y consultivo para garantizar y hacer efectivos los derechos consignados en la Ley de Protección  y asesorar a la Presidencia de la República en lo concerniente a la protección de los grupos contemplados en la ley”, dentro de los cuales se encontrarían los y las periodistas, señala el Informe de la CIDH.

Cabe señalar que mientras el estado de Honduras prometió al organismo especializado de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), la aprobación del mecanismo de protección, por otro lado el gobierno de Juan Orlando Hernández habría solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que suspenda las medidas cautelares de protección, dejando a periodistas, abogados y defensores y defensoras de derechos humanos en total indefensión

El proyecto de Ley de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos establece que el Consejo estará integrado por representantes de las instituciones del Estado y de organizaciones de la sociedad civil, también determina que la Dirección General de Mecanismos de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia será el órgano responsable “de atender las denuncias de riesgo de las personas beneficiarias en la presente Ley, las instrucciones y las políticas que emita el Consejo Nacional de Protección”.

Para ello, el proyecto prevé que la Dirección General contará con tres unidades auxiliares: la Unidad de Recepción de Casos, Evaluación de Riesgos y Reacción Inmediata, la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis y la Unidad de Protección de Personas en Riesgo.

La iniciativa de ley presentada por la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos que estuvo a cargo de la Ana Pineda contiene diversas medidas preventivas y de protección que podrán ser adoptadas según el riesgo en el cual se encuentre la persona beneficiaria y determina que “en lo posible, las medidas de protección no restringirán las actividades habituales de las personas beneficiarias ni implicarán vigilancia o intrusiones no deseadas en sus vidas laborales o personales”.

El Estado informó que el proyecto fue presentado el 28 de agosto de 2013 al Congreso Nacional de la República para su análisis y aprobación.

También la CIDH expresó su satisfacción de acuerdo con un anteproyecto de Ley elaborado por la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de Honduras, que propone reformar el Código Penal para la despenalización parcial de los delitos de injuria, calumnia y difamación, en seguimiento a la recomendación formulada a los Estados de la región por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2012, relativa a las normas que sancionan penal o civilmente la expresión. La Comisión Interamericana invita al gobierno a avanzar con dicho proceso de reforma.

Distintas organizaciones de la sociedad civil habrían realizado importantes observaciones al anteproyecto en el marco de una audiencia sobre la  implementación de medidas cautelares en Honduras celebrada el 28 de octubre de 2013 durante el 149 Período de Sesiones de la CIDH, especialmente en cuanto se refiere a la participación de las organizaciones sociales en el mecanismo de protección, el diseño institucional del mismo y el tratamiento indiscriminado que da el proyecto de ley a las poblaciones objeto de protección.

En la comunicación recibida el 19 de diciembre de 2013 el Estado informó sobre la Aprobación del Plan Nacional de Protección de las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

El Estado informó que dicho plan se encontraría “en proceso de socialización” y que para su adecuada implementación se habría aprobado un “Plan de sensibilización para las autoridades nacionales concernidas en su implementación”.

Además se habría conformado un Directorio Nacional de organizaciones defensoras de los derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de la justicia, con la participación de 50 organizaciones no gubernamentales. Asimismo, según lo informado por el Estado, se habría integrado una Mesa de Trabajo para dar seguimiento a la implementación del Plan de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de la Justicia, compuesta por representantes de instituciones del Estado, de los sectores académicos, Colegios Profesionales y organizaciones de la sociedad civil.

Asimismo, el Estado informó que convocó a organizaciones de la sociedad civil para conformar la “Red Nacional de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de la Justicia, como un espacio de coordinación, colaboración y diálogo abierto entre dichas organizaciones, a fin de potenciar y fortalecer el trabajo de redes y alianzas locales, regionales y nacionales”

De igual forma, en la audiencia sobre implementación de medidas cautelares en Honduras celebrada el 28 de octubre de 2013 durante el 149 Período de Sesiones de la CIDH, el Estado aportó información sobre la creación de una “Unidad de Muertes de Alto Impacto”, adscrita a la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida. Según lo informado, la unidad habría sido establecida con la finalidad de conocer sobre el asesinato de personas pertenecientes a grupos afectados de manera especial por la violencia, como los y las periodistas, operadores de justicia y defensores de derechos humanos. Según lo informado, la unidad habría actuado en 26 investigaciones respecto al asesinato de periodistas en el período del 2009 al 2013, de los cuales 10 habrían sido judicializados1022.

El Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, Aprobada en el año 2000, establece que “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los Comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

En cumplimiento de sus deberes de protección y garantía los Estados deben realizar Investigaciones diligentes, imparciales y efectivas sobre los asesinatos, agresiones, amenazas y actos de intimidación cometidos contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación social. Lo anterior supone la existencia de cuerpos y protocolos especiales de investigación, así como la definición y el agotamiento de hipótesis criminales relacionadas con el ejercicio profesional de la persona agredida.

En su comunicación de 19 de diciembre de 2013, el Estado de Honduras afirmó que, tal y como lo indicó en las Observaciones al Informe Anual de 2011, “en el marco de violencia general que desgraciadamente se encuentra viviendo el país, se han producido asesinatos, atentados y amenazas a comunicadores sociales durante los últimos cinco años”. Tal como se señaló en esas observaciones, “el Estado de Honduras es consciente de su compromiso de garantizar la realización de investigaciones diligentes y exhaustiva sobre los hechos, respecto de lo cual, el Estado de Honduras participó en la Audiencia Pública ante la CIDH “Situación del Derecho a la Libertad de Expresión en Honduras”, celebrada en octubre de 2010 y en la “Audiencia sobre la Situación General de los Derechos Humanos” de marzo 2013”.

Se  indicó que “de las investigaciones preliminares se constata que los homicidios perpetrados son producto de la delincuencia común o crimen organizado y no se ha determinado como móvil de las muertes las opiniones vertidas por los comunicadores sociales respecto al gobierno. Muestra de esa colaboración es el avance en los procesos investigativos y la judicialización de los mismos”.

ALER condena asesinato de periodista de Radio Progreso

http://alcnoticias.net/interior.php?codigo=25743&lang=687

La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, condenó de manera enérgica el crimen cometido en contra del responsable de publicidad y mercadeo de Radio Progreso (Honduras), Carlos Mejía Orellana, asesinado el viernes 11 de abril de 2014. Los asesinos sorprendieron al radialista en su casa, ubicada en la ciudad El Progreso (norte) en Honduras y le propinaron varias puñaladas en su torax que le quuitaron la vida.

Quito, miércoles, 16 de abril de 2014

Carlos Mejía Orellana

Radio Progreso es uno de los numerosos medios de comunicación que se opusieron al golpe de Estado del año 2009. Desde entonces, varios integrantes de la emisora recibieron amenazas de muerte. El director de la radio, el sacerdote jesuita Ismael Moreno. Dio a conocer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había pedido al gobierno de Honduras que otorgara medidas cautelares a favor de Carlos Mejía Orellana en 2009, 2010 y 2011.

Según el sacerdote, las autoridades tienen responsabilidad por haber ignorado las solicitudes de medidas de protección frente a las amenazas que sufría Carlos Mejía Orellana y se conocía que su vida estaba en peligro.
“Este asesinato es un golpe directo, no solamente a la vida de nuestro compañero y de su familia, sino también al trabajo que realizamos como Radio Progreso y como Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación (ERIC)”, enfatizó el P. Ismael Moreno.

Dulce García, presidenta de ALER, expresó su condena y repudio a este vil asesinato y manifestó la solidaridad con la familia de Carlos Mejía Orellana y con todo el personal de Radio Progreso. Así mismo exigió a las autoridades correspondientes que esclarezcan este homicidio, para que se sancione a los autores intelectuales y materiales.

“Las emisoras educativas, comunitarias y populares de América Latina, nos unimos a las voces de radio Progreso y de otras muchas personas e instituciones de Honduras que exigen justicia y canción para los culpables”, expresó la educadora y comunicadora venezolana Dulce García.

“Como ALER, deseamos que en estos momentos de dolor y desesperación, renazca también la esperanza, en la organización, en la unidad y en la lucha de nuestros pueblos por una mayor justicia y una democracia asentada en el respeto a la vida y a los derechos humanos de todas y de todos”.

La Presidenta de la Asociación Católica Latinoamericana de Comunicación, Signis ALC, Mónica Villanueva, expresó también su indignación por la situación de inseguridad y violencia en contra de los comunicadores hondureños, y en particular por este crimen que pone de luto a la comunicación popular y educativa de América Latina.

De igual manera, manifestó su solidaridad a los familiares de Carlos Mejía, a las compañeras y compañeros de Radio Progreso y a la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER e hizo votos para que las autoridades emprendan las investigaciones pertinentes para determinar a los responsables de este asesinato y se les aplique lo que la justicia determine.

Fuente: ALER