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Impunidad reina en asesinatos de indígenas

Jun 06, 2014

De 2012 hasta la fecha se han registrado nueve asesinatos a indígenas Lencas, también desde los años 90 hasta la actualidad se han contabilizado 43 asesinatos en la comunidad de los Tolupanes, según un recuento realizado por Juan Mejía del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

La cruda historia de desplazamientos, exterminios y marginamiento que por parte del propio Estado Hondureño estos pueblos indígenas han sufrido en nuestro país, continúa pues siguen siendo blancos de injusticias, oprobios y asesinatos.

Para Berta Cáceres, del  Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), las concesiones mineras y proyectos hidroeléctricos  son una amenaza para los pueblos indígenas y garífunas de Honduras, y asegura que las instituciones del Estado son cómplices en la aprobación de los proyectos sin el consentimiento de la población, de esta manera se violan los convenios internacionales que protegen a los pueblos originarios.

Comunidades indígenas del país se han organizado y han desarrollado una lucha frontal contra las grandes empresas e Instituciones Estales, sobre todo en las comunidades de San francisco de Locomapa, Yoro, San francisco de Opalaca y Río Blanco en Intibucá, sin embargo han sido asesinados varios miembros activos de estas organizaciones.

San Francisco de Locomapa, Yoro

La justicia aún no ha llegado luego del asesinato de tres Tolupanes indígenas que eran defensores de bienes naturales; Maria Enriqueta Matute de 60 años, Armando Fúnez Medina y Ricardo Soto Fúnez en San Francisco Locomapa, Yoro. Los responsables materiales e intelectuales no han sido capturados.

El crimen ocurrió el 25 de agosto del 2013 a las 5:30 de la tarde, cuando los tres indígenas pertenecientes a la tribu San Francisco, fueron asesinados con armas de fuego, cuando estos realizaban acciones de defensa de su territorio ante la explotación ilegal de los recursos naturales en la zona.

A pesar que se ha reconocido por medio de testigos los responsables de este crimen, la policía no ha dado el seguimiento correspondiente a la investigación de estas muertes, los testigos indican a Selvin Fúnez y Carlos Matute como los responsables, ellos supuestamente estaban al servicio del Consejo Indígena y de empresarios mineros que explotan antimonio en los territorios de estas tribus y debido a la oposición que realizaban estas tres personas, los victimarios les quitaron la vida.

A pesar de las amenazas y persecución que esta comunidad han estado recibiendo, ellos han denunciado la corrupción y la confabulación existente en la directiva de la Federación de Tribus Indígenas Xicaques con los empresarios que llegan a explotar los recursos naturales de la zona de Locomapa, y que están dejando grandes daños al medio ambiente y más miserias a las comunidades tolupanes.

“Los hechores siguen libres y todavía nos siguen amenazando, dicen ellos que porque nosotros seguimos denunciando, la Policía de Yoro no hace nada, es más ahí anda con ellos,” expresó Consuelo Soto, indígena de esta comunidad.
Consuelo también dijo que la comunidad sigue con temor por tantas amenazas que reciben a diario, “Nos pasa sentenciando todavía que de repente nos van a encontrar muertos” añadió.

Además, José María Pineda, habitante de esta comunidad, al no verse protegido por el Estado de Honduras, tuvo que marcharse junto a un grupo de 7 indígenas en busca de un lugar seguro, dejando su hogar y sus familiares.

La parte defensora de los indígenas de la tribu San Francisco, en consideración que el Estado hondureño no ha cumplido la orden que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, de proteger a 38 personas de la Comunidad, y ellos plantean la posibilidad de recurrir nuevamente ante esas instancias para exigir justicia para los indígenas Tolupanes.

Los habitantes de la tribu creen que el desarrollo de su pueblo solamente se logrará con la participación de la comunidad, con capacitarse, prepararse y ver sus familias beneficiadas, siempre y cuando, se respeten los bienes naturales.

Según el abogado Fabricio Herrera, las cifras han demostrado que el genocidio hacia los Tolupanes es más frecuente que hacia las otras etnias.

San Francisco de Opalaca, Intibucá

Otro sector donde se esconde la justicia es en San Francisco de Opalaca, uno de los 17 municipios del departamento de Intibucá, que alberga a más de 10 mil habitantes indígenas lencas.

Para las elecciones del año 2013, dio como resultado un empate entre el candidato del Partido Nacional Socorro Sánchez y el candidato del Partido Libertad y Refundación Éntimo Vásquez, se desconoce qué fue lo que pasó en el Tribunal Supremo Electoral porque dieron 8 votos quedando como ganador Don Socorro.

A raíz de ese resultado desconocido por la población indígena, desde el 25 de enero, día en que todos los alcaldes del país tomaron posesión de sus cargos, en San Francisco de Opalaca, la población decidió tomarse las instalaciones de la alcaldía.

Actualmente se han denunciado los asesinatos, atentados y represión perpetrados del 26 de mayo del 2014 contra miembros Lencas, hechos que son motivados según la COPINH por la política represiva del Estado de Honduras, encabezada por Juan Orlando Hernández.

Los hechos se dieron, según un comunicado de Copinh, cuando luego de concluir una importante Asamblea Indígena en San Francisco de Opalaca, con el propósito de socializar los hallazgos de la Auditoría exigida por el Pueblo Lenca y desarrollada por el Tribunal Superior de Cuentas, se hicieron presente a la Plaza de Monte Verde empleados del exalcalde que ha pretendido imponer el Partido Nacional, el señor Hugo Sánchez, sin mediar palabra sacó una pistola y disparó contra Irene Meza y Plutarco Bonilla, ambos quedaron aún con vida.

A la altura de la cuesta del Río Zarco fueron atacados nuevamente por un grupo de hombres fuertemente armados, provocando que el vehículo se accidentara, luego procedieron a bajar al lugar donde quedó el mismo, rematando de 6 disparos más a Irene. En este atentado también resultaron lesionados los dos acompañantes.

Respecto a Plutarco Bonilla, recibió un impacto en la mano y se encuentra estable.

Bertha Cáceres de la COPINH añade que tampoco se ha esclarecido el asesinato del indígena Justiniano Vásquez, hermano de Éntimo Vásquez, éste último electo como alcalde por el consejo de ancianos y la comunidad de San Francisco de Opalaca, en Intibucá.

Rio Blanco, Intibucá

El 15 de julio de 2013, militares abrieron fuego contra una movilización pacífica que se dirigía hacia las instalaciones donde estaba la maquinaria de la empresa, asesinando al dirigente indígena lenca Tomás García e hiriendo de gravedad a su hijo Allan García.

El 5 de marzo de 2014, María Santos Domínguez, coordinadora  del Consejo Indígena de Río Blanco, fue atacada salvajemente por cinco individuos armados con machetes y garrotes, sufriendo lesiones y amputaciones. Su hijo de 12 años y su esposo quedaron gravemente heridos.

“Ya había recibido constantes amenazas, pero ese día cuando regresaba de hacer la merienda de la escuela,  en la zona donde mi hermano Tomás García, fue asesinado por los militares, fui atacada salvajemente por varios hombres dejándome heridas profundas de machete y siendo golpeada con palos y piedras. Mi esposo Roque y mi hijo fueron los que impidieron que me mataran, sin embargo uno de los individuos macheteó a mi niño  desprendiéndole la oreja derecha y parte de su rostro y luego otros dos atacaron  a mi compañero de hogar dejándolo con varias heridas de gravedad”, relató  María Santos.

Actualmente, veinte dirigentes de las comunidades lencas de Río Blanco Intibucá, han recibido constantes amenazas de muerte por la lucha constante que han tenido contra el proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”.

Según Francisco Sánchez, presidente del Consejo Indígena Lenca de dicho sector, el pasado 25 de mayo del 2014, fue  asesinado William Jacobo Rodríguez,  defensor del Río Gualcarque, en contra de la imposición del proyecto hidroeléctrico, impulsado por la empresa de capital hondureño Desarrollos Energéticos, S.A. de C.V. (DESA), y ejecutado por la compañía contratista china Sinohydro en el territorio lenca de Río Blanco.

“Sólo estamos defendiendo nuestros ríos, bosques y nuestra comunidad, creemos que estas amenazas vienen por parte de esa empresa, ya han amenazado a varios compañeros, sólo porque somos líderes que luchamos en contra de esos proyectos”, expresó el dirigente.

Las denuncias ya está en conocimiento de las autoridades correspondientes pero no han capturado a los responsables de ninguno de estos hechos. “Aun cuando están identificados las personas que cometieron estos delitos, la policía no hace nada, estas personas trabajan para DESA”, dijo María Santos.

De acuerdo al dirigente indígena lo que está ocurriendo en territorio lenca es la profundización de violencia contra las personas que luchan en la defensa de los territorios y los recursos naturales.

En todos estos casos de represión y asesinatos ante los indígenas continúan en la impunidad, la  fiscalía de Etnias no se pronuncia ni tampoco muestra signos por defender a este sector de la población que continúa siendo aislado por el gobierno de Honduras.

Es imposible no preguntarse, si por el hecho de que estos asesinatos hayan sido a indígenas; un sector marginado del país, el Ministerio Publico de Intibucá, Yoro y el resto del país, no muestra interés en el esclarecimiento de estos crímenes, a pesar que existen convenios internacionales que brindan protección a este sector.

“We came back to Struggle”

Indigenous communities in Honduras are fighting against new mining projects

The dirt road winds its way up into the mountains of Yoro, dropping down to cross the Locomapa River at several points along the way. It’s March, nearing the end of the dry season in this part of Honduras, and the pink blossoms of carao trees stand out against the dusty landscape of corn fields and coniferous forest. Near the river, in the community of San Francisco Campo, Celso Alberto Cabrera sits outside his simple wooden home. It is here that Indigenous Tolupan members of the San Francisco de Locomapa tribe maintained a 13-day road blockade in August 2013 to protest antimony mining in the tribe’s territory. And it is here that three Tolupan blockade participants were murdered on August 25. Cabrera’s 71-year-old mother, María Enriqueta Matute, was shot and killed in her kitchen. Armando Fúnez Medina and Ricardo Soto Fúnez were shot on the dirt patio outside the house, next to the road that runs through the middle of town.

photo of a hillside that has been stripminedphoto John Donaghy

“They died because they were involved with the resistance,” Cabrera said. The blockade ended with the murders and, that same day, Cabrera and seven other community leaders fled the region due to death threats. An arrest warrant issued for the two murder suspects hasn’t been carried out, but after the Inter-American Commission on Human Rights ordered precautionary measures for 38 people from the region, Cabrera and six others returned to Locomapa in February.

In theory, tribal policies mandate that no resource extraction can take place in the tribe’s territory without the approval of the tribal assembly, in which a majority of the tribe’s 900- plus members must be present to make decisions. No such authorization has occurred. “If the communities say no to mining, then that must be respected,” said Ramón Matute, who spent six months in exile due to his leadership in the struggle against mining.

Extractive projects are moving forward at an ever-increasing pace across Honduras, as the government tries to stay afloat by putting natural resources on the auction block. A combination of militarization and the lack of proper consultation – let alone free, prior, and informed consent from local communities – is causing conflict and resistance in Indigenous territories.

“We’re up against powerful interests,” Bertha Cáceres, general coordinator of the Civic Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras, said of the struggles against extractive and energy projects throughout the country. It’s not only mining that worries her, but also hydroelectric dam construction, logging, and oil exploration. “Our concern is that all of the territories could end up in the hands of transnational corporations,” she said.

In the five years since the June 2009 coup that ousted President Manuel Zelaya, the Honduran government has issued an unprecedented number of natural resource concessions. National and international energy corporations now hold rights to dozens of rivers, including waterways on which Indigenous Tolupan, Lenca, and Garifuna communities depend. In March, British multinational BG Group began offshore oil and gas exploration in a 13,500-square-mile area off the coast of the remote Moskitia region, and Chevron has expressed interest in the area. Mining activities are expanding, and mining interests are exploring the mineral potential of 950 sites throughout the country.

Honduras is a signatory to the International Labour Organization Convention No. 169 on the rights of Indigenous and tribal peoples, as well as a signatory to the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Yet the government’s obligations under these international agreements have not been adopted into national legislation. At the same time, legislative initiatives such as the 2011 Investment Promotion and Protection Law have strengthened the legal protections for private investment.

“Never before in all the history of Honduras has there been a greater push by the state to guarantee foreign investment,” said Miriam Miranda, general coordinator of OFRANEH, a federation representing the 46 Afro-Indigenous Garifuna communities spread out along the Caribbean coast. The Honduran government is increasingly focused on natural resource exploitation, and particularly mining, as a solution to its crippling debt. “The greater the economic crisis of the state, the greater the crisis for Indigenous peoples as well because the resources in our territories are placed at much greater risk,” Miranda said.

A new General Mining Law, passed in January 2013, opened the floodgates for mining around the country. The law put an end to a moratorium on mining concessions in place since 2006. Less than a week before the National Congress ratified regulations defining how the new mining law would be enacted, the Honduran government announced that 280 new mining concessions were in the works.

North American and European companies are currently operating four large-scale metallic mines in Honduras that produce gold, silver, zinc, lead, and iron. The extraction of iron oxide for export to China is expanding at a rapid pace, and new metallic and non-metallic mining plans are underway. The environmental and social impacts from the now closed San Martin gold mine in the Siria Valley, less than 100 miles from Locomapa, have been the center of mining resistance. “We’ve heard and seen that mining in the Siria Valley left behind destruction, left behind illnesses,” Ramón Matute said. Siria Valley residents have carefully documented and shared with communities throughout Central America their experience with community displacement, contamination and depletion of water sources, and health problems in the region affected by Goldcorp’s open pit mine.

Tolupan activists don’t have to look far for positive inspiration, either. Fifty miles west of Locomapa, thousands of residents of the municipality of El Negrito took to the streets on March 28 to protest gold and coal mining concessions. During a packed town hall meeting, municipal authorities backed the communities’ decision to ban all mining in the municipality. More often, however, the official response to community struggles for their lands and resources is militarization, criminalization, and repression. For example, when residents in Santa Barbara in western Honduras took to the streets on March 24 to protest mining, the Honduran government sent in the military police to evict their road blockade. Under the 2013 mining law, a percentage of mining royalties are paid directly into a security fund that finances the military police and other recently created security forces.

In Tolupan territory the resistance movement continues despite the 2013 murders and ongoing threats. Since Matute and other community leaders returned home to Locomapa and reunited with those who stayed behind, they have been busy organizing. “We didn’t come here to stay hidden in our houses. We came back to continue the struggle,” said Matute, secretary of the grassroots tribal Preventative Council, which was organized in the 1990s to defend natural resources from unrestrained exploitation.

José María Pineda hasn’t returned to Locomapa since August 2013. One of the most visible community leaders speaking out against resource extraction in Tolupan territory, Pineda has been the main target of death threats. But his time away from home hasn’t been wasted. He has traveled as far as Washington, DC to denounce human rights violations to the Inter-American Commission on Human Rights. For Pineda, the issue comes down to consultation and consent. “So long as that doesn’t happen, we’re right to oppose the continuing extraction of the riches of our Indigenous tribes in the municipality of Yoro,” he told Earth Island Journal in an interview in Tegucigalpa, the Honduran capital.

Back in Locomapa, the sweet aroma of ocote pine lingers in the air as the sun begins its descent behind the mountains. Sitting outside the house where his mother was killed, Celso Alberto Cabrera plays with his granddaughter. “My mother died defending a right, and we have to do the same because we’re thinking of the children who will be around after we’re gone,” he said.

Cabrera takes comfort in the fact that communities throughout Honduras are speaking out against destructive mining practices. “We feel it gives us great strength because we know that it’s not just us, that there are other organizations that are fighting this same battle,” he said. “We know that if at a certain point all of us in this struggle shout together, we will be heard.”

Sandra Cuffe is a freelance journalist currently based in Central America. Follow her on Twitter: @Sandra_Cuffe.