Archive for the ‘represión en Honduras contra periodistas’ Category

Journalists demand justice for 22 colleagues murdered in Honduras

Journalists and defenders of free expression gathered in Tegucigalpa, the Honduran capital, on Monday to demand justice for the 22 journalists who have been murdered in the country since 2014.

“We demand the investigation and trial of those responsible for the deaths of those journalists,” said Wendy Funez, a representative of the Freedom of Expression Committee (C-Libre), during a protest outside the attorney general’s office.

The demonstrators placed coffins at the entrance to the office in memory of the 22 journalists killed during the lifetime of the current government, headed by President Juan Orlando Hernandez.

In those cases, 91% of the murderers continue to enjoy impunity, said C-Libre director and former prosecutor Edy Tabora.

The committee has called for the creation of a specialised unit to investigate “aggression against freedom of expression.” Tabora said there had been 218 attacks against journalists in Honduras in 2015.

Since the 2009 US-backed coup that overthrew President Manuel Zelaya, 59 journalists have been murdered in Honduras, reported TeleSUR. Four have been killed in 2016 and 12 were killed in 2015.

Yet, in April 2015, the Honduras National Congress approved the “journalist protection law”, which included measures such as providing police protection when a journalist receives a threat.

The law also planned the creation of a centre to monitor threats. Nothing has come of it.

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Honduras no garantiza plenamente los derechos humanos de su población

Afiche sobre visita in loco CIDH Honduras

Tegucigalpa, M.D.C., 1 de diciembre de 2014. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inicia hoy su visita a Honduras. La presencia de la CIDH –máximo órgano de protección y promoción de derechos humanos del continente americano–, demuestra su particular interés e inquietud por la situación en el país.

En este marco, las organizaciones firmantes manifestamos:

Primero: A partir del golpe de Estado ocurrido en el año 2009, la institucionalidad democrática continúa fragilizándose. Las autoridades siguen sin reconocer la ruptura del orden constitucional; la mayoría de las violaciones de derechos humanos cometidas en dicho contexto se mantienen impunes; y las estructuras de poder (como la Corte Suprema de Justicia y el Ejército), que facilitaron el golpe de Estado, no han sido sancionadas. La independencia judicial todavía es un anhelo cada vez más lejano debido al alineamiento del poder legislativo y judicial con lo que dicta el poder ejecutivo.

Segundo: Paulatinamente se ha venido fortaleciendo el poder militar en detrimento del poder civil. En la actualidad, diversas instituciones públicas son dirigidas por militares como por ejemplo: la Dirección de Migración, Aeronáutica Civil, HONDUTEL, Registro Nacional de las Personas, entre otras. Adicionalmente, el gobierno creó la policía militar de orden público y ahora pretende darle rango constitucional, aun cuando se ha denunciado su participación en violaciones de derechos humanos.

Tercero: Las cifras de violencia no han disminuido, pese a nuevas disposiciones que modifican el método para establecer la cantidad de muertes violentas y que impiden el acceso a la información pública, según datos del Observatorio Nacional de la Violencia del año 2013, ocurren 79 muertes violentas por cien mil habitantes. La impunidad sobre este tipo de hechos es casi total (92%).

Cuarto: Si bien se han aprobado planes de acción en materia de derechos humanos, estos no se están implementando. Por ello Honduras está en deuda con la garantía plena de los derechos de todos y todas sus habitantes. En particular, preocupa la discriminación y exclusión de los pueblos indígenas, de los afrodescendientes –reflejado en el despojo de sus territorios y con el riesgo, entre otras cosas, de que estos pueblos desaparezcan; la violencia contra las mujeres, las niñas, las personas jóvenes, así como la discriminación y violencia en contra de las personas de las comunidades lésbicas, gays, trans, e intersex. También es preocupante la criminalización y persecución de defensores y defensoras de derechos humanos; las condiciones inhumanas que enfrentan las personas privadas de libertad; las amenazas y asesinatos contra quienes ejercen la libertad de expresión, así como contra operadores de justicia que han demostrado honradez y transparencia en sus trabajos.

Quinto: La visita de todos los integrantes de la Comisión Interamericana constituye una oportunidad valiosa para que el Estado hondureño rinda cuentas sobre sus actuaciones pasadas y presentes, pero principalmente para que informe sobre sus planes de cómo va a abordar las diversas problemáticas que aquejan al país.

La sociedad civil organizada da la bienvenida a la CIDH y espera que se continúe brindando un seguimiento cercano a Honduras, así como que se establezcan recomendaciones encaminadas a cambios estructurales que permitan mejorar la situación de los derechos humanos de todos y todas las hondureñas.

Consideramos que las nuevas autoridades del Estado de Honduras deben aprovechar la visita de la CIDH como una oportunidad para que, en estricto apego de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, se construya la institucionalidad democrática que tanto necesita el país.

Organizaciones firmantes:

Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)

Asociación LGBT Arcoiris

Asociadas por lo Justo (JASS)

Asociación Para una Vida Mejor de Personas Infectadas/Afectadas por el VIH-SIDA en Honduras (APUVIMEH)

Casa Alianza Honduras

Centro de Derechos de Mujeres (CDM)

Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEMH)

Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH)

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)

Comité por la Libre Expresión (C-Libre)

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)

El Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT)

El Frente Amplio del Colegio de Profesionales de Educación Media de Honduras (COPEMH)

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ)

Foro de mujeres por la Vida

La Red de Mujeres de Ojojona

Movimiento Diversidad en Resistencia

Movimiento Ambientalista de Santa Bárbara (MAS)

Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla

Periodista asesinado en Olanchito había recibido amenazas

Ago 15, 2014

Nery Soto era conocido como un hombre tranquilo, sin enemigos, amoroso, servicial y cristiano. Era conocido y admirado además por su papel de comunicador en Olanchito, Yoro; sin embargo, compañeros aseguran que los periodistas en esta ciudad son constantemente amenazados cuando se tocan ciertos temas, y Nery no fue la excepción.

Nery Francisco Soto Torres de 32 años, fue ultimado a balazos anoche en la ciudad de Olanchito. Su alcalde, José Tomás Ponce asegura que este municipio últimamente es conocido como el tercero más violento del país.

Soto Torres regresaba de trabajar a eso de las 10:00 pm, hora en que habían suspendido el servicio eléctrico, por lo que estaba todo a oscuras cuando fue atacado a balazos por varios sujetos que al parecer lo estaban esperando.

Wilberto Sánchez, coordinador de fiscales del Ministerio Público dijo a Radio Progreso que estaban por descartarse los móviles de robo, por riña de enemigos y por el ejercicio del periodismo. Sánchez asegura que aún falta realizar más investigaciones pero que hasta ahora manejan un solo móvil, sin embargo no lo dio a conocer.

Desde el 2003 el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) contabilizó 46 asesinatos de comunicadores, la mayoría periodistas, pero incluye también otros trabajadores de medios de comunicación. Más del 90% de los asesinatos de comunicadores siguen impunes.

El último periodista hondureño asesinado había sido Herlyn Espinal de 33 años, en Santa Rita, en el mismo departamento de Yoro.

Por los hechos violentos que van en aumento, en Olanchito actualmente se está realizando un proyecto de Observatorio de la Violencia con ayuda de la Unah y organizaciones de la sociedad civil, involucrando la alcaldía y las fuerzas del orden público.

Amenazas

Roder Acosta, compañero periodista de Nery en canal 23 de Olanchito, asegura que el asesinato de Nery es un mensaje que quieren mandar “porque nosotros mantenemos a la población informada de una manera transparente”.

Acosta informó que ya entre 3 y 4 periodistas del canal habían sido amenazados de diversas formas, por mensajito, por whatsapp y por llamadas al aire. En ese ambiente hostil muchas veces tocaron temas de narcotráfico y corrupción política.

“Se han manejado varias informaciones que a veces quieren callar, cosas que se ven y no quieren que salga a la luz, hay cosas que uno no puede manejarlas porque o le amenazan la familia o a uno y nunca se averigua. Pedimos al presidente de la república que haga algo, porque aquí no hay confianza en la autoridad, la gente no quiere colaborar con la policía porque rápidamente los delincuentes saben quiénes los denunciaron, temen por su vida”, contó Acosta.

Sin embargo, hay varias personas que no creen que el asesinato sea por el ejercicio del periodismo. Mari Padilla, representante de la sociedad civil de Olanchito asegura que esto es un golpe duro para todo el pueblo y que fue algo muy inesperado.

“Sentimos indignación, impotencia, dolor, condenamos esto como sociedad civil, como amigos, hermanos. Lo triste es que no hay investigación, no hay respuestas, el dolor queda allí.

Yo no creo que venga la muerte por ser periodista. No hay claridad,  hasta este momento no quisiera prematuramente decir nada”, expresó.

Otro que descartó que el asesinato fuera por el ejercicio de periodismo fue el alcalde, José Tomás Ponce asegurando que Nery no tenía enemigos y que “no se metía con nadie”.

Por su parte, el sacerdote Hugo Lemus, de la parroquia en Olanchito expresó que no es de extrañar que este hecho sí esté vinculado al ejercicio del periodismo pues Nery era conocido como un comunicador imparcial y justo con sus comentarios.
“Nos pone a pensar sobre el papel del periodismo que no se ha rendido y sigue siendo fiel a la verdad. También nos pone a cuestionar la autoridad que no ha logrado brindar paz y seguridad a la sociedad”, dijo.

Muertes en la oscuridad

Mari Padilla asegura que en Olanchito hay un asesinato cada vez que se va la luz y esto es algo que ya no se aguanta en la ciudad. Así como asesinaron a Nery, en plena oscuridad, han asesinado a mucha gente, afirman los pobladores.

Roder Mendoza, dice resignado que al no haber confianza en las autoridades y al haber tantas precariedades, como estos fallos en el servicio de la energía eléctrica, solo queda encomendarse a Dios y saber cuidarse solos.

Ley de protección a periodistas

El Congreso hondureño analiza un proyecto de ley para proteger a periodistas, abogados y activistas de Derechos Humanos por ser particularmente vulnerables.

La socialización para la aprobación de la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia continúa. Las organizaciones de sociedad civil  presentaron un documento con recomendaciones, previo a la sanción de dicha ley en el Congreso Nacional en el que solicitan una legislación menos “policiaca”.

La directora del Centro de Estudios de la Mujer de Honduras (CEMH), Suyapa Martínez, indicó que una de las propuestas hechas es la descentralización del órgano rector de la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

El comunicador Roder Mendoza asegura que hasta no ver no creer, ya van muchos periodistas asesinados y falta mucho para parar la violencia en el país.

Acusan de sedición a periodista hondureña

Tegucigalpa, Honduras

Un tribunal de justicia de Intibuca, al occidente de Honduras, acusó a la periodista Albertina Paz, corresponsal de Radio Progreso en ese departamento, de sedición por haber divulgado un comunicado de una organización de indígenas lencas.

El Comité por la Libre Expresión, una organización de intelectuales y periodistas, denunció este día que Paz está citada por el juzgado de Letras de la ciudad de Intibuca para el martes 24 para que responda por los delitos de sedición contra la seguridad del Estado.

En Intibuca los lencas mantienen una abierta confrontación con el goberante partido Nacional, porque lo acusan de imponer a un alcalde en la comunidad de San Francisco de Opalaca, donde en las elecciones generales de noviembre pasado ganó un indígena.

Lo único que hizo la periodista fue divulgar la posición de los lencas a través de Radio Progreso, una emisora de la Compañía de Jesús, que tiene su sede principal en la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, al norte del país.